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Finanzas públicas transparentes garantizan derechos de la población

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Para nosotras como mujeres rurales, campesinas y productoras nos preocupa como han ido bajando los presupuestos y han aumentado los recortes a programas sociales como Ciudad Mujer, programas de producción agrícola familiar y los ECOS familiares, que casi ni existen. Que afecta de manera importante al área rural”, dijo Guadalupe Esquivel, integrante de AltavozES.

El Salvador se encuentra en una situación de desigualdades económicas y sociales, como dan cuenta los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2019, antes que la pandemia del COVID-19, que ha venido a intensificar ese contexto de discrepancias entre la sociedad salvadoreña.

Según cifras de la DIGESTYC (2019), un 40.5 % de la población vivían en hacinamiento, en un 18.3 % de estos hogares fueron construidos con materiales inadecuados de piso y pared. El 41.5 % no contaba con acceso a saneamiento; un 19.6 % sin acceso al agua potable y un 16 % de esos hogares se encontraban en inseguridad alimentaria.

El movimiento AltavozES presentó el “Monitoreo del Primer Trimestre 2021, Finanzas Públicas para Asegurar Derechos”, en el cual plantea la urgente demanda al Estado salvadoreño de garantizar con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana los fondos del erario público, que es dinero de los contribuyentes.

Sobre el Presupuesto del presente año, observan que no se conoce un Plan General de Gobierno que permita el contraste entre política pública y los fondos asignados. Y entre enero a marzo de 2021, se han modificado las asignaciones del presupuesto recortando $14.0 millones a la Atención en Educación Básica (MINED), $9.8 millones a la Eficacia Policial y $3.3 millones a la producción y distribución de agua (ANDA), entre otros rubros.

“Ahora, el agua está contaminada por la agroindustria y escasa por proyectos urbanísticos. ¿Y qué hacen los nuevos diputados? pues engavetar una propuesta de Ley de Aguas que lleva más de 15 años sin aprobarla. Y no contamos con una Ley de Seguridad Alimentaria, que nos garantice nuestro derecho a mantener nuestra semilla criolla”, agregó Esquivel.

En cuanto a nivelar la producción, AltavozES indicó que habrá que esperar dos años o más para compensar su caída del 7.94 % del año 2020. Y sobre la vida productiva y seguridad social presentaron cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que muestra una pérdida de 71,317 empleos formales, cuyas planillas del sector privado pasaron de 880,704 a 809,386 con una reducción de empleos del 7.85 % (hombres) y 8.48 (mujeres). Que ha generado “presión” al trabajo informal, que no cuenta con cotización para la seguridad social.

¿Qué tan factible es hacer política fiscal con consensos? cuestionó José Luis Magaña, de AltavozES, al referirse que existen antecedentes sobre la discusión de “política fiscal”, “justicia fiscal” o “presupuestos participativos”, que surgieron en la Asamblea Legislativa, seis años atrás, y que la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto abrió estos espacios no solo a las instituciones en materia fiscal, sino también a organizaciones y comunidades.

“Creemos importante destacar como se está manejando la bancada mayoritaria (Nuevas Ideas) en la Asamblea Legislativa, de momento no hay espacios de participación sectorial y las decisiones se han estado tomando con dispensa de trámites, eso reduce a muy poco el espacio que había anteriormente. Pero creo que, si un elemento puede cambiar el panorama será justamente algún organismo multilateral cuando por algún contrato de préstamo contemple un mecanismo de transparencia y participación ciudadana”, consideró .

Las finanzas públicas son un tema delicado, agregó Magaña, al señalar que el financiamiento de las medidas que se tomaron durante la Emergencia por la Pandemia del COVID-19, obligó a gobiernos a nivel mundial a realizar “ajustes en su planificación fiscal”, aunque algunos realizaron mejores propuestas y estrategias para superar la crisis.

Asimismo, opinó que el impacto causado en el contexto de la Emergencia las medidas fiscales tomadas en el país tuvieron un impacto en los ingresos del Estado, con una recaudación de 718.8 millones menos, que lo presupuestado para el 2020. Y que ya generó un endeudamiento muy por encima de los niveles previos, con un saldo de deuda pública por $2,773.3, que alcanza el 91.8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

“Los recursos utilizados para las medidas adoptadas durante la Emergencia, fueron transferidos al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), que puede ejecutar sin aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), pero esos programas se han manejado de manera poco transparente y este fondo llegó hasta los 661.2 millones de dólares al cierre de 2020”, argumentó Magaña.

Sobre los ingresos que se han presupuestado desde el Estado, y que están por encima de las posibilidades del crecimiento de la economía, Magaña acotó que de no lograr esos ingresos pueden aplicar una de tres medidas: recortar los programas sociales, financiar con deuda o aumentar los impuestos para obtener fondos de los contribuyentes.

“Con la negociación que se está dando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un marco sombrilla dentro de estas discusiones ya mencionaron un acuerdo fiscal del 4 %;,el ajuste fiscal, que significa que la diferencia entre ingresos y gastos se reduzca, y si las únicas dos variables que tienen para el ajuste fiscal es el ingreso y el gasto, pues eso significa impuestos que tiene el Estado”.

“Pueden ser nuevos impuestos o reformas a otros impuestos. Y como dijo el ministro de Hacienda, hay medidas por el lado de los ingresos que representaría el 1.6 % del PIB, todavía no sabemos cuáles, porque la negociación no es abierta ni transparente”, advirtió Magaña.

“Nos preocupa la forma y los mecanismos en que se están tomando este tipo de decisiones sobre la finanzas públicas”, manifestó Andrea Padilla, también de AltavozES, al considerar que no se han tomado los cinco principios del enfoque de derechos humanos en el manejo de los fondos públicos que son : inclusión, contraloría, no discriminación, empoderamiento y legalidad.

“Los diferentes ajustes que ya se mencionaban han impactado a grandes poblaciones, como el derecho al agua, pese a que entre las medidas de prevención del Covid, está el lavado de manos, la limpieza del hogar y el aseo personal, esto incide en otros derechos como la salud, la alimentación y la educación. Claro, esto tiene el doble de impacto en las mujeres, no solo que el Estado no garantice estos derechos, sino también porque estas fallas se convierten en una doble carga para las mujeres y es lamentable que la Agenda Pública no tome en cuenta el tema de mujeres y los bienes naturales”, puntualizó.

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