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El Salvador: la segunda mitad del siglo XX (I)

Luis Armando González

En su momento, se propusieron distintas denominaciones para los regímenes que iniciaron su ciclo en 1944, cuando se aborta la posibilidad de transitar hacia la democracia propiciada por el general Andrés Ignacio Menéndez. Las de mayor difusión fueron fascismo y dictadura militar, cuya carga ideológica –que enfatizaba más la descalificación que el análisis— impidió hacerse cargo de las características sociológicas y políticas tanto de las líneas de continuidad como de las particularidades de los distintos gobiernos militares (o cívico-militares) que hubo en el país desde 1944 hasta 1979.

En algunos momentos, concretamente en la década de los años setenta, la denominación más ajustada a la realidad fue la acuñada por Guillermo O’Donnel para referirse a los regímenes instaurados en esos años en América del Sur: regímenes burocrático-autoritarios. Con todo, dando por descontado la potencialidad analítica y conceptual del término puesto en boga por O’Donnel, hay una manera más descriptiva para referirse al largo periodo histórico que va de 1944 a 1979, y la misma consiste en verla como un periodo caracterizado políticamente por la militarización del Estado salvadoreño.

Como veremos a continuación, se trató de una fase marcada por los permanentes recambios en la conducción Estado, pero en todos esos recambios los militares jugaron un papel decisivo. Y no se trató solo de la intervención de figuras militares particulares, sino de la presencia permanente en la sociedad del estamento militar, que moldeó con su influjo tanto las estructuras estatales como distintos aspectos de la dinámica de la vida civil. Un ejemplo gráfico de esto último fue la militarización de las celebraciones de Independencia, en las cuales los rituales castrenses –desde los desfiles de armas hasta las marchas escolares— hicieron olvidar el carácter civil de la gesta independentista de 1821.

La presidencia de la República se militarizó no solo por el encumbramiento de coroneles o generales al Ejecutivo (ya fuera de facto o por elecciones fraudulentas), sino por la forma cómo se conducía el aparato de gobierno: los principales ministerios y vice-ministerios estaban controlados por militares que jerárquicamente dependían, como funcionarios y como subordinados, del presidente de la República. Se trataba de un presidencialismo militar con poderes extraordinarios, solo enfrentado tímidamente, y en situaciones excepcionales, por la Asamblea Legislativa o por la Corte Suprema de Justicia. El correlato político de esto era la exclusión de las opciones y las voces disonantes o que cuestionaban la forma cómo los militares conducían políticamente a la sociedad. Y el correlato socio-económico: la marginación de amplios sectores de la población que, a sus precarias condiciones de vida, aunaban las dificultades para organizarse y reclamar por el respeto de sus derechos no solo económicos y sociales, sino también civiles y políticos.

1. La fragua del Estado militarizado

Durante la época martinista1 (1931-1944) los militares tomaron posiciones claves en el aparato de Estado. Sin embargo, tras la caída del dictador se abrió la posibilidad de reencauzar al país por la senda del republicanismo democrático liberal, tal como lo pretendía el general Andrés Ignacio Menéndez (1879-1962). Es decir, al dejar el poder Hernández Martínez vientos de cambio soplaron en El Salvador. Así, las protestas que forzaron su salida no solo proporcionaron nuevo aliento al proceso de organización de los trabajadores –detenido violentamente en 1932—, sino que dieron paso a la irrupción política de las clases medias que se convirtieron, desde ese entonces, en agentes dinamizadores del cambio político.

Desde los preparativos de la “huelga de brazos caídos” hasta su culminación exitosa, el papel de los sectores medios fue decisivo. Florecieron distintos partidos políticos –Partido Unión Democrática (PUD), que aglutinaba a los romeristas; el Partido Fraternal Progresista, del general Antonio Claramount Lucero; Partido Unificación Social Demócrata (PUSD), al que se vinculaba el general Salvador Castaneda Castro; el Partido del Pueblo Salvadoreño (PPS), de Cipriano Castro; el Frente Social Republicano, de Napoleón Viera Altamirano; y el Partido Agrario, de las familias cafetaleras y sus socios en las finanzas.

A su vez, se abrió un intenso debate constitucional, en el cual tuvieron participación líderes políticos, editorialistas, militares, sindicalistas, profesionales, estudiantes universitarios e intelectuales. A partir de ese momento, y a lo largo del siglo XX, las clases medias han estado presentes, como protagonistas, en las principales etapas del proceso socio-político nacional. Junto a ellas, a partir de 1932, los “militares jóvenes” comienzan a representar una tendencia, al interior del Ejército, de resistencia a los militares de línea dura, más conservadores y reacios a aceptar cualquier reforma-alteración del orden establecido.

