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Gloria Silvia Orellana
@GloriaColatino
La población, acompañada de representantes de organizaciones sociales y alcaldes de Chalatenango, se concentraron este domingo para expresar su rechazo a la militarización de las poblaciones fronterizas y la utilización de centros educativos como lugares de acuartelamiento de las tropas.
Lo que en un principio se creyó era un “cerco sanitario” por la pandemia COVID-19, se tornó en una militarización de la zona y una serie de señalamientos del presidente Nayib Bukele, contra los alcaldes de los municipios de San Fernando, Arcatao, Nueva Trinidad y San Ignacio, luego que protestaran ante la Asamblea Legislativa, por el cerco militar.
Los señalamiento del presidente Bukele fueron acusaciones contra los ediles de ser facilitadores del narcotráfico y el contrabando en los puntos ciegos. No obstante, históricamente pobladores de la zona a diario cruzan la frontera entre El Salvador y Honduras, en un intercambio de granos básicos, leche y en búsqueda de servicios de salud.
Alberto Avelar -alcalde de Arcatao- denunció que han dejado sin recursos económicos a las alcaldías con la deuda del FODES, y por ello no pueden atender a la población.
“El presidente Nayib Bukele nos ha acusado de narcotraficantes y de que estamos en contra de la seguridad, que estamos en contra de la lucha contra el COVID-19, y hasta dicen que matamos aquí, es increíble, pero ahora tendremos como comunidad una reunión para hablar de todo esta situación y como nos agobia”, manifestó el jefe edilicio.
“Gracias por su solidaridad, con los municipios chalatecos y todos los alcaldes del FMLN, porque nos van a atacar a todos. Ahora el enemigo del Gobierno, es la izquierda salvadoreña”, dijo Avelar.
Las organizaciones recalcaron en su pronunciamiento que las acusaciones del presidente Bukele eran infundadas y peligrosas y que sólo afectaban a la población. Lo que calificaron de una “acción ejercida por gobiernos de corte dictatorial y autoritario”.
Asimismo, consideraron que el cerco sanitario, que supuestamente ha implementado el Ministerio de Salud, no está justificado con aspectos técnicos, pues en la zona se han reportado muy pocos casos de COVID-19. Y que por el contrario si tiene todas las características de actos proselitistas y estrategias electorales, como los repartos de víveres financiados con recursos del Estado.
Mientras, el alcalde de Nueva Trinidad, Teófilo Córdova manifestó: “La batalla recién comienza”, y llamó a la población a unirse para defender sus derechos humanos, que están reconocidos desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
“Estamos aquí por el amor a nuestra población, a quien estamos defendiendo, cuando la población se siente acorralada, que no tiene salida a sus problemas acuden a nosotros porque escuchamos y buscamos salidas. Sabemos que hay gente ha dicho que, por qué tenemos miedo a la seguridad, no es eso, rechazamos por la vulneración de derechos de circulación, de buscar atención en salud, y hablo de pobladores salvadoreños en un bolsón de Honduras, es lamentable”, señaló.
Para las organizaciones sociales este acto de opresión, afecta también a jóvenes de la zona que están siendo “estigmatizados, perseguidos y agredidos”. La historia salvadoreña ha mostrado que el militarismo no es una respuesta adecuada.
Los municipios militarizados en cuestión,
durante el conflicto armado estuvieron marcados por exilios forzados hacia Honduras, debido a las operaciones del ejército que cometió graves violaciones a los derechos como la masacre del Sumpul en 1980. Cuyas víctimas aún esperan justicia por esos Crímenes de Lesa Humanidad.
En la actividad también participó el padre Rutilio Sánchez, quien llamó a la unidad de la población y fortalecerse en la defensa de los derechos humanos.
“Debemos unificar la causa, porque la revolución somos nosotros. Cuando dicen el partido no ha dicho nada, ¿cuál partido? si ese ya no está entero. Hoy la revolución somos todos”, agregó.
Lorena Peña, del partido FMLN, aclaró que no llegaban en calidad de políticos o funcionarios, sino como revolucionarios que defendieron esos territorios contra el militarismo.
“Lo que está detrás de este cerco sanitario es ver hasta dónde nos dejamos militarizar de nuevo, estamos con un Gobierno que poco a poco va metiendo a la Policía Nacional Civil y el Ejército”, denunció Peña.
Las organizaciones citaron la homilía de san Oscar Romero del 23 de marzo de 1980: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado”.
La denuncia de los pobladores chalatecos se complementó con dispositivo montado por la Policía Nacional Civil en la entrada de Arcatao, donde detuvieron una caravana de vehículos del FMLN donde iban reconocidas figuras de ese partido político, entre ellas la exdiputado Lorena Peña, y la diputada del PARLACEN Blanca Flor Bonilla.
Los policías registraron a todos, incluido al personal de prensa de la delegación.
