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Omar Salinas
Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública
El debate sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños se ha inundado de afirmaciones emocionales y argumentos económicos presentados como verdades indiscutibles. Se asegura con ligereza que los tepesianos son indispensables para Estados Unidos y que, tras casi veinticinco años en ese país, representan una fuerza laboral excepcional para El Salvador. Ambas premisas merecen un examen mucho más riguroso.
El TPS nació como una protección estrictamente temporal; nunca pretendió ser residencia permanente, una vía a la ciudadanía ni una garantía de permanencia indefinida. Su propósito original fue permitir la residencia y el trabajo legal en Estados Unidos mientras persistieran condiciones extraordinarias en el país de origen. Sin embargo, esa transitoriedad se prolongó durante casi una generación, permitiendo que miles de familias echaran raíces y construyeran una vida allá. Esta realidad exige una discusión humana y política seria, pero no convierte automáticamente un beneficio migratorio en un derecho permanente.
También es necesario cuestionar la tesis de que la economía estadounidense sufriría un impacto sistémico ante la eventual salida de esta población. Es indudable que los amparados por el TPS trabajan, consumen, pagan impuestos y sostienen sectores clave como la construcción, la limpieza, la restauración, la jardinería, el transporte, la manufactura, las bodegas y los servicios de cuidado. Son actividades dignas y esenciales, pero contribuir activamente a una economía no equivale a volverse insustituible para ella.
Estados Unidos posee un mercado gigantesco con una alta capacidad de absorción y reemplazo mediante contratación local, nuevos flujos migratorios, ajustes salariales, reorganización empresarial o automatización. Una salida masiva generaría desajustes temporales en empresas específicas, nichos sectoriales o comunidades locales, pero su efecto sobre el engranaje macroeconómico estadounidense sería marginal. Por lo tanto, atribuirles un carácter indispensable constituye una exageración política y no una conclusión económica objetiva.
La otra distorsión surge cuando analistas y comentaristas políticos salvadoreños presentan a esta población como si la sola vivencia en Estados Unidos la hubiera transformado automáticamente en una fuerza laboral altamente calificada o superior al trabajador operativo promedio en El Salvador. Se plantea su posible retorno como el desembarco de un capital humano extraordinario capaz de revolucionar la economía nacional. Ese razonamiento confunde la experiencia migratoria con capacidades laborales excepcionales.
Es verdad que algunos individuos han obtenido licencias ocupacionales, certificaciones técnicas, experiencia en seguridad o competencias para emprender microempresas. Esas habilidades serán útiles en caso de un retorno, pero corresponden a trayectorias individuales y no reflejan el perfil del conjunto de la población protegida por el TPS.
Trabajar durante décadas en el exterior aporta disciplina práctica, familiaridad con normas industriales y destrezas operativas específicas en determinados oficios, servicios y procesos operativos. Sin embargo, ejercer con honestidad durante veinte años en la limpieza, la cocina, la construcción o el almacenamiento no convierte a alguien, por sí solo, en un técnico más calificado que quien realiza esas mismas labores en El Salvador. Su esfuerzo conserva valor y dignidad, pero la superioridad laboral debe demostrarse mediante competencias técnicas concretas y no presumirse por la geografía del empleo previo.
Esa idealización, además, termina por desvalorizar a quienes permanecieron en El Salvador. En el país existen albañiles, operarios, mecánicos, cocineros, comerciantes, agricultores y empleados de servicios con una vasta experiencia práctica, adquirida bajo condiciones económicas mucho más adversas. La residencia en el extranjero no determina la capacidad, la productividad ni el valor real de un trabajador.
Ante un eventual retorno, muchos tepesianos chocarían con las deficiencias estructurales del mercado salvadoreño: salarios bajos, alta informalidad, exclusión financiera, oportunidades reducidas y poca capacidad para aprovechar determinadas experiencias adquiridas en el exterior. Haber percibido ingresos más altos en Estados Unidos no garantiza un estatus laboral preferente en El Salvador. Los mercados no remuneran el origen geográfico, sino las competencias certificadas, el capital disponible, la productividad verificable y las necesidades del aparato productivo.
Por ello, la defensa del TPS no necesita sostenerse sobre mitos económicos ni aptitudes generalizadas. Su argumento más robusto radica en la realidad fáctica construida por casi veinticinco años de prórrogas: familias consolidadas, hijos con ciudadanía estadounidense, patrimonios arraigados y vidas enteras desarrolladas bajo el amparo de autorizaciones concedidas sistemáticamente por el propio Gobierno estadounidense.
Este arraigo profundo justifica con creces una salida legislativa, humanitaria o política, pero no debe disfrazarse de supremacía laboral ni de ventajas técnicas frente al trabajador local que ejecuta tareas equivalentes. Los tepesianos merecen un profundo respeto por su esfuerzo y una consideración seria por su permanencia histórica, no una instrumentalización mitológica.
No son inferiores por realizar labores manuales ni superiores por haberlas desempeñado en Estados Unidos. Son salvadoreños atrapados durante décadas en una protección jurídica contradictoria. La causa de los tepesianos no requiere argumentos inflados sobre su indispensabilidad en el norte ni su excepcionalidad en el sur. Exige, en cambio, rigor jurídico, responsabilidad política y una solución definitiva a una temporalidad que el propio Estado emisor extendió por un cuarto de siglo.
