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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La aprobación “exprés” de la Ley de Agentes Extranjeros, en la pasada sesión plenaria y que fue aprobada sin estudio por el partido oficial Nuevas Ideas, elevó el nivel de incertidumbre de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con poblaciones empobrecidas en defensa de sus derechos, a las que el Estado no alcanza a garantizar plenamente.
La reciente aprobada Ley de Agentes Extranjeros impone un impuesto del 30% a los fondos de cooperación, que según el análisis del movimiento social, “no se específica su finalidad “ y será aplicado tanto a las transferencias internacionales como a las donaciones provenientes de cualquier fuente nacional o internacional. Que afectará la sostenibilidad del trabajo de las organizaciones sin fines de lucro.
Así como, crear un nuevo Registro de Agentes Extranjeros, que tiene carácter obligatorio, pese a que las organizaciones ya están registradas legalmente ante las instancias del Estado. Y que este doble registro está siendo utilizado en otros países para negar o cancelar la personería jurídica de las organizaciones y con énfasis a las “incómodas al oficialismo”.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana (AC), acotó que sobre la razón principal que alegó “el gobierno y la Asamblea” para aprobar la Ley de Agentes Extranjeros, era por la “transparencia”, al hacer señalamientos a las organizaciones sociales de no “ser transparentes” y no rendir cuentas de quienes financian sus proyectos o programas.
“Hay que desmentir categóricamente al gobierno y la Asamblea Legislativa, porque la sociedad civil siempre ha rendido cuentas de los fondos que recibimos. Nosotros tenemos varias obligaciones legales, como entregar al Ministerio de Gobernación nuestros estados financieros, y en esos estados a quienes nos financian en primer lugar”, afirmó.
“Tenemos auditoría externa que se realiza cada año, sí nosotros contratamos esta auditoría para el control. Y todas nuestras transacciones son bancarizadas, tenemos cuentas en donde nos depositan los fondos los cooperantes y eso queda registrado en los bancos. De haber una actividad irregular, de inmediato aplican la alerta que emite el banco a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República”, explicó Escobar.
Asimismo, señaló que también cuentan con control de los cooperantes, quienes siempre exigen las auditorías “no hacemos lo que queremos con el dinero”, agregó. Y por el contrario estas acciones de auditorías también se registran con fondos provenientes de Estados Unidos, en donde firman los convenios con el Estado salvadoreño, al señalar que conocen quienes financian a las oenegés.
“Habría que preguntarle al gobierno y al partido oficial (Nuevas Ideas) que está bien, seremos transparentes -aunque lo hemos sido siempre-, pero entonces ¿Por qué no son transparentes con quiénes financian sus campañas electorales?, ¿Por qué no son transparentes con las obras y compras públicas?, ¿Por qué niegan esa información todos los días a la ciudadanía?, sería bueno una respuesta”, reiteró Escobar.
Criminalización arbitraria del trabajo de la oenegés
Mientras, Verónica Reyna SPASS y Mesa por el Derecho a Defender Derechos , señaló que los criterios aplicados en la Ley de Agentes Extranjeros, “no está normado” y por el contrario perciben que ya en la Asamblea Legislativa, “saben quienes van a recibir el impuesto y quienes no”, lo que consideró ilegal y apegado a criterios “subjetivos” del partido oficial Nuevas Ideas.
“En el contexto actual de la política internacional, creo que también genera condiciones para que el presidente (Nayib Bukele) se vea mayormente empoderado al tener este tipo de iniciativas sin que grandes potencias mundiales le cuestionen. Y eso también es preocupante”, expresó.
“Por esto pedimos una respuesta contundente del cuerpo diplomático acreditado en el país, porque no sólo nos veremos afectadas las organizaciones , sino se verán afectadas las poblaciones con las que se trabaja las víctimas, la niñez, la juventud y otras. Y se afectará la misma cooperación, el mismo cuerpo diplomático que se verá condicionado en la forma que puede cooperar”, sostuvo Reyna.
La Ley de Agentes Extranjeros también contempla sanciones que el movimiento social, califica de “desproporcionadas”, con multas hasta de 250 mil dólares por el incumplimiento del registro o disposiciones algunas indeterminadas como “prohibir realizar actividades con fines políticos u otros”, que puedan “amenazar el orden público” , pero sin una definición clara de los límites.
“Estas disposiciones contraviene estándares internacionales como los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al atentar contra la libertad de asociación y recibir financiamientos sin restricciones indebidas”, argumentó.
“Lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, esta ley socava la legitimidad y operatividad de actores que desempeñan un rol esencial en la defensa de derechos, la acción humanitaria y la participación ciudadana.En el contexto actual de cierre progresivo del espacio cívico, es urgente rechazar y denunciar esta legislación por su potencial instrumentalización política”, sostuvo Reyna.
Ley de Agentes Extranjeros busca acallar voces disidentes al gobierno
Gabriela Santos, IDHUCA y MDDD, manifestó que la Ley de Agentes Extranjeros tendrá un “efecto directo en la población más vulnerable”, porque es el sector con el que trabajan las organizaciones sociales en apoyo a sus derechos fundamentales.
“Este trabajo está basado en la solidaridad, el compromiso con la justicia y la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos que tiene el Estado. Y vamos a reiterar que defenderemos esos derechos, porque es un derecho su defensa”, indicó.
“Y también es un derecho las acciones que estamos realizando con la población y que no puede quedar en el arbitrio con esta ley. Para que Estado diga a quién va a permitir que trabaje o no, solamente haciendo esa referencia del Estado de quién va a decidir o quién va poder realizar trabajos acá, es una arremetida del Estado, pero nos encontrará unidos como organizaciones, redes y movimiento, en defensa de la población”, refirió Santos.
Libertades civiles en riesgo con Ley de Agentes Extranjeros
Abraham Rodríguez, abogado de Cristosal, comentó que esta nueva normativa traerá un impacto que afectará directamente a la población vulnerable que a través de diversos proyectos o programas solventaron algunos derechos fundamentales, como ciudadanos salvadoreños .
“Debemos reflexionar que actualmente personas, grupos de vecinos, comunidades que son afectados por problemáticas como el acceso al agua, los servicios de salud del MINSAL o el ISSS, para exigir derechos ante un mal servicio público o denunciar un acto de corrupción, pues, pueden ser sujetos de criminalización y persecución, esto no solo atañe a las organizaciones sino también a la población en general”, advirtió Abrego.
