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lunes , 23 octubre 2017
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Gobierno de Colombia y guerrilla FARC retoman discusiones sobre víctimas

Por Francisco Jara

La Habana/AFP

El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC retomaron este miércoles las negociaciones de paz en Cuba, rx con una ronda de discusiones sobre las víctimas del conflicto armado, en la que se espera la inédita visita de un enviado especial estadounidense.

“Sin perjuicio de la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto, buena parte de los mayores esfuerzos de la sociedad colombiana deberán encauzarse al impulso de un proceso constituyente abierto y al diseño de un nuevo contrato social”, dijo a la prensa el comandante guerrillero Pastor Alape al reanudarse las pláticas tras un receso de dos semanas en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Ambas delegaciones sostendrán este jueves una reunión con el exsecretario general de la ONU Kofi Annan y se espera que en el curso de esta ronda de diálogos reciban además la visita del nuevo enviado especial estadounidense para el proceso de paz, Bernie Aronson.

“Hoy (miércoles) se definen las visitas” de este ciclo de pláticas, que se prolongará hasta el 7 de marzo, explicó a la AFP una fuente del equipo del gobierno.

“Estados Unidos tiene la responsabilidad de hacer lo que pueda para ayudar a Colombia a alcanzar la paz”, dijo el secretario estadounidense de Estado, John Kerry, al designar a Aronson hace cinco días, lo que fue saludado por ambas delegaciones de paz.

Aronson es un ex subsecretario de Estado para América Latina con experiencia en la resolución de conflictos armados en El Salvador y Nicaragua, y su designación refleja una postura más activa en el proceso de paz de Washington, estrecho aliado de Bogotá e impulsor del multimillonario Plan Colombia implementado hace 15 años para luchar contra el narcotráfico y las guerrillas en ese país.

Desacuerdos por “justicia transicional”

El gobierno y la guerrilla llevan debatiendo desde hace siete meses el complejo tema de la reparación de las víctimas, pero persisten todavía profundos desacuerdos.

Las mayores disputas giran en torno a un proyecto de “justicia transicional” del gobierno, que las FARC rechazan porque afirman que busca llevar a los guerrilleros a la cárcel una vez que termine el conflicto armado de medio siglo.

Los líderes de las FARC han insistido en que no están dispuestos a ir a la cárcel una vez que se firme la paz.

“La justicia real y material garante de la paz estable y duradera sólo puede ser el resultado de un gran acuerdo político nacional que supere sustancialmente los contornos y dimensiones de los diseños normativos y los debates sobre la llamada justicia transicional”, dijo Alape este miércoles.

La delegación del gobierno no formuló declaraciones a la prensa.

Cruce de recriminaciones

Ambas partes retomaron las negociaciones un día después de que los jefes de las delegaciones cruzaran duras recriminaciones.

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, denunció en un foro en Colombia que las FARC han continuado realizando extorsiones y actividades de narcotráfico durante una tregua unilateral por tiempo indefinido que decretaron hace dos meses, y reprochó la falta de reconocimiento de sus víctimas.

Su contraparte, Iván Márquez, respondió que los participantes en ese foro miraban el “conflicto con ojos de juez y parte”, y sostuvo que “lo que lo entrampa (las negociaciones) es la enredadera jurídica tendida en el campo de la paz” por el gobierno de Juan Manuel Santos.

El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de ese país, están negociando desde noviembre de 2012 un acuerdo para acabar un conflicto armado que ha dejado 220.000 muertos y 5,5 millones de desplazados, según cifras oficiales.

Noruega y Cuba actúan como “garantes” del proceso de paz, mientras que Chile y Venezuela son “acompañantes”.

El punto de víctimas es el cuarto de los seis puntos de la agenda. Quedan pendientes el desarme y el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo.

Las partes ya consensuaron los tres primeros puntos: reforma rural, participación política y drogas ilícitas.

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