Esas dos tendencias van a coexistir en el país, pactando y haciéndose concesiones mutuas, desde que los militares asumen la conducción del aparato estatal, primero con el golpe de Estado de Hernández Martínez y, después, con el golpe de Estado que entroniza en el gobierno a Osmín Aguirre y Salinas2. Es precisamente con el arribo al poder de este último que se inicia la fragua del Estado militarizado, en cuyo seno se van a disputar la preeminencia las dos corrientes militares apuntadas. A partir de este momento se ahoga el renacer del movimiento popular y de las clases medias, suscitado en el marco de la caída de Hernández Martínez, y se comienza a encauzar la historia del país por la senda del militarismo, la exclusión política y la marginación socio-económica de la mayor parte de la población.

Y es que, desde los inicios de su gobierno, Aguirre y Salinas intentó controlar a los grupos opositores que tenían como principales líderes a Miguel Tomás Molina y Arturo Romero, quienes dieron vida al “romerismo”, un movimiento de defensa de las libertades cívicas que aglutinó a los más relevantes opositores al militarismo y que se institucionalizó en el PUD. Asimismo, Aguirre y Salinas hizo cuanto estuvo a su alcance para controlar el movimiento sindical, aglutinado en torno a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). En este propósito no escatimó las medidas de fuerza, como fue el aplastamiento de una revuelta en el Barrio San Miguelito, el 8 de diciembre de 1943, así como la respuesta violenta a una invasión, lanzada por la oposición, proveniente de Guatemala.

Las actividades represivas del gobierno se enmarcaron en un “Estado de sitio”, al que se agregó la “Ley marcial”, declarada prácticamente desde el arribo al poder de Aguirre y Salinas, la “cual se mantuvo vigente durante casi todo su mandato. En los primeros días contó con el respaldo aparentemente unánime de la oficialidad. Cuando el 6 de octubre el Gral. Andrés I. Menéndez publicó unas declaraciones en que relataba con pormenores la forma en que había sido destituido contra su voluntad por la Junta Militar, centenares de oficiales de los diferentes servicios y unidades militares, de tenientes para arriba, firmaron uno de los manifiestos más virulentos que recuerda la historia política del gremio castrense salvadoreño, declarando ‘traidor a la Patria y al Ejército’, ‘hijo indigno del Ejército Nacional’ y ‘merecedor de la degradación y de todas las sanciones dispuestas en la vida del Ejército’, al expresidente Menéndez”4. La contrapartida de este rechazo oficial era el respaldo popular que el general Menéndez recibió el 20 de octubre de 1944, cuando se realizó una tumultuosa manifestación en apoyo suyo, que congregó a unas 15 mil personas contrarias a los martinistas y a Aguirre y Salinas5.

En esta coyuntura, también la pasó mal Miguel Tomás Molina6, quien durante el gobierno de Andrés I. Menéndez no solo fungía como presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino como primer designado a la presidencia. Sus ideales y actitudes liberales y democráticas no iban bien con el nuevo régimen, que no titubeó en forzarlo al exilio en Guatemala. “El veterano caudillo liberal-demócrata Dr. Miguel Tomás Molina, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y designado presidencial, que denunció con valentía como inconstitucional al nuevo jefe del Ejecutivo, argumentando que él (…) era primer designado, comenzó de inmediato a ser hostigado y tuvo que refugiarse en Guatemala”7.

Miguel Tomás Molina fue castigado por ser consecuente con el espíritu y la letra de la Constitución de 1886. Antes, durante la etapa de terror martinista que siguió a la huelga de brazos caídos, ya había dado muestras de su compromiso constitucional, al encabezar a un grupo de abogados que “irrumpió en las oficinas que entonces tenía el Tribunal Supremo en el costado sur del Palacio Nacional, para recriminar a los señores magistrados por su obediencia servil a la dictadura martinista, al no tramitar centenares de recursos de exhibición personal solicitados a favor de personas desafectas al régimen, que guardaban prisión injustamente”8.

De nuevo, en octubre de 1944, el líder demócrata intentó –ante la amenaza de un nuevo régimen militar— defender los ideales republicanos. Nada pudieron la razón y el derecho ante la fuerza de las armas. Siendo coherente con sus principios, se proclamó presidente provisional desde Guatemala, donde organizó un gobierno salvadoreño en el exilio. “El gobierno salvadoreño en el exilio estaba integrado, además del Dr. Molina como presidente, por personalidades como el Dr. Romeo Fortín Magaña, el Dr. Sorbelio Navarrete, el coronel Ascencio Menéndez, el teniente Willy Fuentes Castellanos y el teniente Julio Adalberto Rivera”9.

