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La SPTA y el Ministerio de Gobierno presentaron a representantes de las organizaciones de la sociedad civil el anteproyecto de Ley de Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, la cual busca darle un nuevo marco normativo y jurídico que corresponda a las nuevas exigencias sociales. Foto Diario Co Latino/Transparencia Activa.

Presentan anteproyecto para facilitar organización comunitaria

Transparencia Activa

La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) y el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial presentaron a las organizaciones de la sociedad civil el anteproyecto de Ley de Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, luego de una amplia consulta nacional realizada en las cuatro regiones del país y que forma parte de las diferentes acciones que se desarrollan en la Semana de la Participación 2018.

La propuesta de ley busca darle un nuevo marco normativo y jurídico que corresponda a las nuevas exigencias sociales de las organizaciones que históricamente han afrontado un sin número de dificultades para su legalización y su operatividad, frente a un sistema burocrático regulado por la actual Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, con más de 20 años de vigencia tras su aprobación en 1996.

La Ley simplificará los procesos de registro y, entre otras cosas, reduce sustancialmente el tiempo de inscripción de 350 días a un plazo máximo de 10 hábiles, si se cumplen con todos los requisitos, de lo contrario se conceden 30 días hábiles para subsanar las observaciones.

Tras una amplia consulta en todo el país, donde participaron más de 100 organizaciones sociales, uno de los nuevos componentes de la ley es la aplicación de políticas internas de transparencia sobre el origen y uso de sus recursos financieros, y gestión de los órganos de administración de las organizaciones.

Además, se regularán las organizaciones de segundo grado como los movimientos temporales, los foros sobre temáticas específicas o áreas geográficas, entre otros.

Se establece un procedimiento para que cualquier persona con un interés legítimo solicite la disolución de las asociaciones o fundaciones que no cumplan con la actividad o los fines para los que fue constituida. También se creará un directorio de entidades que facilitará la participación y se modernizará el registro con medios electrónicos en los trámites.

Con la nueva normativa, el gobierno pretende tener un registro certero, actualizado y público de las organizaciones funcionando en el país para fomentar más participación e información.

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