Informe OUDH 2025 denuncia consolidación de régimen autoritario en El Salvador

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) y el Instituto Universitario de Derechos Humanos (IUDOP), ambos de la UCA, presentaron el informe anual 2025, donde hablaron sobre el estado de derechos humanos en El Salvador.

Fátima Peña, coordinadora del OUDH, señaló que, en 2025, se ha consolidado un régimen autoritario y se considera como un año “complicado”. En el informe se señala que persisten las violaciones derivadas del régimen de excepción (capturas arbitrarias, muertes bajo custodia estatal, hacinamiento.

Asimismo, se ha mantenido la persecución y criminalización de voces críticas, tales como periodistas y defensores de derechos humanos; de hecho, en mayo del año pasado se capturó a Ruth Eleonora López y al abogado Enrique Anaya, por sus críticas a la gestión de Bukele. Así como a Alejandro Henríquez y Ángel Pérez quienes defendieron a la comunidad El Bosque, luego de un proceso de desalojo que habían iniciado.

“El año pasado también en El Salvador ocurrieron dos cosas que golpearon de una manera muy fuerte lo que conocemos como el espacio cívico”, dijo Peña. De hecho, se afectó gravemente al espacio cívico tras la aprobación de Ley de Agentes Extranjeros.

Las organizaciones enfrentan asfixia financiera ya que se les quita el 30 % de las donaciones que reciben de agentes internacionales para temas de derechos humanos, de medioambiente, de género y mujeres y otros.

“La aplicación de esta ley y este impuesto ha sido de una manera muy selectiva; por lo cual, el trabajo de este tipo de organizaciones ha sido fuertemente golpeado y también el recorte de USAID golpeó de gran manera el trabajo de muchas organizaciones de sociedad civil y de medios de comunicación independientes”, resaltó.

También, en 2025 se ha evidenciado “el deterioro de la calidad de vida de sectores sociales como vendedores informales, empleados públicos, usuarios del sistema público de salud”, ya que el Gobierno se ha encargado de marginar a los vendedores por cuenta propia, sobre todo en el Centro Histórico de San Salvador, y se han registrado miles de despedido de trabajadores del sector salud.

La metodología utilizada por el OUDH fue mixta con énfasis cuantitativo que combina el uso de fuentes y datos estatales, medios de comunicación e informes de organizaciones de DD. HH. nacionales e internacionales. Se cruzaron datos oficiales con registros de organizaciones de sociedad civil y fuentes abiertas.

El informe trata cinco derechos fundamentales: la vida, la libertad personal, la integridad personal, el acceso a la justicia y la libertad de expresión.

Derecho a la vida

El registro oficial de homicidios y estimación de muertes violentas en 2025 indican que la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 82; pero existe un subregistro de muerte de violentas por el OUDH donde contabiliza 112. De dicho subregistro, se reportan 26 feminicidios, 15 muertes de los privados de libertad, 12 osamentas y 3 personas fallecidas por uso letal; es decir, enfrentamiento con autoridades de seguridad.

El informe señala que existen 471 personas privadas de libertad fallecidas entre 2022-2025; de hecho, 120 muertes fueron documentadas en 2025 por el Socorro Jurídico Humanitario (109 eran hombres y 11 mujeres).

La causa de fallecimiento de los privados de libertad se registra así: muerte violenta, 149; falta de atención médica, 149; causa no determinada, 144; enfermedad terminal, 22; aparentes suicidios, 4. El 72 % de estas personas fallecieron en 2025 en el hospital y el 25 % en centros de detención.

Derecho a la libertad

Tras 45 meses bajo el régimen de excepción (hasta diciembre de 2025), se habían detenido a 90,844 personas; el promedio mensual de capturas en 2025 fue de 603.7, similar al de 2024.

“Hemos notado con especial preocupación desde 2025 que el régimen de excepción también está siendo utilizado como mecanismo de neutralización hacia voces críticas del gobierno; es decir, el régimen puede constituirse como una herramienta que busca la criminalización de algunas voces que se han convertido en voces incómodas o liderazgos que se han compartido en personas incómodas para para el gobierno salvadoreño”, comentó Peña.

De hecho, para sustentar esta declaración, citó un informe de CRISTOSAL donde afirma que, durante 2025, hubo 49 casos de criminalización, un aumento del 88.5 % con respecto de 2024. Al cierre de 2025, se estiman 118,360 personas privadas de libertad, incluyendo los detenidos bajo el régimen de excepción y los que ya estaban guardando prisión antes del régimen. Esto implica una taza de 1,963 encarcelados por cada 100 mil habitantes; y hoy por hoy es la tasa de encarcelamiento “más alta el mundo”, informó Peña.

Derecho a la integridad personal

Con base en datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en 2025 se han reportado 334 denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, un número muy por debajo al registrado en 2024, cuando se reportaron 833 denuncias.