Obviamente, ese desafío fue encarado por el gobierno golpista, primero, estableciendo una base de operaciones militares en Santa Ana y, segundo, tratando de dotarse de la legitimidad necesaria. “El Ejército trató de demostrar la legitimidad y legalidad del mandato provisional del Cnel. Aguirre y Salinas, respaldándose en el Artículo 132 de la Constitución de 1886, que otorgaba a la Fuerza Armada la función de ‘guardar el orden público y hacer efectivas las garantías constitucionales’. El mismo Cnel. Aguirre y Salinas aseguró que solo borraría del escenario a los agitadores y provocadores comunistas, pero la represión policíaca en los cinco meses de su gobierno abarcó a todas las fuerzas antimartinistas que levantaban la bandera del romerismo: veteranos dirigentes liberales, sindicalistas de la UNT, profesionales jóvenes, directivos de la ADS y el PUD, estudiantes universitarios, e incluso el grupo de funcionarios del Banco Hipotecario en torno a su director delegado Don Mario A. Sol, que se habían opuesto a la hegemonía de los cafetaleros santanecos del grupo Regalado. Algunos dirigentes del PCS buscaron asilo político en las embajadas de Perú y Guatemala”10.

Es decir, Aguirre y Salinas no estaba interesado en ceñirse a la Constitución de 1886, sino consolidarse por la fuerza en el poder del Estado. Esto fue justamente lo que hizo durante los cinco meses que ejerció su mandato como presidente golpista. Y es que, después de gobernar con mano dura durante esos cinco meses, convocó a elecciones presidenciales, asegurándose, por todos los medios a su alcance, que el ganador fuera el general Salvador Castaneda Castro.

La culminación de este proceso de sucesión presidencial fue acompañada, como se volvió usual desde entonces, por un intento de legitimación constitucional, en virtud del cual cada gobierno militar pretendió revestirse de legalidad. En efecto, respaldado por los cafetaleros, Castaneda Castro asumió la presidencia, no sin una fuerte resistencia sindical y social, el 1 de marzo de 1945. Al mismo tiempo, fue elegida una Asamblea Constituyente que se encargaría de elaborar una nueva Constitución política.

1. Hay quienes usan la expresión “martinato”, pero el autor de este ensayo prefiere la palabra “martinista”, por estar en sintonía con expresiones del mismo tipo referidas a otros regímenes o formas de ejercer el poder como “fascista” o “franquista”. No sonaría bien usar “fascinato” o “franconato”.

2. Las principales características del militarismo salvadoreño desde 1931 hasta 1979 han sido tratadas por el autor en la sección “Las últimas décadas del siglo XX”, de la Enciclopedia de El Salvador. Barcelona, Océano, pp. 289 y ss. También en L. A. González, Izquierda marxista y cristianismo en El Salvador. México, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO-Sede académica de México, 1994, pp. 72-77.

3. En esta revuelta tuvo un papel destacado el Dr. Francisco Chávez Galeano, quien se enfrentó a tiros con la policía, matando a algunos de ellos antes de caer muerto. Cfr., J. M. Castellanos, El Salvador 1930-1960. Antecedentes históricos de la guerra civil. San Salvador, CONCULTURA, 2002, p. 167.

4. Ibíd., pp. 165-166.

5. Cfr. El Diario de Hoy, Centuria. Los hechos y personajes del siglo XX en El Salvador. San Salvador, 1999, p. 54.

6. Otras víctimas, estas mortales, del régimen de Aguirre y Salinas fueron Adela Suncín, asesinada en su casa de habitación, Altagracia Kalil, asesinada en una calle de San Salvador. Además de ellas, hay registro de las muertes de los bachilleres Manuel Ariz, Herbert Lindo y Víctor Manual Arango, y el profesor Julio Pineda, asesinados en Llanos del Espino, departamento de Ahuachapán, el 12 de diciembre de 1944. Cfr., J. M. Castellanos, El Salvador 1930-1960…, p. 167.

7. Ibíd., p. 166.

8. R. A. Carballo, Un fragmento olvidado de nuestra historia. San Salvador, Editorial Delgado, 1997.

9. El Diario de Hoy, Centuria…, p. 55.

10. J. M. Castellanos, El Salvador 1930-1960…, p. 166.

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