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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El calentamiento global está afectando el país, y uno de los bienes naturales amenazados es el agua. Como sociedad expuesta al cambio climático la protección de cuencas hidrográficas, la reforestación y la regulación del recurso hídrico, se convierten en medidas urgentes, explicó Omar Flores, encargado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de FESPAD, que integran la Alianza Nacional contra la Privatización de El Agua, en entrevista a Diario Co Latino.
-¿Qué debe entenderse como derecho humano del agua?
La población debe entender que si el Estado salvadoreño reconoce el agua como un derecho humano y cumple con las obligaciones internacionales alrededor de este tema será entonces el consumo humano y el uso doméstico los elementos prioritarios a tratar, porque garantizaría el agua para todos y todas, sin discriminación alguna.
Asimismo, el Estado impulsaría políticas públicas orientadas a satisfacer esa necesidad humana, en particular porque el agua no puede ser restringida a la población a fin de priorizar las actividades económicas.
Actualmente, más del 52 % de uso y explotación del agua disponible en El Salvador va a la actividad económica, y solo un 27 % es destinado al consumo humano, esto no puede seguir así, no se puede priorizar el uso mercantil por sobre el derecho humano, entonces debemos cambiar este enfoque.
-¿Qué otras cosas implica el derecho humano al agua?
A que el agua sea potable, sin olor, sin sabor, sin turbidez. Porque al ser un derecho humano todos podremos consumirla, y es el Estado salvadoreño el garante para cumplir las disposiciones. Así como el suministro y acceso para la población. Las declaraciones del presidente de la ANDA, Frederick Benítez pretendiendo minimizar esta situación es alarmante, y aducir que solo se trata de una alga que está generando toda esta situación irregular del vital líquido.
Ahora, cuestionemos, si ellos como ANDA y todo su aparataje no logran potabilizar el agua por esta alga, cómo pretenden entonces sacar agua del lago de Ilopango, que contiene metales pesados. Son esas contradicciones en la narrativa política que nos preocupan como Alianza contra la Privatización del Agua, y como FESPAD seguimos insistiendo que el agua debe regularse, pero con el enfoque de derechos humanos, lo que significa una prioridad al consumo humano, prioridad al consumo doméstico y una precisa regulación al consumo económico.
-Como alianza, ¿cuál es el objetivo principal en el debate legislativo?
Como Alianza contra la Privatización de el Agua y FESPAD hemos venido promoviendo una ley del recurso hídrico con un enfoque de derechos humanos, con el propósito que el uso prioritario del agua no sea económico, ni mercantil, sino el consumo humano.
Queremos que la ley cuente con una regulación que permita a la sociedad civil una participación protagónica en la definición de las políticas públicas, porque esta será la normativa que regule el recurso natural. Creemos oportuno iniciar la discusión, aunque nos genera mucha sospecha que en un año preelectoral se tome una actitud protagónica, cuando han sido reacios a discutirla en el pasado, y politicen el tema de nuevo.
—Pero fue la diputada Batres, quien sugirió ¿qué otros podrían ser los politizadores del tema?
Si, efectivamente, ellos (diputados) pueden decir eso, pero no pueden negar que estamos en un año preelectoral y una vez ella (Martha Evelyn Batres) propuso el tema en la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, salen publicados sendos reportajes periodísticos relacionados a la iniciativa que ella apoya o cuando propone un calendario para tratar el tema en sus redes (Twitter), ella se describe como la que impulsa la discusión, que la promueve… Y obviamente esta es una intención político-partidaria de parte de la diputada Batres.
Vender una imagen que están preocupados por el agua para los y las salvadoreñas.
La práctica política es así, en su narrativa hablan de no politizar, sin embargo, siempre lo han hecho en el pasado, lo están haciendo y lo seguirán aplicándola, pero ahí debe ser la sociedad la que no lo permita esta práctica, porque el agua es una cuestión de vida.
-¿Por qué el Estado está renuente a declarar el derecho humano al agua?
En este tema hay muchos intereses económicos de por medio, ya lo decíamos anteriormente, el desorden institucional que existe actualmente sobre la regulación del agua en el país, como la Ley de Avenamiento y Riego, ANDA, Regantes y otras. Esa dispersión normativa es lo que permite que las grandes empresas y el poder económico sobre explote el agua sin ninguna restricción.
Los monocultivos están explotando el recurso hídrico de forma exagerada, la empresa Coca Cola está sobreexplotando el agua y otra serie empresas que abusan de los mantos acuíferos sin mayor regulación, y es frente a estos intereses que responden muchos partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa, y obviamente quieren que ese estado de las cosas se mantenga así, que no regule el agua con un enfoque de derechos humanos para el consumo humano, y no para la actividad económica como actualmente está sucediendo.
La población ha demostrado y las organizaciones que pueden detener cualquier proyecto privatizador, como lo fue la salud, y solo falta dar un paso para cambiar la ruta a la Asamblea Legislativa, para que orienten el enfoque de derecho humano al declararla un bien público, con tarifas democráticas, en donde los que consumen más paguen más, sino fuera por la población y la sociedad civil organizada, ya tendríamos privatizada el agua.
