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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El “IV Informe de Agresiones contra Personas Defensoras y Periodistas: análisis de casos 2024”, señala a El Salvador como un “país inseguro” para las personas que defienden derechos humanos, lo que se comprueba con 533 casos documentados, aunque no descartan que haya muchos más fuera de registros de las organizaciones sociales.
“Es el registro más alto y más violento de los últimos cuatro años, equivalente a un aumento del 135.84% en comparación al 2023”, indicó Suchit Chávez, de la junta directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que integra la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
La APES señaló que el 2024 fue un año “profundamente complejo”, que estuvo marcado por procesos electorales, y por un cúmulo de reformas que, incluso, tocaron “artículos pétreos” de la Constitución de la República como el artículo 248.
El artículo 248 establecía que cualquier reforma a la Carta Magna sería acordada en un proceso deliberativo por una Asamblea Legislativa que acordaría la reforma. Y su ratificación estaría en manos de la siguiente Asamblea, pero ahora, con esta modificación el órgano legislativo, puede aprobar y ratificar a la vez las reformas a las leyes complicando el ejercicio legítimo de defender derechos.
“Todos estamos al tanto del país en que vivimos, entonces, sólo hablo de los factores identificados que inciden mayoritariamente en el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en el país. ¿Qué pasó en el 2024?, fue un año electoral y por esto, no es raro que las agresiones se hayan incrementado, siempre sucede en estas fechas, APES tiene registros sobre estos períodos electorales”, Chávez.
“¿Y en dónde está el país?, según el Índice de Chapultepec, que analiza y aplica la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), El Salvador está categorizado como país de alta restricción, y de acuerdo al informe anual de Reporteros sin Fronteras, está ubicado en el lugar 133 de 180 países con restricciones para ejercer la libertad de prensa”, sostuvo Chávez.
Caso periodistas de Radio Bálsamo TV
En el caso de la periodista Mónica Rodríguez y Steve Magaña, periodistas de Radio Bálsamo TV, acotan que se trató de “acoso al periodismo comunitario”, cuando en diciembre de 2024, ambos periodistas fueron víctimas de un allanamiento que continúa sin explicaciones por parte de las autoridades. Se ha advertido una serie de patrones de agresión como: allanamiento y confiscación arbitrarias; el uso abusivo de la reserva de los casos; la impunidad y falta de garantías procesales y un intento de silenciar el periodismo comunitario en general, detalla el informe.
“En 2024 se detectó también mucha restricción y presión contra las organizaciones de la sociedad civil, claro, aquí obviamente no están incluidas en el informe las recientes, porque acaban de suceder, pero ya tuvimos una muestra de eso esta semana y va en aumento”, comentó.
“Y en estos retrocesos de los procesos normativos para los defensores de derechos humanos, como la Ley de Agentes Extranjeros, que estaba como la Espada de Damocles desde hace año y medio sobre las organizaciones sociales, ahora esa amenaza es una realidad., sostuvo Chávez.
Análisis del patrón de agresiones a personas defensoras
Gabriela Colocho, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), también integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, consideró que existe una sistematización de un “patrón de agresiones a personas defensoras y periodistas”, que utilizan para vulnerar los derechos más fundamentales de la población.
“Las agresiones individuales siguen siendo más recurrentes, afectando en un 51% al género masculino, un 47% al género femenino y 2% a personas LGBTIQ+. Y para las mujeres defensoras y periodistas las agresiones siguen estando vinculadas a la violencia de género como rasgo distintivo a diferencia de otros perfiles”, mencionó.
“Los casos colectivos aumentaron en un 30% respecto al período anterior, dato que sigue alertando sobre la ocurrencia de agresiones a comunidades defensoras, organizaciones, movimientos sociales y gremiales, como un mecanismo para desarticular procesos de reivindicación de derechos a través de las amenazas, la estigmatización, el hostigamiento judicial, la vigilancia y la restricción al ejercicio periodístico”, destacó Colocho.
