La sed de castigo y la sed de Verdad

Daniel Beltran

Actualmente, existe una noción de que la justicia es una especie de deuda que se paga únicamente con sufrimiento: años de condena, alguien humillado en la portada de algún periódico, un reo torturado o muerto en una cárcel que al fin padece el dolor que causó. Tras décadas de sufrir violencia salvaje de parte de las pandillas, es comprensible que un país, agotado, exija castigo sin piedad. Sin embargo, conviene no confundir la justicia con el puro castigo.

Hay algo importante que no se menciona en la propaganda oficial: la sed de castigo y la sed de Verdad se parecen, pero no son la misma sed.

La primera sed se apaga rápido: basta con una condena, un culpable señalado mientras todos aplauden.

La segunda sed no se apaga nunca, porque es la que hace las preguntas incómodas:

¿quién dio la orden?, ¿quién financió la estructura?, ¿qué instituciones siguen exactamente iguales?, ¿qué apellidos cambiaron de bando sin perder sus privilegios?, ¿qué políticos se han beneficiado de negociaciones con ellos?, ¿quién ha liberado a sus jefes?

Nuestra historia nos ha demostrado que el miedo siempre puede volver disfrazado de orden. Se puede llenar una cárcel hasta que no cabe nadie más y llamarlo victoria; se puede sacar a alguien de su casa sin una orden judicial y llamarlo procedimiento; ver morir gente en custodia, sin explicación, con señales de tortura, y archivarlo como un costo aceptable. Pero cuando la seguridad se mide en cuántos desaparecen dentro del sistema, y no en cuántos son procesados, con pruebas e imparcialidad, parece que algo muy antiguo ha regresado.

Quienes cometieron atrocidades deben pagar por ellas, con nombre, apellido y todo el peso de la ley. El problema no es que el culpable sufra las consecuencias de sus actos, sino que la comunidad, el pueblo, acepte que a la justicia también se le mida por la cantidad de sufrimiento que provoca. Cuando esto ocurre y se antepone el populismo, el sistema deja de distinguir entre el criminal comprobado y el inocente atrapado en un operativo.

Pero es aquí donde entra la segunda sed, la de la Verdad: debe haber reparación. Y la reparación verdadera casi nunca es un espectáculo de hombres rapados y mostrados como trofeos, ni un número más alto de detenidos. La reparación es lenta: es un archivo transparente, es un delito investigado a fondo, es una madre que por fin recibe una explicación oficial digna y fecha de defunción real sobre el destino de su hijo, y no una cifra

omitida por un funcionario o una autopsia que sólo lea como causa de muerte “edema pulmonar”.

El espectáculo necesita deshumanizar a quienes son llamados enemigos para que la aceptación de la tortura se sienta limpia, conveniente, justa. Pero cuando el método tolera el trato inhumano, no hay ruptura con el pasado: hay continuidad. La violencia no desaparece cuando en un sistema se tortura a los criminales, sólo cambia de perpetrador y se vuelve parte de la política pública.

Guardar memoria de estos abusos no busca proteger al criminal, sino evitar que el poder devore al inocente. Pero sobre todo, sirve para obligarnos a elegir entre la versión de la justicia que calma el momento y la que de verdad incomoda a quienes se benefician de que todo siga igual, disfrazado de distinto.

La verdad no necesita aplausos o aprobación de un gobierno para ser verdad. La venganza, en cambio, sólo dura lo que tarda el público en cansarse de mirar. Detrás de las cámaras y de la propaganda, lo único que queda es un daño institucional profundo que terminará heredando una generación que no eligió nada de esto.