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@arpassv
Los recientes señalamientos del ministro de Justicia y Seguridad, pills Benito Lara, tadalafil contra empresas telefónicas ponen en debate los mezquinos intereses económicos que impiden resolver la problemática delincuencial del país.
Benito Lara denunció que las telefónicas aumentan la potencia de la señal en los alrededores de centros penitenciarios. Esto contraviene los esfuerzos gubernamentales por bloquear las llamadas desde los centros penales, desde donde se comente la mayoría de las extorsiones.
Por eso el ministro urgió la aprobación de la ley anti-extorsiones que el Ejecutivo presentó la semana pasada a la Asamblea Legislativa. Esta ley establece fuertes sanciones para las empresas de telefonía que suban la señal cerca de las cárceles.
A las compañías telefónicas que se lucran con las extorsiones (se calculan 80 millones de dólares anuales en recargas de saldo a teléfonos ubicados en centros penales), se suman las empresas que brindan servicios de seguridad privada: agentes de seguridad, alarmas, etc.
Estas empresas ni siquiera están reguladas, tienen un ejército más grande que la misma Policía Nacional Civil y son –igual que las maquilas– las más violadoras de los derechos laborales: salarios miserables, largas jornadas laborales, etc.
Y a las empresas de seguridad se suman las que importan y venden armas, cuyos intereses impiden la veda total de armas. Ejemplo simbólico de la influencia de estas empresas es que, a un costado de las oficinas del Servicio de Emergencias 911 de la Policía, lo que hay es una tienda de armas y municiones.
Estos intereses económicos (más los intereses de políticos “manoduristas” que le sacan raja electoral a la delincuencia), son el principal obstáculo para combatir en serio la violencia e inseguridad que agobia al país.
Por eso el gobierno debe aprovechar las demandas de la población y los consensos en el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia para entrarle a fondo al problema delincuencial. La ley anti-extorsiones y las vedas de armas van en sentido correcto, pero se necesita más.
La aplicación de las propuestas del Consejo permitiría un abordaje integral del problema. Pero esto, además del financiamiento (cuyas fuentes ya está previstas), necesita voluntad política y decisión gubernamental para enfrentar los mezquinos intereses económicos que se lucran de la violencia e inseguridad.
