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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Semanas atrás el GOES anuncio que el caso jesuita se reabriría, prometiendo que la “…impunidad acabaría finalmente…”.
De entonces a la fecha todo intento de los afectados del magnicidio por incorporarse al proceso como parte interesada, ha sido impedida por el GOES.
Es decir, será la FGR la única participe.
Así las cosas.
La masacre en cuestión fue perpetrada el 16 de noviembre de 1989, en las instalaciones de la UCA, donde 6 sacerdotes y dos de sus empleadas, madre e hija, dormían.
Días antes de los asesinatos el ejército realizó una redada en la universidad católica, pues acusaban a esta de refugiar a guerrilleros, justificando así su intervención; en realidad lo que los militares realizaron fue un reconocimiento para ubicar en las instalaciones a los sacerdotes, facilitando sus asesinatos.
Llegada la fecha el comando del batallón Atlacatl ingresó en la madrugada, sustrayendo a los referidos y asesinándolos con lujo de barbarie, desfigurándoles sin dejar testigos.
Luego destruyeron el centro Monseñor Romero sustrayendo algunos bienes, dejando notas y cartones en los que el END se “auto inculpaba”.
Todo ello dentro del anillo de seguridad mas importante montado por el ejército mientras duró la ofensiva final de la guerrilla en aquellos días.
Nadie por supuesto acepto aquel remedo.
Tanto la ciudadanía como la comunidad internacional intuyeron los hechos, pues existían abundantes precedentes, dadas las acusaciones de subversivos contra los religiosos, quienes fueron hostigados por agentes del estado salvadoreño, como lo hicieron contra otros elementos de la comunidad católica, de la que asesinaran hasta 500 miembros entre catequistas, miembros de comunidades de base, monjas y sacerdotes en los años que antecedieron a los hechos acá resumidos [Informe de la Comisión de la Verdad].
La motivación militar y gubernamental se reduce a “cortar la cabeza al enemigo”, a quienes definían como la dirigencia intelectual de la guerrilla, desde los días de la ejecución de la operación piña, contra Monseñor Romero, a quién la oligarquía y milicia ubico siempre como ideólogo revolucionario, asesinado como los sacerdotes en cuestión.
Se deben sumar los reveses militares sufridos durante la ofensiva, que entre otros costara al ejército a alrededor de 2100 bajas ante un enemigo al que siempre denigro ante la población y mostrándolo como cobarde.
El hecho es que aquel haraposo y deshonroso adversario apalio al ejército en su cocina [SS], lo que acabó con el montaje mediático del glorioso ejército salvadoreño, que era en realidad incapaz de defender hasta la capital de aquel enemigo al que supuestamente domino siempre, pero además provocando que los EU se alistaran a intervenir militarmente el país vietnamizando toda Centroamérica de cara a la mediocridad militar local.
Así los antecedentes, reina desde entonces la mas completa impunidad, como de los demás crímenes cometidos por el estado salvadoreño.
También ahora veremos al estado ejecutar un ejercicio judicial que nos presente como su mayor esfuerzo para castigar a los culpables, sin lograrlo, pues no es la intensión el castigo, sino la exculpación.
Garantizando así la impunidad en el reino de la alegría.
