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José M. Tojeira
El diputado Gallegos sigue insistiendo en la pena de muerte. Es difícil saber si es una estrategia exclusivamente para ganar votos ante la indignación y cansancio de la gente por el auge de la violencia y la criminalidad, o si es que realmente piensa que la pena de muerte puede resolver el problema de la violencia en El Salvador. Lo cierto es que este señor, mientras la mayoría de los países del mundo han abolido la pena de muerte, él quiere regresar a ella. Hace 40 años solamente había 16 países que no aceptaban en su legislación la pena de muerte. Hoy la han abolido ya 141. Parece que para Gallegos dar marcha atrás en la historia es un excelente mecanismo de progreso. Marcha atrás que no parece asustar mucho a algunos de los miembros de ARENA, dado que el todavía diputado Muyshondt ha recomendado el voto cruzado en favor de GANA y su propio partido.
Desde un punto de vista político, hacer campaña en favor de la pena de muerte en El Salvador no solo es una barrabasada ética sino también un problema de relaciones internacionales. En efecto, El Salvador es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ella se prohíbe restablecer la pena de muerte a todos los países firmantes. Si El Salvador quisiera restablecerla tendría que denunciar la Convención, y solo tras dos años podría cambiar el Código Penal y establecer la pena capital, solo aplicable a partir de ese momento. El descrédito que implicaría eso a nivel internacional, tanto latinoamericano como dentro del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sería monumental. Y si en ese momento tenemos una Sala de lo Constitucional independiente no sería nada extraño, además, que declarara inconstitucional la pena de muerte aplicada a delitos comunes, dados los compromisos internacionales de El Salvador derivados de tratados internacionales de Derechos Humanos. De hecho, ya se han declarado inconstitucionalidades a partir del nexo de fondo de nuestra Constitución con la doctrina y tratados de los derechos humanos. Y quienes trabajamos en el campo de dichos derechos seríamos además los primeros en presentar peticiones de inconstitucionalidad para propuestas como las que persigue el diputado Gallegos.
La pena de muerte, por otra parte, tiene muy poco que ver con la disuasión del homicidio. Los países que tienen menos homicidios no tienen pena de muerte. No solo porque no la necesitan sino porque están convencidos que no disuade a la hora de cometer crímenes. Como tampoco disuaden las penas más largas de cárcel cuando la impunidad continúa siendo una realidad. Los pocos países que continúan con la pena de muerte tienen abundantes detractores internos por razones muy sencillas. Se ha demostrado que la pena de muerte ha ejecutado inocentes. Y no han bajado los homicidios. Entre nosotros, además, con la costumbre de acudir a testigos “criteriados” ya podemos imaginar el testimonio que daría un condenado a muerte para que le sustituyeran la pena a cambio de denunciar a cualquier otro. Para luchar contra el crimen lo primero que debemos tener es eficacia en nuestro sistema judicial y de persecución del delito. Aumentar las penas y mantener un sistema judicial ineficiente y en algunos aspectos corrupto es simplemente hacer gala de un pensamiento jurídico cerebralmente deficiente.
Desde un punto de vista ético el valor de la vida se considera tan fundamental que no se puede continuar la escalada de vida por vida, especialmente en esta etapa de la historia en que vivimos, en que hay formas de frenar las posibilidades de homicidio sin necesidad de matar a los delincuentes. La pena de muerte ni es jurídicamente viable ni tiene eficacia en la lucha contra el crimen. Ha sido además históricamente causa de injusticias y de crímenes vergonzosamente ejecutados desde el Estado y no tiene razón de ser desde la ética en la época en que vivimos. Apoyar la pena de muerte es atizar el afán de venganza de la gente, generando una mayor cultura de violencia. Si se promueve solo por ganar votos muestra un muy bajo nivel ético. Si se cree en ella demuestra un muy bajo nivel político, jurídico, intelectual y humano.
