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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) describe a la persona defensora de derechos humanos como alguien que promueve o protege estos beneficios, sean estos sociales, políticos, económicos, culturales o ambientales; en su mayoría son liderazgos comunitarios que resguardan colectivos, al afectar sus modos de sobreviviencia, invadir sus entornos o vulnerar sus derechos.
Mariana Delgado Morales de la etnia Bibri del territorio indígena del Salitre, y Marcela Zamora de la “Coordinadora Ni Una Sola Mina”, mantienen una intensa lucha ambiental por la región de los pueblos originarios, que por ahora los finqueros disputan con el ganado y el monocultivo de la piña.
“Voy hablar de mi territorio (Salitre), porque allí estamos mal con la persecución estatal, porque defendemos nuestros recursos naturales, la tierra, el agua, el bosque que los no indígenas han talado y tenemos muchos problemas de agua por contaminación de ríos, quebradas y manantiales que están a punto de secarse. Entonces no tenemos apoyo estatal. Y ahora que estamos involucrados en la defensa de nuestros derechos y la tierra, nos amenazan, nos persiguen y nos matan”, dijo Delgado Morales.
Sergio Rojas, explica Marcela Zamora, fue uno de los más importantes líderes indígenas de la etnia Bribi, del territorio del Salitre, quien fue asesinado en su casa el 18 de marzo pasado, de quince disparos. La investigación de las autoridades no dan cuenta de los autores materiales e intelectuales.
“La fiscalía hizo una comisión investigadora, pero no tenemos ninguna noticia, ni el pueblo Bribi, ni las organizaciones que los apoyamos en la lucha indígena por los territorios, en donde el Salitre se ha distinguido porque durante años ha venido apegándose a la Ley Indígena y ha luchado en la recuperación de su territorio, que esta invadido por colonos no indígenas. Tenemos la muerte de Jairo Mora, defensor de las tortugas en el Caribe en el Puerto El Limón, porque se construyó un megapuerto que va a interferir con el desove de las tortugas y tampoco sabemos de los autores intelectuales”, refirió.
Las convenciones y declaratorias de la ONU señalan que “los derechos humanos son de todos y todas”, y como tal una persona que defienda, promueva o haga permanecer estos derechos es un defensor o defensora. Y las autoridades locales, estatales o regionales están encargadas de garantizar el respeto a este derecho a defender derechos de los pueblos.
Para Sara del Pilar Guardado, activista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y Mhaydeé Recinos del IMU en El Salvador la experiencia de las defensoras del medio ambiente aún es una “enorme deuda”, en cuanto a la protección de estas mujeres que buscan la reivindicación del acceso al agua y la defensa de sus territorios de megaproyectos extractivistas.
“Dentro de las luchas por el agua, también tenemos la de cuidar nuestros ecosistemas, porque en nuestros municipios y territorios, siempre hay contaminación a la naturaleza y se ejerce violencia y son nuestros medios de vida que tenemos para subsistir, es por esto nuestra resistencia; además, están los agrotóxicos que terminan afectando a nuestros grupos familiares. Y doblemente a las mujeres que tenemos a cargo las tareas del cuido familiar y defender el territorio”, aseguró Sara Guardado.
Mientras, Mhaydeé consideró que la defensa de los bienes naturales es la defensa de la villa misma, en especial de las mujeres rurales, indígenas y campesinas por ser más vulnerables en cuanto a sus derechos.
“Ya no es la defensa de los mantos acuíferos, sino que se expone su vida privada públicamente y esto hace que las agredan, las acosen; es una situación bastante complicada. Un grupo de mujeres en Ahuachapán, que dieron una disputa bastante importante en la hacienda La Labor, porque era una zona hídrica, fueron perseguidas y una parte de la comunidad -específicamente los hombres- las denigraron públicamente, pusieron un amparo porque no se querían quedar sin agua y el dictamen fue a su favor, ellas se han convertido en un símbolo de lucha, pese a la persecución y acoso”, reseñó Recinos.
Sobre el rol de la persona defensora o grupos defensores, la ONU reconoce que también pueden promover el fortalecimiento de las capacidades del Estado, al promocionar o capacitar sobre derechos humanos y tratados internacionales a instancias del Estado, como la fiscalía, judicatura y cuerpos policiales, a manera de contribuir a erradicar la impunidad al acceso a la justicia.
Sandra Miguel, de los Servicios Comunitarios de Salud, COSIGET de Guatemala mantiene un enfoque de equilibrio, respeto y defensa de la madre tierra, en la filosofía del Buen Vivir, que significa la construcción de una sociedad más democrática y participativa.
“Nosotros denunciamos que en Guatemala todas las situaciones que enfrentan líderes y liderezas que defienden los derechos humanos y territorios están siendo amenazadas y perseguidas. Porque en función a las políticas de los gobiernos (local y nacional), las empresas entran a los territorios para acaparar tierras y poder producir palma africana y caña de azúcar; en ese sentido hay un abuso con el agua, cuando la desvían para su utilización particular de sus monocultivos.
Además de criminalizar el movimiento social, hasta el punto que el nivel de violencia y el número de víctimas vaya en aumento”, expresó.
Similar lectura hizo Víctor Campos Cuba, director del Centro Humboldt de Nicaragua quien señaló que la situación de los defensores de derechos humanos en general es muy crítica, y en este momento el exilio a Costa Rica ha sido parte del mecanismo para salvar sus vidas.
“Hay un incremento de las industrias extractivas de minería a cielo abierto, se han revitalizado concesiones que estaban dormidas.
Hubo transacción entre empresas canadienses que han incrementado la explotación de oro y plata. Tenemos una expansión de monocultivos, como la palma aceitera, caña de azúcar, tabaco y maíz que genera mucha erosión eólica.
Y las autoridades encargadas del medio ambiente prácticamente han dejado sus obligaciones y las autoridades gubernamentales del gobierno nicaragüense son los victimarios de los defensores y, principalmente, las vinculadas al Ejecutivo”, concluyó.
