Rosario Rivas
@DiarioCoLatino
Los familiares y defensores de los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento (CECOT) entregaron este jueves una solicitud a la Dirección General de Centros Penales, donde solicitan una visita formal al penal para constatar el estado físico y psicológico de los venezolanas detenidos.
Hace dos meses los venezolanos fueron deportados a El Salvador de Estados Unidos, acusados de pertenecer al “Tren de Aragua”, por lo que fueron llevados al CECOT, sin comprobar su participación delictiva.
Esta semana, el grupo de familiares y representantes legales de al menos seis de los detenidos, también visitaron la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos donde entregaron una petición para velar el estado físico y psicológico de los detenidos, si obtener respuestas.
Este jueves, los familiares y abogados de los detenidos se presenta en la Dirección General de Centros Penales para entregar una solicitud formal de visita.
El documento está dirigido al Director General de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
La solicitud busca autorización para ingresar al penal con el fin de constatar la salud de los detenidos, porque no han tenido noticias de ellos.
Entre los nombres de los detenidos mencionados se encuentran Carlos Alexis Uzcátegui Vielma, Edison David Quintero Chacón, Wilmer José Vega Sandia, Andry José Hernández Romero, Widmer Jonseyder Agelviz Sanguino, Wladimir Vera Villamizar y Jorge Luis Guerrero, entre otros.
Para los solicitantes es importante una respuesta pronta, porque ellos tienen que irse a su país y llevar noticias a las madres, esposas, hijos de los detenidos.
Una de las exigencias es que se revise cada caso detalladamente, porque son inocentes y cuentan con certificaciones de antecedentes penales limpios, además de otras pruebas que demuestran que no están implicados en los delitos que los acusan.
Para Reina Cárdenas y Johanna Sanguino, familiares de los detenidos, lo que ellas quieren es verlos.
Durante su visita, entregaron documentación en diversas instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección General de Centros Penales, donde afirman haber sido atendidas con respeto y recibieron orientación adecuada.