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Redacción Nacionales
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La Fiscalía General de la República, junto a la Policía Nacional Civil, efectuó, la tarde de este jueves, un operativo en el Centro de San Salvador para capturar a comerciantes que supuestamente se dedicaban a la venta de dispositivos electrónicos que se obtenían de forma “ilegal”.
Las autoridades informaron sobre el operativo en sus redes sociales; a juicio del ministerio público fiscal, varios comerciantes “se dedican a comprar teléfonos celulares, tablets y otros artículos electrónicos que han sido obtenidos de forma ilegal, mediante robos y hurtos”.
Agentes fiscales y policiales allanaron varios establecimientos de los mercados Hula Hula, Sagrado Corazón y otros locales, ubicados cerca del parque Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador.
“Durante los registros, se han encontrado una gran cantidad de teléfonos celulares, tablets que fueron entregadas por el Ministerio de Educación para el uso de los estudiantes y otros artículos tecnológicos que no cuentan con ningún respaldo legal”, informó la PNC.
Los detenidos fueron identificados como: Juan Carlos Bautista Pérez, Julio César Pérez Pérez, Adrián Pérez Hernández, Gregorio Antonio Pacas López, Luis Ernesto González Esquivel y Vides Hernández Erazo.
Muchos de los establecimientos donde se reparan teléfonos celulares en algunas ocasiones compran “hueseras” como se le dice en el ámbito, a los mismos clientes para arreglar otros dispositivos; por ello, en estos locales suelen haber una cantidad significativa de equipos celulares.
También, hay personas que cuando se les daña la pantalla de cierto dispositivo electrónico, por ejemplo, de las tablets o computadoras del Gobierno, lo que hacen es venderlas en lugar de arreglarlas, ya que el costo por repararla, a menudo sobrepasan los $60; según ha podido preguntar este medio a talleres especializados en reparación de tablets del Gobierno.
Por ello, “los reparadores”, como se le dice popularmente, tienden a almacenar una cantidad significativa de dispositivos, incluyendo tablets de todo tipo; donde en muchas ocasiones no existe un documento de compra. Sin embargo, serán las autoridades fiscales quienes demostrarán en los tribunales correspondientes las acusaciones infundadas.