En cuanto a los 533 casos documentados, Colocho agregó que esto genera una “Alerta” por el aumento en comparación al año 2023, que a pesar que el año pasado tuvo un contexto pre y post electora, esto revestía “preocupación”, por el aumento de la violencia sin tener el total de agresiones que se registran en el país.
Agresiones de tipo colectivo aumentaron en 2024
En una comparación entre 2023 a 2024, en las agresiones de tipo colectivo, Colocho indicó que están aumentaron en un 60.49%, y los ámbitos de defensa más afectados siguen siendo la libertad de expresión y prensa; al que se suma la violencia contra personas defensoras del medio ambiente, agua y territorio.
“El porcentaje de quienes defienden la verdad, justicia y reparación (1.88%), sufrieron agresiones; mientras las personas que defienden derechos LGBTIQ+ (1.69%), y a quienes defienden a mujeres (1.50%) vivieron estas agresiones”, informó.
“Las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fue la restricción de labor informativa, bloqueo de información, censura, amenazas, acoso y hostigamiento. Y a las mujeres defensoras, las agresiones más comunes fueron violencia de género en línea, acoso digital, ataques digitales, discursos de odio y acoso u hostigamiento físico entre otros”, reiteró Colocho.
En cuanto a los espacios de ocurrencia de los hechos, el IV Informe de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, identificó los espacios digitales como principales sitios de agresiones (55%), mientras en espacios públicos (42%) de casos. Y las agresiones en lugares privados (3%), lo que reflejaba un “cambio del entorno” que antes era exclusivamente digital.
“Esto implica que se ha trascendido de un escenario de violencia digital a uno con mayor riesgo de criminalización, de los cuales este informe ha documentado, al menos siete casos el 2024”, aseguró.
“Lo preocupante es que la mayoría de estos casos evidencian que estas agresiones son accionadas desde agentes estatales en un 45% de los casos, señalando a los agentes policiales y militares, diputados y diputadas y a la figura de Nayib Bukele como principales perpetradores”, reiteró Colocho.
Perfil Personas Defensoras Afectadas
El informe ordena en tres grupos el perfil de las personas defensoras, las que trabajan a escala territorial, personas defensoras de organizaciones de carácter nacional y sindicalistas, que mencionaron por su relevancia en los ataques que ha sufrido este grupo de defensores de derechos laborales.
“En los casos colectivos que ocurren en espacios públicos o digitales, en estos casos el 91% de estas agresiones se han registrado contra medios de comunicación, lo que atenta contra la libertad de expresión de periodistas, y otros colectivos de organizaciones y cualquier persona que defienda este derecho”, señaló.
“Un 5% de los registros documentados sobre estos casos colectivos han afectado a organizaciones de derechos humanos, y un 4% a organizaciones de base comunitaria. Y una de estas afectaciones son digitales, pero también, otras más amplias como el anuncio de la Ley de Agentes Extranjeros, una clara agresión al ejercicio de defensa de derechos”, consideró Colocho.
Estigmatización, descrédito y narrativas de odio
Sobre las constantes campañas de desprestigio a la labor que realizan las personas defensoras, Colocho señaló la “gravedad” de que exista un mensaje constante desde la institucionalidad que busca posicionar el “rol de enemigo” a personas que defienden sus derechos, que tiene trascendencia porque quienes la ejercen son funcionarios y otros actores que se unen a este tipo de narrativas.
“Esto sólo genera escenarios propicios para que estas agresiones sean muchas más graves, como las documentadas el año 2024. También están las agresiones al derecho a la integridad, derechos laborales que han ido en aumento. Y que en este año se evidencia con la detención del abogado Alejandro Henríquez, capturado por ejercer su derecho a defender derechos”, acotó.
“Eso confirma estas situaciones peligrosas que pasaron de la estigmatización a acciones específicas que afectan estos ámbitos de las personas defensoras, como la violación al derecho de reunión pacífica, el derecho a la información, derecho a la asociación y la igualdad. Todos estos derechos fueron vulnerados y están relacionados con los 533 casos que hemos documentado”, finalizó Colocho.
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