De las denuncias de 2025, 311 corresponden al victimario como la PNC y 23 denuncias de la Fuerza Armada; el 72 % son hombres y el 26 % mujeres. El rango etario más afectado es de 18 a 35 años con el 51.7 % de las denuncias.

Según las denuncias, el derecho a la libertad personal, el derecho a la seguridad personal y el derecho a la integración personal son los más afectados con 137, 76 y 31 denuncias, respectivamente. Mientras que los hechos violatorios son las detenciones arbitrarias (136), las persecuciones o indagaciones ilegales (64), intimidación (31), malos tratos (25), allanamiento de morada (10), coacción (9) y otros.

Derecho al acceso a la justicia

“En El Salvador, desde la implementación del régimen de excepción se ha modificado de manera constante la legislación penal: la legislación penal juvenil, las leyes contra el crimen organizado y se ha hecho una gran cantidad de reformas para mantener funcionando la maquinaria del régimen de excepción. Durante 2025 se aprobaron alrededor de nueve reformas que modificaron todas estas leyes”, informó Peña.

“Hay unas reformas que tienen implicaciones más graves, por ejemplo, hay un par de reformas como a la Ley Penal Juvenil, reforma a la Ley Penitenciaria, que habilitan que las personas menores de edad sean juzgados por delitos de crimen organizado y sean privadas de libertad en centros penales de adultos”, destacó.

En El Salvador, las personas que fueron capturadas al inicio del régimen de excepción llevan cuatro años sin haber sido vencidas en juicio, “se le llevó a una audiencia inicial a los 15 días de ser detenido, luego en el proceso penal salvadoreño establecía un periodo de duración máximo de dos años, pero estas personas ya llevan 4 años. Lo que se ha hecho en todas estas reformas legales es ir alargando el periodo de instrucción o investigación”, comentó Peña.

Al cierre de 2025, las personas llevaban, si fueron capturadas en inicio del régimen de excepción, 3 años y 9 meses detenidas sin haber ido a ninguna otra audiencia; sin embargo, en el 2025 se hizo una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado para ampliar, de nuevo, el periodo de instrucción y esto digamos que amplía el periodo de detención dos años más; es decir, “las personas que fueron privadas de libertad en 2022 pueden llegar hasta 2027 sin haber sido condenado”.

Las vulneraciones al derecho de acceso a la justicia, según los hallazgos de abogados consultados por el OUDH sobre el régimen de excepción, es que persiste la incomunicación de detenidos: “personas detenidas permanecen incomunicadas con sus representantes legales y familiares, obstaculizando la defensa técnica y el conocimiento de los hechos atribuidos por la FGR”.

Además, los “jueces mantienen la detención provisional con criterios difíciles de identificar al valorar arraigos. Las audiencias de revisión de medidas cautelares tardan en programarse”.

A ello, se le suma el sustento probatorio insuficiente: hasta finales de 2025 los procesos solo se sustentaron con actas de captura de la PNC. Recién en 2026, la FGR solicitó diligencias como declaraciones anticipadas y reconocimiento fotográfico (solo digital). Se conocen sentencias de 20 años basadas en estas pruebas.

Además, se admiten declaraciones anticipadas de testigos con criterio de oportunidad (pandilleros activos) y agentes policiales sin ratificación en audiencia, lo cual antes era requisito indispensable.

A inicios de este año, se inició la con la “audiencia única abierta”, que elimina la audiencia preliminar: un solo juzgado decide sobre la pertinencia de la prueba y la responsabilidad penal del imputado. Esto suprime un grado de control judicial sobre las decisiones, afectando el derecho de defensa y esto afecta a la individualización de los casos; por lo que una persona detenida, acusada de ser pandillera, puede ser condenada sin siquiera pertenecer a pandillas.

En 2025 se presentaron 1,165 procesos constitucionales en la Sala de lo Constitucional, 782 son Hábeas Corpus y 259 amparos. Sólo el 7.3 % fueron admitidos.

Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública

Con los recortes a la cooperación internacional, la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros se ha evidenciado el cierre de medios y organizaciones; por ejemplo, con el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se recortaron $258 millones destinados a proyectos en el país, incluyendo trabajo humanitario en áreas como salud y población migrante.

Con la Ley de Agentes Extranjeros, 11 medios y organizaciones de sociedad civil han cerrado sus operaciones o salido del país desde su aprobación en mayo. Su trabajo abordaba temáticas como derechos humanos, Estado de derecho, género, anticorrupción, justicia social y sustentabilidad ambiental, entre otros. Al menos 43 periodistas se exiliaron por temor a ser detenidos debido a su trabajo.

“Ambas medidas representan un impacto directo sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en el país, al restringir el financiamiento de medios independientes y crear mecanismos de control sobre organizaciones de la sociedad civil”, señala el informe.