Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El exprocurador de Derechos Humanos y abogado querellante en el caso de la masacre de El Mozote, David Morales lamentó la falta de colaboración del Estado para aportar más pruebas en este proceso.
En la masacre ocurrida en 1981 durante la guerra civil, murieron aproximadamente mil personas, en su mayoría niños, según las investigaciones y recabación documental y testimonial.
Morales dijo, es inverosímil que a estas alturas se continúe negando la existencia de protocolos de actividades institucionales de la Fuerza Armada, donde deben estar consignados los eventos del operativo “Rescate”, en el marco del cual ocurrió la masacre.
“El primer informe es que no existen archivos, pero sí reconocen oficialmente la existencia del operativo, que participó el batallón Atlacatl, que la Operación Rescate existió; pero, luego no había más información. Hemos ido en el litigio exigiendo la entrega de diversa información y expedientes militares de los imputados que participaron, a juicio nuestro los que han sido entregados; pero hay información muy esencial para el juicio que sigue siendo negada, y es inverosímil que no exista, entre ellos los planes de guerra militar de la época”, dijo.
Recalcó que es imposible seguir manteniendo la versión de que se trató de un enfrentamiento armado entre el Ejército y la entonces guerrilla del FMLN, cuando hay pruebas científicas de que lo que sucedió no fue un tiroteo, sino un exterminio de gente civil en El Mozote y varios caseríos aledaños.
“La masacre de El Mozote es una de las más grandes masacres o exterminios de la población civil que ocurrió durante el conflicto armado salvadoreño. Es un exterminio, el derecho internacional humanitario lo determina de esa manera”, explicó el abogado querellante.
Morales recordó que la fiscalía había estado bloqueado el proceso desde el año 1990, cuando el caso fue abierto en San Francisco Gotera; pero el Ministerio Público en vez de acompañar a las víctimas, se dedicó a amedrentar a testigos para que no declararan, amenazándoles con enviarlos a la cárcel por mentir. No obstante, afirmó que desde la administración del exfiscal general Douglas Meléndez, hay más apoyo para las víctimas, aun cuando los 160 expedientes del proceso están en manos de apenas cuatro fiscales.
Sol Yánez, psicóloga social del País Vasco y especialista en apoyo a víctimas de violaciones de los Derechos Humanos agregó durante una entrevista televisiva, que hay que desideologizar el caso. “No es un caso del pasado, es un tema del presente, las víctimas ahí están. La justicia nos salva de la venganza”, dijo. “Esto no puede quedar como que… no, en algo andaban, algo hacían; esto es como la retórica para no dar importancia a eso, como país esto nos debe de importar y doler, toda esta gente tenía familia, entonces estamos hablando de un país impactado”, explicó.
En su opinión, la violencia que vivimos hoy viene dada por todo eso; porque en un país donde ha habido tanto dolor, tanto horror, lo primero que hay que hacer es trabajar con el dolor de la gente, para empezar a curar; negar lo ocurrido es de grandes consecuencias.
En 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogó la Amnistía General que había impedido reabrir una serie de crímenes de guerra, como la masacre de El Mozote.
El 30 de septiembre de 2016, el juez segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán reabrió el caso de El Mozote, donde según las investigaciones y las evidencias forenses fueron asesinadas más de mil personas entre hombres, mujeres y niños.
La reapertura del caso permitió sentar en el banquillo de los acusados a oficiales del alto mando militar que dirigieron en la guerra. Entre los jefes castrenses que han desfilado ante el ahora juez de Instrucción de San Francisco Gotera esta Natividad de Jesús Cáceres, quien era subjefe del Batallón Atlacatl en diciembre de 1981 cuando ocurrió la masacre; el entonces ministro de Defensa José Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor Rafael Flores Lima, y el exjefe de la Fuerza Aérea Juan Rafael Bustillo.
El pasado 19 de julio, el juez Guzmán elevó a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra los cargos que enfrentan los dieciséis militares procesados, esto implica que dichos delitos son imprescriptibles.
