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El día de ayer se cumplieron 29 años de la masacre de los sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), hecho perpetrado por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador el 16 de noviembre de 1989. Foto Diario Co Latino/Archivo.

“Justicia es esclarecer los hechos y definir responsabilidades”: Andreu Oliva

“Hay un grupo de militares que nunca fueron juzgados y que creemos que son los autores intelectuales”: padre Andreu Oliva.

Joaquín Salazar
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Justicia, reparación y garantía es la solicitud del padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), a 29 años de la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, hecho perpetrado por la Fuerza Armada de El Salvador el 16 de noviembre de 1989.

Oliva señaló que hay un grupo de militares que nunca han sido juzgados y son aquellos que decidieron asesinar a los jesuitas sin dejar testigos.

Y agregó que estos deben ser llevados a juicio y que se establezca su responsabilidad.

Oliva se refiere al alto mando militar de ese entonces, el ministro de Defensa, su viceministro, el jefe del Estado Mayor, el jefe de operaciones conjuntas, y otros más que estaban para atender la ofensiva del FMLN, donde hay una reunión posterior y se decide dar muerte a los jesuitas y líderes sociales.

Recordó que se han solicitado a la Organización de las Naciones Unidas los archivos de la Comisión de la Verdad, que investigó el Caso Jesuitas y otros casos de lesa humanidad.

Para el rector se debe hacer justicia, tanto en El Salvador y España, ya que son procesos que se encuentran abiertos, que buscarán la verdad de los hechos y procesar a aquellos que han sido señalados. “El derecho a la verdad es irrenunciable para las víctimas y el país. Debemos saber qué pasó con estos crímenes. La justicia es esclarecer los hechos y definir responsables de los hechos de lesa humanidad en la guerra”, sostuvo el rector.

Además, pidió que se le otorgue más presupuesto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que pueda investigar los hechos cometidos durante el conflicto armado. Luego de la derogación de la Ley de Amnistía.

Sobre el asesinato, este se dio la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un equipo contrainsurgente salió del Estado Mayor de la Fuerza Armada e ingresó al campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, y asesinó a los los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría (rector), Ignacio Martín-Baró (vicerrector), Segundo Montes (director del IDHUCA), Amando López y Joaquín López, así como a las trabajadoras Julia Elba y Celina Maricenth Ramos.

El gobierno en turno trató de culpar al movimiento insurgente del FMLN que desarrollaba la más grande ofensiva guerrillera denominada “Hasta El Tope”. Sin embargo, se esclareció la autoría de miembros del batallón Atlacatl y altos mandos militares.

En el caso, según el informe de la Comisión de la Verdad, los autores de la masacre, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar, dio la orden de asesinarlos al oficial de la EM, teniente Yusshy René Mendoza, que junto a los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos (batallón Atlacatl) fueron acusados de ser los autores materiales de los asesinatos.

Actualmente, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó la reapertura del Caso Jesuitas y sus trabajadoras, el pasado 16 de abril del presente año, y ordenó a la Fiscalía General de la República presentar un “nuevo requerimiento fiscal”.

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