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Saúl Méndez
Colaborador
Extrabajadores del Hospital Nacional Rosales denunciaron que, pese a las declaraciones del ministro de Trabajo, Rolando Castro, las indemnizaciones entregadas siete meses después de los despidos las calificaron de arbitrarios e ilegales y fueron incompletas y no se ajustaron a las disposiciones legales.
Los extrabajadores, con el respaldo de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA), señalaron que el pago incompleto de las indemnizaciones a los trabajadores cesados del Hospital Nacional Rosales constituye una “flagrante violación” de los derechos fundamentales de la clase trabajadora salvadoreña.
“Entregar compensaciones que omiten el cálculo de prestaciones irrenunciables, como aguinaldos y vacaciones proporcionales, reduce arbitrariamente el patrimonio de las familias que ya sufrieron siete meses de desamparo económico e institucional”, manifestaron.
Los trabajadores cesados sostuvieron que existe un incumplimiento de las promesas realizadas por las autoridades y cuestionaron la diferencia entre los anuncios oficiales y los montos finalmente desembolsados.
“Denunciamos la brecha existente entre el discurso oficial y la realidad administrativa. El desembolso ejecutado resulta insuficiente y no se corresponde con los años de servicio entregados por el personal de salud”, aseguraron.
“Es inaceptable que trabajadores con décadas de antigüedad reciban montos mermados bajo un esquema de cálculos que precariza el retiro forzado de quienes sostuvieron la primera línea de atención hospitalaria”, añadieron.
Los afectados también señalaron que existe un trato desigual dependiendo de la modalidad de contratación y de la situación de reubicación temporal de cada trabajador. Por ello, exigieron que la compensación económica derivada de la supresión de plazas sea universal, transparente y equitativa.
“Negar el pago a empleados reubicados de forma provisional o segmentar la entrega de fondos debido a la falta de coordinación interministerial vulnera el principio de igualdad ante la ley”, explicaron.
La principal exigencia de los trabajadores cesados es una reparación integral que incluya la revisión de los montos entregados y el reconocimiento de las prestaciones que habrían sido omitidas.
“Exigimos a las autoridades competentes una auditoría y el recálculo inmediato. Revisar de oficio cada expediente para reintegrar los montos correspondientes a las prestaciones de ley omitidas de forma ilegal”, indicaron.
Además, solicitaron detener la sustitución de plazas públicas mediante contrataciones tercerizadas o privadas, al considerar que estas modalidades eliminan la estabilidad laboral y precarizan las condiciones de los trabajadores del sistema de salud.
También exigieron garantizar el pago justo y completo de las indemnizaciones y que esta medida se aplique de inmediato a la totalidad de empleados despedidos del sector salud a nivel nacional.
“La salud pública no puede sostenerse sobre el atropello de quienes la edificaron. El personal médico, de enfermería, administrativo y de servicios generales del Hospital Rosales está en su justa demanda por una liquidación digna e íntegra”, expresaron.
Por otra parte, los extrabajadores recordaron el caso de una trabajadora de salud en el 2024 que, junto con otros compañeros, participaba en actividades sindicales para reclamar el pago de nocturnidades y el escalafón, pero que recibió represalias por sus denuncias a las vulneraciones de sus derechos laborales. Según explicaron, sufrieron de suspensiones por actividades que ocurrieron mientras los trabajadores se encontraban en sus días libres.
“Este caso está en el Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo y la institución demandada es la nueva Red Nacional de Hospitales. El juzgado no ha dado ninguna respuesta hasta el momento. Al momento de la suspensión, estos compañeros tenían fuero sindical y catalogaron la conferencia como un acto político”, denunciaron.
“Nadie abandonó el puesto de trabajo; todos tenían su día libre. Desde entonces, desde 2024 hasta la fecha, se les ha dejado de pagar sus salarios caídos”, agregaron.
Según los trabajadores, las denuncias relacionadas con estos casos ya han trascendido el ámbito nacional y han sido planteadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Ya hay 28 compañeros suspendidos. Entre ellos están tres secretarios generales del sindicato. La mayoría de los suspendidos son de Oriente y de Zacatecoluca, y uno pertenece al SEM. Los compañeros todavía siguen pendientes de este caso desde 2024, porque no se les ha resuelto su indemnización”, revelaron.
Asimismo, señalaron que algunas personas afectadas se encuentran fuera del país debido a las represalias que enfrentaron y a la falta de oportunidades laborales.
“Hoy le queda muy grande el cargo a Rolando Castro, cuando se pagó la indemnización de los titulares del Rosales y fue incompleta. Aquí seguimos a pie de lucha, siguiendo y alzando la voz por los compañeros que también fueron despedidos en 2024 y a quienes no se les ha resuelto su indemnización”, concluyeron.
