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Organizaciones que integran la Plataforma por la Seguridad Ciudadana, se pronunciaron por los peligros de la militarización de la seguridad del pueblo salvadoreño. Foto Diario Co Latino/ FESPAD.

Gobierno crea alianza política con la FAES frente a la resistencia social

Redacción Judiciales
@DiarioCoLatino

“El gobierno está utilizando a militares en tareas de seguridad pública, y sabemos que es inefectiva, pero también genera una alianza política y eso es preocupante cuando ya tenemos una experiencia sobre la extralimitación de los militares en sus funciones establecidas”, dijo Sonia Rubio, e la  DPLF, que integra la Plataforma por la Seguridad Ciudadana.

La Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC) se fundó en el año 2018 con el objetivo de presentar propuestas desde las organizaciones que trabajan con la prevención de la violencia, atención a víctimas, rehabilitación de personas en conflicto con la ley, y la persecución del delito.

La PSC se pronunció ante lo que considera una “peligrosa militarización de la seguridad ciudadana”, luego del anuncio de la IV fase del Plan Control Territorial (PCT), de la administración del presidente Nayib Bukele, que consiste fundamentalmente a darle más protagonismo en la seguridad e incrementar a 40 mil los miembros de la Fuerza Armada.

Sonia Rubio manifestó que El Salvador ha recibido constantes llamados de la Comunidad Internacional y organismos de derechos humanos (ONU/CIDH), sobre los peligros que representa la militarización de la sociedad salvadoreña, pues transgrede los estándares internacionales de seguridad ciudadana.

“Este gobierno no solo ha aumentado el número de efectivos militares, sino que, ha incrementado su presupuesto y hemos visto hasta que el ejército atendió una plaga de langostas o sea, atribuciones que no están dentro de sus funciones y viola la Constitución de la república”, afirmó Rubio.

En su pronunciamiento también, señala que el Plan Control Territorial se ha presentado por la presidencia, más como una “estrategia publicitaria” que una verdadera política pública de seguridad, la que debe contar con objetivos, mecanismos de evaluación y resultados.

David Ortiz, colaborador jurídico de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, explicó que el Plan Control Territorial se está utilizando como “mecanismo de presión” para la aprobación de altos montos de financiamiento y una “excusa” para atentar contra la independencia de poderes del Estado salvadoreño.

“El gobierno actual ha retomado las acciones que venían ejerciendo previamente otros gobiernos como el penitenciario que esa realidad continúa; el uso de militares en temas de seguridad ciudadana es igual; no atender distintas problemáticas de violencia contra la mujer -no lo vemos en ningún discurso- y el tema de desplazamiento interno tampoco está en el discurso oficial”, señaló Ortiz.

En cuanto a la reducción de homicidios que divulga el gobierno, Ortiz consideró importante cuestionar a la ciudadanía que reside en colonias donde existe el “control de pandillas”, si realmente ha mejorado la situación de seguridad ciudadana.

“La ciudadanía necesita información sobre este manejo de la justicia y seguridad ciudadana en el país. En el gobierno del señor Bukele, el presupuesto de Defensa, ha aumentado en un 60%, y nadie arma un ejército para tenerlo guardado dentro de los cuarteles”, expresó Ortiz.

Para Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSP), de la Plataforma de Seguridad Ciudadana, identificó como “preocupante”, por el tipo de manejo que realiza el Ejecutivo con el ejército, creando un “imaginario colectivo” en donde la población considera a la Fuerza Armada, como la respuesta a los problemas de país.

“El presidente Bukele está fortaleciendo a los militares y debilitando a la Policía Nacional Civil (PNC), y los fondos que no se dan a Salud, van a los militares; los fondos que no dan a Educación van a los militares y los recursos que no dan a Protección Civil, van a los militares”.

“Esa lógica de creer que los militares pueden responder a todo problema social, se instaura de manera colectiva y le da facilidad -presidente Bukele- de incrementar presupuestos no solo a los militares, sino a los poderes políticos dentro de esta institución”, reprochó Reyna. Sobre el mes de septiembre, Reyna agregó que es un mes clave para la población, porque se discutirán una serie de reformas constitucionales, aprobarán la Ley de Aguas, además, entrará en vigencia la Ley Bitcoin y nuevas reglas del juego en materia económica con el ingreso de la nueva moneda, por lo que llamó a estar atentos entre el descontento y resistencia social versus la alianza política que tiene el presidente Bukele con los militares.

“Esto puede generar la restricción de protestas de la sociedad civil que en los próximos dos años podría ir incrementando, precisamente, por estas medidas que se verían a mediano y largo plazo; que podría traer la respuesta de una mayor militarización de la sociedad salvadoreña”, sostuvo Reyna.

Mientras, Zayra Navas, abogada Senior de Estado de Derecho, Seguridad y Derechos Humanos de CRISTOSAL, opinó que la ciudadanía debe distinguir sobre lo ofrecido con el Plan Control Territorial y lo que se ha obtenido realmente.

“Anunció el control del territorio, la prevención, sin embargo, como no hemos conocido una política pública -más allá de una presentación en power point- que no contiene todos los elementos de una política en materia de seguridad pública y mucho menos en seguridad ciudadana, es muy difícil hacer una evaluación de resultados o impactos. La reducción de homicidios cayó abruptamente en junio 2019, antes de implementar el Plan Control Territorial y se ha mantenido en esas cifras, pero es difícil plantearse que sea por el PCT, ante la falta de información y los municipios más violentos continúan siendo violentos, no se puede interpretar resultados”. “No hemos visto tampoco acciones en prevención de violencia que garantice que la institucionalidad está en los territorios. Porque implica que el Estado y sus instituciones, pueden garantizar servicios y presencia a la ciudadanía; vemos aún que la extorsión, amenazas y desplazamientos siguen siendo la principal amenaza a la población salvadoreña”, acotó Navas.

La Plataforma por la Seguridad Ciudadana rechazó la medida de incrementar efectivos de la Fuerza Armada a 40 mil; la reorientación de fondos para fortalecerla antes de implementar acciones de prevención de violencia, atención a víctimas e investigación del delito. E instaron al gobierno de Nayib Bukele a romper con la tradición “manodurista” para abordar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

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