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La Junta de Vigilancia Electoral (JVE), ente encargado de fiscalizar la transparencia de los comicios en El Salvador, atraviesa una profunda crisis institucional y financiera que amenaza su independencia y su capacidad de garantizar elecciones libres y confiables, según un informe técnico presentado por Wendy Alfaro, exdirectora de fracción del partido VAMOS en la institución.
El documento, titulado “Transparencia y rendición de cuentas: situación actual de la JVE”, advierte que el organismo, creado en 1993 tras los Acuerdos de Paz, enfrenta déficits presupuestarios, limitaciones técnicas y una creciente subordinación al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que lo ha convertido en “un ente formalmente operativo, pero con impacto limitado en la transparencia electoral”.
Rol debilitado y falta de incidencia real
Desde 2018, la JVE acumula un déficit financiero que ha limitado su capacidad de supervisión, particularmente en el voto en el extranjero y la fiscalización del Documento Único de Identidad (DUI).
El informe señala que, pese al incremento de partidos políticos y los costos logísticos de los comicios, el Ministerio de Hacienda ha mantenido congelado el presupuesto hasta 2025, impidiendo a la institución cumplir su mandato con independencia.
“Su funcionamiento sigue dependiendo del organismo que debe fiscalizar”, apunta el informe, y se advierte que la falta de autonomía presupuestaria “compromete la imparcialidad y debilita el pluralismo dentro de la Junta”. Según el análisis de Alfaro, la JVE ha perdido protagonismo frente al TSE, operando más como una «instancia burocrática que como contrapeso democrático». Las decisiones internas requieren votaciones colegiadas que suelen paralizar procesos de fiscalización, mientras los temas administrativos ocupan el lugar de la supervisión técnica y legal.
“La Junta se ha convertido en un organismo testimonial”, indica el documento, “con capacidad de incidencia anulada por la falta de voluntad política y la manipulación interna del partido oficial”.
Fallas en las elecciones de 2024
El informe también recoge observaciones sobre las elecciones generales de 2024, que se desarrollaron en un contexto de concentración de poder político, reformas legales controvertidas y críticas internacionales. Entre los principales hallazgos se incluyen retrasos en la entrega de materiales, fallas en la transmisión de resultados, propaganda indebida durante el silencio electoral y una débil fiscalización del voto en el exterior.
Misiones internacionales, señala el documento, coincidieron en la falta de independencia institucional y en la necesidad de reformas profundas para recuperar la confianza ciudadana en el sistema electoral. Por ello, se exhortó a organizaciones civiles, partidos políticos y observadores internacionales a acompañar el proceso electoral salvadoreño, especialmente de cara a los próximos comicios, “para evitar retrocesos democráticos y asegurar que el voto siga siendo el principal instrumento de soberanía ciudadana”.
