Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) manifestó, en un comunicado oficial, del riesgo que se corre en El Salvador por las restricciones a “derechos políticos”, por lo que podrían empeorarse en materia de derechos humanos en El Salvador.
Liz Throssell, portavoz de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR), manifestó sobre la reducción del “espacio cívico: “Nos preocupa seriamente la adopción de legislación en El Salvador que requiere a las personas naturales y jurídicas que reciben financiamiento de donantes internacionales a registrarse como agentes extranjeros. Tendrán que pagar un impuesto del 30% de su financiación y se arriesgan a fuertes multas y sanciones en caso de no hacerlo”.
Con 57 votos, en su mayoría del partido oficial Nuevas Ideas, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que impone el 30% a las transacciones de donantes extranjeros a las organizaciones sin fines de lucro (oenegés), y que entrará en vigencia en los próximos 8 días, luego de su aprobación.
El artículo 11 que contempla esta carga económica señala: “Por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especies o bienes materiales, o cualquier otro, y que sean provenientes de fondos del mandante extranjero, ya sea, a través de donaciones, pagos u otros conceptos, a favor de sus agentes extranjeros en el país, se aplicará un impuesto del 30%”.
“La ley, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo, contiene un lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la libertad de asociación y de expresión”, agregó la Portavoz de la OHCHR.
“Esto podría estigmatizar y repercutir negativamente en la importante labor de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, con algunas pudiéndose ver obligadas a interrumpir sus actividades”, expresó Throssell.
La ruta de aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros
El anuncio presidencial del envío de la Ley de Agentes Extranjeros a la Asamblea Legislativa fue dado en el contexto de un “plantón pacífico” que realizaron pobladores de la Asociación Agropecuaria Cooperativa El Bosque, del cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad, cerca de la exclusiva residencia Los Sueños, donde reside el presidente Nayib Bukele.
Los pobladores pedían la intervención del presidente Nayib Bukele, ante la amenaza de un desalojo de sus tierras, ordenada por el Tribunal de lo Laboral para el pasado 22 de mayo. Los cooperativistas tienen más de 40 años en la zona.
Sin embargo, la noche del 12 de mayo, la comunidad que seguía exigiendo una respuesta del mandatario, fue reprimida de forma violenta por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Militar, quienes realizaron capturas de algunos líderes comunitarios y directivos de la cooperativa. Y 24 horas después fue detenido el abogado asesor de la Cooperativa El Bosque, Alejandro Henríquez, quienes aún siguen detenido, al igual que el presidente de la cooperativa, el pastor de la iglesia Elim José Ángel Pérez.
El 13 de mayo, el presidente Nayib Bukele anunció que mandaría a la Asamblea Legislativa la Ley de Agentes Extranjeros, con la intención -explicó-, que lo que recaudado por el gobierno con el 30% del impuesto de la cooperación extranjera a las organizaciones sociales salvadoreñas, solucionaría la problemática de la cooperativa El Bosque.
Asimismo, manifestó como responsables a los exalcaldes Roberto d´Abuisson (de ARENA) y Oscar Ortiz (del FMLN) de estafar a la cooperativa para obtener tierras, librándose así a Luis Palomo Urbina, quien logró el embargo y el lanzamiento de los cooperativistas, pues le reclama a la cooperativa 800 mil dólares.
El 16 de mayo el Tribunal de lo Laboral de Santa Tecla dejó sin efecto la orden de desalojo de los inmuebles de la Asociación Agropecuaria El Bosque, que la conforman 300 familias desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado.
Esta situación ha traído una ola de críticas de organizaciones internacionales que comparten la incertidumbre y preocupación de Liz Throssell, portavoz de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR),
Olga Guzmán, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OAMCT) , calificó de “alarmante” dicha ley, por lo que va a representar a las personas defensoras y la sociedad civil organizada. “Es un contexto vulnerable por el régimen de excepción”. La población salvadoreña se encuentra «despojada de sus derechos fundamentales», dijo.
“Instamos a las autoridades salvadoreñas a que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y a que garanticen un entorno propicio en el que la sociedad civil pueda desempeñar su función esencial”, concluyó Liz Throssell.
