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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En el marco del período 186 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizó la audiencia temática “Derecho a la información de familiares de víctimas de desaparición forzada”, que ha sido catalogada como un fenómeno regional en contextos de violencia de los Estados hacia poblaciones vulnerables.
En la audiencia se trató sobre la información contenida en archivos militares de épocas determinadas que podrían contribuir al esclarecimiento de los casos de desaparición de víctimas durante los conflictos internos latinoamericanos. No obstante, al ser reservada condenan a los familiares a vivir en un “luto permanente”, al no saber del paradero de sus seres queridos quienes fueron víctimas de la práctica de la desaparición forzada.
“En estos momentos de lucha y trabajo de las organizaciones de víctimas hemos observado, cómo no les importa la situación de las víctimas y las víctimas estamos vivas y somos muchas y le exigimos al gobierno del presidente (Nayib Bukele) los archivos de la Fuerza Armada”, dijo Madre Sofía Hernández.
“Sabemos que esos archivos están allí, y lo niegan porque saben quienes son los que están allí y algunos están vivos, por lo que deben ser penalizados, y los protegen porque saben que no mataron a un perro, han matado a miles de personas inocentes”, sostuvo la dirigente de CODEFAM.
Igualmente, madre Sofía defendió el trabajo que a lo largo de décadas han realizado las organizaciones CODEFAM, COMAFAC y COMADRES, que fueron integradas por madres, esposas, hijas o familiares de miles de desaparecidos y que siguen integrándolas a nivel nacional.
“Esas personas no tuvieron que morir en esas crueles masacres, y tampoco morir por las torturas a los que sometieron luego de haberlos desaparecido, y nosotros como víctimas estamos aquí como: CODEFAM, COMAFAC y Comadres, que no vamos a quitar el dedo del renglón. Seguiremos luchando, y que se conozca que aquí en El Salvador se torturó y desapareció a tantas personas, y eso duele y eso no se puede olvidar”, reiteró.
80En la Audiencia Temática del Derecho a la Información de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada ante la CIDH, destacaron miembros de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) y el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, coincidieron con otras organizaciones de la región como Fundación Nydia Erika Bautista y la Fundación Hasta Encontrarlos de Colombia, así como también, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), y la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (ProBúsqueda) por El Salvador.
En esta audiencia escucharon los magistrados que integran a la CIDH, los incontables obstáculos de acceso a la información como los archivos militares, los que reiteradamente aducen han sido destruidos o no existen. Así también las demoras para obtener justicia para sus familiares desaparecidos, que solo provoca mayor incertidumbre.
Ana Julia Escalante, directora de ProBúsqueda, afirmó que luego de la audiencia con la CIDH, cifran su “mayor esperanza” en que se logre que se llegue a la verdad al obligar a los Estados a cumplir con sus resoluciones que son de obligatorio cumplimiento por ser ley de la república de quienes la firmaron y ratificaron como lo ha hecho El Salvador. “La mayoría de sentencias están encaminadas a que los Estados tomen la responsabilidad y obligaciones para el esclarecimiento de estas situaciones, y ese fue un punto medular de esta audiencia pero principalmente de estas organizaciones que integran madres, hijas, hermanas que piden el esclarecimiento de los casos, por ser información fundamental para los procesos de sanación de una sociedad”, afirmó.
“Queremos que las familias de los afectados tengan una respuesta, que todas las familias que han vivido por décadas una incertidumbre permanente, puedan cerrar ciclos de forma permanente, que son ciclos de dolor y duelo, este es un fenómeno regional y lastimosamente, los diferentes gobiernos de los estos Estados se han negado siempre a dar información sustancial para el esclarecimiento e investigaciones”, apuntó Escalante.
“Los archivos militares sí existen”, agregó, David Morales, integrante de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, al señalar que en el país el Alto Mando de la Fuerza Armada, se mantiene “blindado” mientras generan impunidad frente a las peticiones de las víctimas.
“En El Salvador el Alto Mando de la Fuerza Armada, incluido el de Francis Merino Monroy , tienen mucho más poder que el Órgano y el Sistema Judicial y los gobiernos civiles que hasta ahora han gobernado después de los Acuerdos de Paz”, alegó.
Asimismo, explicó que el Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador, ha venido manteniendo una “clara postura política de proteger a criminales de guerra”, y con este fin ha recurrido a mecanismos que les permite utilizar desde su poder garantizando la “impunidad” ante esos crímenes de guerra precisamente bloqueando y ocultando los archivos con información de operativos y administrativos militares.
“Este es un tema que todos sabemos en El Salvador, el bloqueo de archivos militares en el caso de la Masacre de El Mozote. Y sabemos que el presidente Nayib Bukele mintió sin escrúpulos, y argumentó una excusa falsa que habían sido destruidos y es la misma excusa falsa que dio el exministro de Defensa, David Munguía Payes, en su momento”, sostuvo Morales.
“Existen los expedientes militares que documentan la cadena de mando de cada oficial, algunos procesos que agregan documentos administrativos del movimiento de tropas. Un camión militar no puede salir de un cuartel sin un permiso, muchos menos un helicóptero podía despegar para ir a bombardear una comunidad de civiles”, reiteró.
Morales indicó que en el proceso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, han compilado testimonios de exjefes de archivos militares, quienes declararon “que esos plantes militares no se destruyen y están en el archivo central del Estado Mayor Conjunto”, por lo que consideró que el bloqueo a estos archivos tiene una intencionalidad de ocultamiento y perpetuar la impunidad.
“Las operaciones combinadas y realizadas por planificaciones del más alto nivel se ocultan a familiares de las víctimas. Y también hay un expediente abierto en la Fiscalía General de la República, contra le presidente (Nayib Bukele) y el ministro (Francis Merino Monroy) por obstaculizar las investigaciones sobre el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, sin embargo, sin una Fiscalía independiente esto no ha avanzado”, subrayó.
“No podemos quedarnos como que nada pasó, cuando no dan respuesta a las víctimas y que se queden callados o en lugar de dar respuesta nos reprimen”, agregó Madre Sofía, de CODEFAM, en su mensaje a la administración del presidente Nayib Bukele.
“Ya sabemos que están muertos, pero exigimos al gobierno actual que dé una respuesta concreta -aunque él no estuvo presente en ese tiempo- solo queremos saber que ocurrió, no podemos quedarnos callados porque nunca olvidaremos a nuestros seres queridos, queremos recuperar -de ellos- aunque sea un huesito y darles cristiana sepultura para llevarles una flor”, puntualizó Madre Sofía Hernández.
