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Editorial
La reciente carta enviada por nueve congresistas demócratas de Estados Unidos al secretario de Estado, Marco Rubio, marca un nuevo episodio en el creciente escrutinio internacional sobre la situación política y de derechos humanos en El Salvador. Más allá de tratarse de un pronunciamiento sobre un caso particular, la iniciativa refleja la preocupación de un sector del Congreso estadounidense por el rumbo institucional del país y por el impacto que determinadas decisiones gubernamentales pueden tener sobre el Estado de derecho, y esto debería preocupar al gobierno de Nayib Bukele, pues, está claro, los demócratas lo tienen en la mira.
En la carta, los congresistas solicitan dos acciones concretas: gestionar la liberación inmediata de la defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López y permitir que representantes de la Embajada de Estados Unidos la visiten en prisión para verificar sus condiciones de salud. Además, plantea la posibilidad de aplicar restricciones migratorias contra quienes sean considerados responsables de una detención que los legisladores califican como injusta. Estas peticiones elevan el caso a un plano diplomático que trasciende las fronteras salvadoreñas. De hecho, en el plano internacional, Nayib Bukele ya no es la “sensación”, pues su imagen está desgastada.
El contexto en el que surge esta carta es justamente en ese plano de desgaste y pérdida de credibilidad de Bukele en el exterior y particularmente en el Congreso y Senado de los Estados Unidos, en la bancada demócrata.
Mientras la parte mayoritaria de la población aplaude a Bukele en el tema de seguridad pública, sobre todo el Régimen de Excepción, fuera del país, este ha sido duramente criticado por las graves violaciones a los Derechos Humanos que trae consigo.
El tema de Ruth López y el apoyo internacional que ha recibido desde la noche de su captura, hace un año, y más recientemente la de los congresistas, denota con claridad la persecución política en El Salvador, y revive los miles de casos de presos injustamente.
La participación de los legisladores estadounidenses no implica necesariamente una posición oficial del gobierno de Estados Unidos, pero sí evidencia que el tema ha ganado espacio dentro del Congreso, particularmente en la bancada demócrata como hemo dicho antes. En la política exterior estadounidense es frecuente que congresistas impulsen iniciativas relacionadas con derechos humanos, especialmente cuando consideran que existen riesgos para las instituciones democráticas en países aliados o estratégicos de la región.
Para El Salvador, este tipo de pronunciamientos puede tener implicaciones importantes, como expresaba recientemente el antropólogo y analista político, Marvin Aguilar. La relación con Estados Unidos continúa siendo fundamental por razones económicas, comerciales, migratorias y de cooperación. Cualquier deterioro en ese vínculo podría traducirse en mayores presiones diplomáticas o en revisiones de algunos mecanismos de colaboración bilateral. De hecho, la solicitud de los congresistas de impedir que los funcionarios responsables de la captura de Ruth López entren a los Estados Unidos, es una muestra de lo anterior.
Desde una perspectiva democrática, el fondo del debate trasciende el caso de una sola persona. La fortaleza de un Estado se mide, en buena parte, por la confianza que generan sus instituciones, la transparencia de sus procesos judiciales y las garantías de Debido Proceso para cualquier ciudadano, independientemente de su posición política o ideológica. Cuando surgen cuestionamientos nacionales e internacionales sobre estos aspectos, corresponde a las autoridades responder con información verificable, respeto a la legalidad y apertura al escrutinio, y todo esto se ha perdido, y se puede ejemplificar en el caso de Ruth López, y otros reos políticos.
El silencio de Bukele a la iniciativa de los congresistas estadounidenses también permite hacer otra lectura. O le resta importancia en su totalidad, o está preocupado y no encuentra la respuesta oportuna y adecuada. La respuesta debería ser la pronta libertad de Ruth López, y de los otros reos político.
La carta firmada por los congresistas constituye un recordatorio de que las decisiones internas de un país pueden tener repercusiones internacionales, especialmente cuando involucran principios democráticos y derechos fundamentales. En un escenario global donde la protección de las libertades civiles forma parte de la agenda diplomática de numerosos gobiernos y organismos multilaterales, El Salvador enfrenta el reto de demostrar que el fortalecimiento de la seguridad puede coexistir con el pleno respeto al Estado de derecho y a las garantías constitucionales, eso pide la comunidad internacional y eso pide la sociedad salvadoreña, el sector pensante de la sociedad salvadoreña.
Es de recordar que la carta está firmada por los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine y los congresistas James McGovern, Jamie Raskin, Ilhan Omar, Glenn Ivey, Rashida Tlaib, Delia Ramírez y Eleanor Holmes Norton.
