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Redacción Nacionales
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“Es un acto de persecución política bajo el esquema del lawfare (persecución judicial) con motivos políticos”, así lo cataloga la expresidenta de la Asamblea Legislativa y ex dirigente del FMLN, Lorena Peña, a la acusación que hace la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por presuntamente enriquecerse ilícitamente.
El ministerio público fiscal presentó ante la Cámara Primero de lo Civil, una demanda civil en contra de Peña y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, por supuestamente haberse enriquecido con $277,482.54 del Estado.
Según el ente fiscal, las investigaciones revelaron 7 anomalías en las declaraciones patrimoniales de Lorena Peña y su hija, las cuales “no pudieron justificar”.
Las supuestas irregularidades en el patrimonio de Lorena Peña fueron ubicadas durante su período como diputada entre el 1 de mayo del 2012 y el 30 de abril del 2018.
“Soy inocente y no es cierto que no haya documentado todo lo que se me requirió, por la Sección de Probidad. Todo fue debidamente documentado; sin embargo, pareciera que ellos (fiscales) tienen la misión de condenar a cualquier costa a las personas que somos voces críticas u opositores del régimen actual”, dijo Lorena Peña a Diario Co Latino.
La representación fiscal sostuvo que, en el caso de Ana Virginia Guardado Peña, hija de la exdiputada, se le acusa por 8 supuestas irregularidades encontradas en pagos de depósitos bancarios en efectivo y el pago de tarjetas de crédito, haciendo un total de $136, 960. 94.
El expediente fiscal fue abierto después que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno notificó de las presuntas irregularidades detectadas por la Sección de Probidad.
Lorena Peña dijo que concurrirá al juicio para presentar sus pruebas de descargo.
“Si los jueces son independientes y si se tienen a las pruebas y al cumplimiento de la legalidad corroborarán dos cosas, que mi patrimonio no ha crecido y que soy inocente”, dijo la ex presidenta de la Asamblea Legislativa, quien reiteró que demostrará su inocencia.
