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Por Oscar Miguel Marroquín*
A cuarenta y cinco años de cárcel fue condenado el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández por introducir a Estados Unidos toneladas de cocaína; poco tiempo después, el presidente Donald Trump, mediante un indulto, lo dejó en libertad. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién protege a JOH? ¿Qué interés tiene Donald Trump en un convicto? Estas y otras preguntas surgen tras el incondicional respaldo de Donald Trump a su entrañable ¿amigo, socio o aliado? Meses después, el nombre de Juan Orlando Hernández vuelve a ocupar importantes espacios en medios internacionales de noticias; grabaciones filtradas a la prensa han dado a conocer que JOH menciona a Israel y a EE. UU. en un supuesto plan para desestabilizar al gobierno de México y otros países.
Sendos casos de corrupción, asesinatos y narcotráfico marcaron los ocho años del gobierno de JOH; para muestra “basta un botón”, dice un viejo refrán: El hermano menor de JOH, Juan Antonio Hernández Alvarado, fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico y portación ilegal de armas en Estados Unidos. No está de más mencionar que, Tony Hernández ejerció el cargo como diputado en el Congreso hondureño.
Antecedentes del Hondurasgate:
La madrugada del 28 de junio de 2009 escondía para la sociedad hondureña una tragedia, tragedia ya otras veces vivida; esta vez le tocó experimentar en carne propia un golpe de Estado al entonces presidente de Honduras, José Manuel Zelaya; sus propios correligionarios, diseñaron y ejecutaron el plan; los padres de este golpe a la incipiente democracia hondureña, no tuvieron otro argumento más que “la defensa de los artículos pétreos de la Constitución de Honduras”. Sin embargo, más allá de esos argumentos, hay razones de mayor peso geopolítico, el gobierno de los Estados Unidos no escondía su inconformidad con el presidente Zelaya por su estrecho acercamiento con Venezuela y Cuba.
El pragmatismo de Estados Unidos es conocido en todo el planeta; la Agencia Central de Inteligencia CIA tiene un formato que sirve para “mantener y consolidar la hegemonía imperial a escala planetaria”. Visto lo visto, vale la pena recordar aquella lúgubre y criminal acción del 11 de septiembre de 1973, cuando el general Augusto Pinochet puso en práctica EL FORMATO de la CIA para asesinar al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende. Quizá en esta oportunidad le correspondió el turno al general Romeo Vásquez Velásquez, quien comandaba el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas; este se puso al frente de la tropa y sacó a punta de fusil de su dormitorio al presidente Zelaya y, bajo un cálculo muy bien premeditado, Zelaya fue arrestado, trasladado y conducido en un avión a territorio costarricense.
Al compás de la misma tonada, los políticos, militares y oligarcas negaron la existencia de un golpe de Estado, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también se incorporó al concierto.
Tras la negativa de la restitución de Zelaya como presidente, se vino el enfrentamiento, las calles se volvieron campos de combate. Mientras millares exigían la restitución de Zelaya como presidente, el ejército, fusil en mano, acorralaba a los civiles violentamente con un solo propósito: desmovilizar a los seguidores del presidente defenestrado y apagar los ánimos de cara a dejar en el olvido aquel fatídico golpe de Estado. Pero los ánimos de la población, mayoritariamente pobre y beneficiada con las políticas sociales del gobierno, continuaban con el reclamo de ver nuevamente a Zelaya en casa presidencial.
La oligarquía hondureña, en alianza con la embajada de los Estados Unidos, no tardó en organizar una nueva “fiesta electoral”; bastó un chasquido de dedos y el bipartidismo (partido nacional y el liberal) se encargó de organizar y ejecutar aquello de lo que tienen sobrada experiencia: elecciones amañadas.
En un santiamén la cosa política estaba resuelta. “A rey muerto, rey puesto” encontrar mejor refrán imposible, José Manuel Zelaya había sido defenestrado, Porfirio Lobo Sosa ocuparía en adelante la silla presidencial, el imperio, como se le conoce a Estados Unidos, llevó la voz cantante; Lobo Sosa recibió el beneplácito; la democracia en Honduras, según Barack Obama, salía fortalecida y aquello del supuesto golpe de Estado contra Zelaya era cosa del pasado.
La secretaria del Departamento de Estado de EE. UU. Hillary Clinton y el presidente Obama se ocuparon de poner los últimos clavos al ataúd de lo que fue el gobierno progresista de Zelaya; con mucho afán pedían a la Organización de Estados Americanos OEA permitir el retorno de Honduras, según estos dos, la reconciliación nacional y el orden democrático constitucional avanzaba sin traspié alguno; la premura que mostraba el gobierno norteamericano dejaba en claro que había un total interés por apoyar un gobierno dócil, dispuesto a seguir al pie de la letra las disposiciones geopolíticas norteamericanas.
Desde 1980, Estados Unidos mantiene en suelo hondureño una base militar, base que sirvió en esa década como base de operaciones contrainsurgente; Nicaragua y El Salvador formaban parte de un posible efecto dominó apoyados por la revolución cubana, según los norteamericanos. Con la llegada de Zelaya al poder y su amistad con Venezuela y Cuba, EE. UU. no quiso correr el riesgo de perder ese puesto militar de avanzada.
Un par de décadas después vemos cómo ahora el gobierno de Donald Trump amenaza con invadir militarmente a Cuba luego de sacar por la fuerza al presidente de Venezuela y llevarlo ante el sistema judicial norteamericano, mientras que libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado y sentenciado por el delito de narcotráfico, mismo delito que le imputan a Nicolás Maduro. Aceptando que Nicolás Maduro es narcotraficante igual que Juan Orlando Hernández, surge una sola pregunta: ¿Quién tiene en Estados Unidos el poder de castigar el delito de narcotráfico?
- Estudios en licenciatura en periodismo, maestría en Estudios Latinoamericanos y doctorado en filosofía.
