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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
El investigador del Instituto de Estudios Políticos, Washington, y del Instituto de Transnacional, Amsterdam, Manuel Pérez Rocha, invitado por la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) habló con Diario Co Latino sobre el peligro de la privatización del agua.
-¿Cuál es su lectura de esta ola de privatizaciones de recursos naturales y servicios básicos de la población?
Existe una creciente movilización a nivel mundial desde la ciudadanía hasta gobiernos, para revertir esta oleada de suscripción de tratados de inversión y de libre comercio, que le otorgan a los inversionistas, llámense las grandes empresas trasnacionales, que ostentan grandes derechos por encima de los pueblos a los servicios públicos y en detrimento a los derechos humanos.
Y estos derechos están consagrados en los capítulos de inversión de dichos tratados de libre comercio donde se otorgan a las empresas derechos desmesurados, entre ellos, llevar a los gobiernos, a los Estados a tribunales supranacionales, en los cuales hay nula participación pública, no hay vigilancia externa y se conducen totalmente en secreto.
Estos tribunales han otorgado miles de millones de dólares, al fallar a favor de las empresas y son recursos que tienen que pagar finalmente los pueblos, cuando estas empresas consideran que han sido afectados en sus derechos.
-¿Cómo puede una transnacional demandar a un Estado soberano?
Algunas de las reglas de estos tratados de inversión, es que estas empresas tienen que ser tratadas de manera justa, equitativa y deben recibir un trato como una empresa nacional. Eso significa permitirles mover sus capitales de adentro hacia afuera de los países donde invierten, sin ninguna restricción. Y sin requerimientos de desempeño alguno.
Se les otorgan grandes oportunidades para operar en los países donde invierten y si surge un obstáculo para la obtención de sus ganancias, pueden demandar a los Estados en los tribunales internacionales como el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Disputa de Inversiones) del Banco Mundial. Hay más de 600 casos de demandas de Inversionistas Estados, y la mayoría de estos casos, son contra América Latina.
-¿Cuál es la situación de estas demandas en el CIADI?
De los 619 casos registrados en el CIADI hasta el 2017, la cifra es del 29%, que han sido contra Centroamérica y Suramérica, sin contar a México. Y tan solo un 4% de los casos son de países de Norte América incluyendo a México, un 8% de casos a países de Europa Occidental, un 25% son del Este de Europa y centro de Asia y un 15% a países de África Subsahariana.
-¿Qué de esta ola de privatizaciones del agua en la región?
El caso de Argentina, que tiene alrededor de seis casos donde el país ha renacionalizado o remunicipalizado empresas de aguas, debido a la mala operación que han tenido las empresas, sobre todo europeas, incluso se han retirado del servicio porque los resultados no son tan gananciosos o redituables como esperaban. Y aún así, cuentan con este instrumento (Inversionistas-Estado) y pueden demandar a Argentina, por salvar el agua de manos privadas. Esto puede suceder en cualquier país que privatice su agua y muy probablemente estas privatizaciones vendrán acompañadas con empresas extranjeras, es difícil pensar que van a ser solo nacionales. Y con el instrumento de la “Cláusula Inversionista Estado”, que es de una sola vía, están llevando a los Estados a estos tribunales internacionales.
Claro, esta cláusula es una herramienta obviamente neoimperialista, porque es una herramienta que sirve a las grandes corporaciones, sobre todo, en países de Europa occidental y de Norteamérica para demandar a nuestros Estados, que cuando les imponen regulaciones, sobre todo si son de medioambiente, bienestar de la población o servicios públicos, les estorban en la obtención en sus ganancias.
-¿Qué del argumento de hacer eficiente el servicio del agua desde lo privado?
Entiendo que en su país lo que pretenden es privatizar la institucionalidad del agua, los entes rectores, los que tomarán las decisiones. Y sabemos que las decisiones del sector privado no son otra cosa que maximizar ganancias. No serán decisiones para garantizar el derecho humano al agua u otro servicio público.
Cualquier esfuerzo de privatización es una iniciativa para aumentar las ganancias del sector privado.
Hay servicios públicos que tienen que quedar en manos del Estado ¿Por qué?, por su función de garantizar los servicios públicos y con esto los derechos humanos de los pueblos que incluyen los sociales, económicos y culturales.
Si el Estado entrega los bienes públicos para privatizarlos sería una gran irresponsabilidad.
En Aguas de Saltillo, México, el servicio de agua fue privatizado y operado por la empresa Aguas de Barcelona, que se ha dedicado a encarecer y racionar el servicio del agua, para poder utilizarla para otros fines que tienen más lucro como la fabricación de refrescos, fabricación de cervezas.
Hay estados del norte de México en conflictos muy fuertes por la intención de utilizar el agua en la fabricación de cerveza y existen localidades que se están quedando sin el agua que necesitan para la vida, para beber, para el riego u otras cosas más necesarias.
-¿Cómo defender el derecho al agua?
Salir a las calles. He llegado después de la gran movilización de más de diez mil personas de organizaciones sociales, esto pone al Gobierno a pensar. Y en este país se han logrado muchas cosas a través de la movilización, tienen la ley que prohíbe la minería metálica producto de una movilización popular, que comenzó con una movilización comunitaria, luego se convirtió en una movilidad nacional y que atrajo la solidaridad internacional y se logró que El Salvador sea el primer país en el mundo que prohíbe la minería metálica.
Y los ojos están puestos en El Salvador, por las luchas, en muchos países, donde la gente está defendiendo sus recursos naturales y sus territorios.
–¿Cree que cederán las transnacionales frente a los pueblos?
Los inversionistas internacionales nunca van a cejar, es más, mientras haya oro en el subsuelo van a seguir teniendo su mirada puesta en los países. Debemos seguir la defensa de la ley que prohíbe la minería metálica, se debe seguir la defensa del agua. Porque no habrá un momento que se pueda decir que ganamos para siempre, la movilización debe ser continua como la defensa de los recursos naturales.
Hay que incidir en los Estados desde los movimientos sociales, población, iglesias, academia, en evaluar estos tratados comerciales, porque en muchos países se están retirando de los tratados bilaterales de inversión, los están anulando. Porque fue un error firmarlos. Ya en Sudáfrica, Indonesia, India y otros países que también se han retirado del Banco Mundial como Venezuela y Bolivia.
Eso del desarrollo económico es al revés. Ese desarrollo económico del que hablan es realmente de ganancias, no del desarrollo de la gente. Es un desarrollo a partir de la explotación del trabajo de la gente o de la dependencia del sector exportador en detrimento de la producción nacional y pequeños productores.
La defensa del medioambiente, de los recursos naturales y los territorios es realmente la piedra angular para un verdadero desarrollo económico de los pueblos.
