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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“Mis familiares no pertenecían a ninguno de los dos bandos, eran civiles. Pertenecían a las comunidades de base y seguidores de Monseñor Romero, una vez que él es asesinado, todos los que pertenecían a las comunidades de base también fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos”, dijo Carlota Ramírez, sobreviviente del conflicto armado, en donde perdió a su familia en manos de militares.
Carlota, acompañada de Sandra Rivera, abogada del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), presentó nuevamente una denuncia ante la Fiscalía por el asesinato y la desaparición forzada de sus familiares.
A media noche del 10 de mayo de 1982, elementos militares irrumpieron en la casa de la familia Ramírez, ubicada en el cantón El Progreso, en las faldas del volcán de San Salvador, jurisdicción de Nejapa.
Rufino Ramírez de 45 años y Teresa Ramírez de 18 años fueron asesinados en el lugar, mientras que Natividad de Jesús Ramírez de 68 años, Guadalupe Guerra de 22, Salvador Ramírez de 32 años y los niños José Elías de 13, Jorge Ramírez de 14 fueron privados de libertad y luego desaparecidos, hasta la fecha se desconoce la ubicación de estos.
“En las circunstancias en las que ellos desaparecen es que los sacan de la vivienda a media noche, ellos quieren escapar (Rufino y Teresa) es ahí donde lo ametrallan, a los demás se los llevan por una quebrada y luego no sabemos qué pasó, ni cuál fue el paradero de ellos. Eso es lo queremos saber a 36 años de que sucedieron los hechos no hay justicia”, dijo Carlota.
Esta no es la primera vez que se interpone un aviso ante la FGR, por la desaparición forzada de la familia Ramírez, ya que desde el 2003, las víctimas, acompañadas del IDHUCA, interpusieron un aviso. Asimismo en el año 2005 se puso un aviso para hacer exhumaciones, ya que los testigos declaraban tener el conocimiento de lugar donde estarían los cuerpos de las víctimas, hasta la fecha la Fiscalía no ha dado muestra de querer investigar este hecho.
“Venimos a pedir que la Fiscalía retome el caso y que investigue a la base de la declaración de inconstitucionalidad de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Amnistía, que cite a los testigos y haga lo correspondiente”, dijo la abogada Sandra Rivera.
Carlota vivió estos hechos, ya que fue torturada por elementos de la Fuerza Armada, situación que afecto su vida sin motivo y sin razón alguna, ya que su único pecado fue, como familia, seguir el camino que predicaba Monseñor Romero, que se basaba en la justicia y la verdad. Misma que hoy exige al Estado salvadoreño.
