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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El recién llegado titular de los Derechos Humanos de El Salvador, José Apolonio Tobar señaló su interés por hacer eficiente el trabajo de la institución y del personal que le acompañará en los próximos tres años de su administración; asimismo, espera que los señalamientos previos a su figura como procurador se desvanezcan a través de su trabajo, en donde priorizará “el principio de legalidad”. De eso y otros temas habló con Diario Co Latino.
-¿Qué opina de los señalamientos a su figura antes de ser nombrado procurador de Derechos Humanos?
Todos tenemos derecho a emitir una opinión sobre un proceso y a asentir o disentir con una posición. A unas personas o grupos podrá gustar o no un candidato; pero creo que no es la forma correcta la descalificación a las personas para disentir. Todas las personas tenemos el legítimo derecho a optar a un cargo público, de segundo grado, a ser considerados en una terna. La normativa constitucional y legal establecen los requisitos que deben cumplirse para optar a dichos cargos. Ojalá en el futuro cambiemos nuestra cultura, nuestra forma de pensar y vayamos haciendo más propio el derecho constitucional de libertad de expresión. La Asamblea Legislativa ha dado pasos agigantados en los procesos de selección de funcionarios de segundo grado, a la base de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Cinco o diez años atrás se conocía a la persona que se nombraba el día de la juramentación o en la primera plana del periódico del siguiente día; no se sabía quiénes eran los candidatos, ni los procesos de selección.
-¿Qué opina de la Ley de Reconciliación que promueve el bloque de partidos de derecha?
La Ley de Reconciliación Nacional debe surgir del consentimiento unánime de todas las fuerzas políticas de este país, porque estamos hablando del futuro de este país, de lo que vamos a entender en lo sucesivo de la convivencia nacional: una ley que está encaminada a enfrentar o una ley que está encaminada a unificar como sociedad, a pasar la barrera de la violencia a la hermandad, la solidaridad, de la armonía social. Tenemos bastante con el alto índice delincuencial, como para llevar un tema más de violencia. La Asamblea tiene que hacer los mayores esfuerzos posibles porque haya una Ley de Reconciliación Nacional que cuente con el aval de todas las fuerzas políticas de El Salvador. Y ese proyecto no reúne esa característica.
-¿Apoyaría la propuesta presentada por la sociedad civil?
La ley que emita la Asamblea debe reunir los parámetros que estableció la Sala de lo Constitucional en la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993; si el proyecto de ley que presentaron las organizaciones sociales reúne esas características, yo lo apoyaría. Estoy en la disponibilidad de apoyar un proyecto que cubra los parámetros establecidos por la Sala: acceso a la verdad, la no repetición, el resarcimiento a los daños y justicia en materia transicional.
-¿Cuáles serán las acciones para activar mesas en temas LGBTI, mujeres y derechos reproductivos y aborto por cuatro causales, espacios actualmente estancados?
Como procurador de Derechos Humanos estoy obligado por mandato constitucional a generar los acompañamientos necesarios a todos los derechos fundamentales. Ya iniciamos con la reapertura de la mesa LGBTI, tuvimos un acercamiento con una buena cantidad de organizaciones que se dedican al tema. No es posible tener una conducta omisiva frente a asesinatos de personas trans que han habido recientemente. No es posible considerar como algo normal los altos índices de discriminación y de odio a este sector vulnerable. Para la procuraduría adjunta -específica de la mujer- he girado instrucciones para que se activen todas esas mesas relacionadas a la temática, y se hagan los acompañamientos que tengan que hacer a este sector.
-¿Cuál es la postura de la PDDH ante temas emblemáticos como la niña abusada por el magistrado?
Nuestro mandato constitucional es vigilar el actuar de los funcionarios e instituciones en el respeto y garantía de los derechos de todas las personas. Emitimos un pronunciamiento condenando enérgicamente que los magistrados de Cámara Primero de lo Penal hayan emitido una resolución que establece que tocar a una niña por sobre la ropa, o porque ha sido a la luz del día no constituye delito. Abrimos un expediente que se está conociendo en esta procuraduría, hay pasos o procesos que seguir y estamos recopilando información para emitir una decisión. Nuestra función como procuraduría es un poco limitada, en el sentido que solo podemos hacer una recomendación, una orientación, un acompañamiento; pero estamos ampliando ese mandato dentro de los marcos de la legalidad, para solicitar que las instituciones hagan un abordaje integral.
-¿Qué temas serán prioridad en su despacho como procurador?
Me gustaría dejar una procuraduría que tenga cimentadas las bases en una actuación efectiva, eficaz y oportuna para la población, esto significa que un expediente no puede durar tres años en su sustentación. La población tiene derecho a que la procuraduría emita un pronunciamiento, una resolución de manera oportuna; hemos encontrado expedientes que datan de 2015 y no se ha hecho ninguna actuación hasta ahora. Queremos cambiar la dinámica del trabajo del personal; pasar de un acomodamiento que ha quedado evidenciado, a una actuación en que se empodere del mandato constitucional y lo lleve a ser responsable para ser efectivos, eficaces y eficientes. Mi segundo objetivo grande es llegar a todo El Salvador con un programa intensivo de formación y promoción en derechos humanos. Es más fácil transportar a tres personas de la PDDH a una comunidad a educar y fomentar derechos humanos, que intentar traer a veinticinco personas de la comunidad a la PDDH. El presupuesto para 2019, si no me equivoco fue de $10.4 millones; tenemos posibilidad de hacer una petición para 2020 y mejorarlo, por los objetivos grandes que tenemos, y estaremos allí prestos para hacer las observaciones necesarias. Me gustaría dejar bases concretas en estos dos puntos expresados.
