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Gloria Silvia Orellana
@SiliviaColatino
Santos* observa desde una terraza la reunión de las víctimas con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las organizaciones sociales que han acompañado el proceso jurídico de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida en diciembre de 1981.
“Jamás me imaginé que iba a pasar algo así, que las víctimas pudieran al fin contar sus desdichas y que haya justicia. Nadie puede decir que fue mentira, si con la familia atendimos a Rufina Amaya, cuando llegó toda sucia de tierra, lastimada y nosotros la cuidamos, fue espantoso todo lo que nos contó, fue tremendo, esos niños asesinados”, recordó.
Wilfredo Medrano, abogado acusador y representante de los familiares de las víctimas en el caso de El Mozote y sitios aledaños, confía que con la visita de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el proceso judicial se agilice, a partir del informe que enviarán al Estado salvadoreño para resarcir el derecho a justicia de los sobrevivientes.
“El proceso penal histórico que se lleva en el Tribunal Primero de Segunda Instancia, en San Francisco Gotera, Morazán, está en la fase de instrucción. El juez Guzmán expresó que toda esa prueba que se encuentra acreditada está lista para llevarla a vista pública”, expresó.
La masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, se considera como uno de los casos más emblemáticos en cuanto a la represión militar del Estado salvadoreño, hacia la población civil. Que fue ejecutada por el Batallón Atlacatl, unidad militar que fue preparada en la Escuela de las Américas, institución del ejército estadounidense.
Wilfredo Medrano, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, consideró que los elementos testimoniales, los informes forenses, las inspecciones oculares y las pruebas de laboratorio y genéticas conforman toda la evidencia que pueden ser discutidas ya, en una vista pública.
“En esta etapa hay abundante prueba científica -el mismo juez lo expresó- ante los jueces de la CIDH, que uno de los obstáculos ha sido la falta de apoyo del Órgano Judicial, como negarle la facilitación para que las antropólogas forenses argentinas presentaran su informe pericial de las exhumaciones que realizaron. Es una vergüenza que ellas asumieran los costos para venir y colaborar con este proceso histórico, cuando pudo el Estado ayudar a fortalecer la justicia en nuestro país”, manifestó.
El recorrido en El Mozote y la reunión con víctimas en Arambala fue importante, según reconoció el magistrado Humberto Sierra Porto, que reiteró en su mensaje que uno de los retos más importantes para América Latina es reconstruir su memoria histórica a partir de estos hechos y unirse en su conmemoración para no volver a repetirlos.
“El significado de nuestra presencia aquí (El Mozote) es una actividad eminentemente judicial, de verificar el cumplimiento de algunos de los puntos de la sentencia. Así como en qué nivel están hasta este momento. Hemos recibido la información por parte del Estado y por parte de los representantes de las víctimas y las observaciones que tienen las víctimas, en un recorrido consensuado”, afirmó.
El magistrado Sierra Porto reconoció, además, la disposición del Estado salvadoreño de recibirlos y facilitar su desplazamiento en el territorio nacional y reunirse por los actores sociales vinculados al caso de El Mozote y sitios aledaños.
“La Corte Interamericana en Derechos Humanos solo puede llegar donde los Estados nos invitan y aceptan la presencia de la Corte que como órgano internacional su esencia, autoridad y sus actividades que desarrolla tienen que contar con la voluntad y consenso de los Estados miembro al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, declaró.
Para Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresó que sobre los temas prioritarios de resarcimiento social como salud y educación hace falta mayor esfuerzo para consolidar su acceso y su universalidad.
“Nosotros reconocemos que el centro de salud de El Mozote es importante, pero todavía falta trabajar en eso, porque aún hay gente, digamos, como los que vienen de otros caseríos como La Joya, tienen que caminar una hora para acceder a la salud. Lo mismo ocurre con el centro escolar El Mozote que tendrá bachillerato, pero en otros caseríos no cuentan con ese nivel de estudios, así que hay que trabajar mucho en esto, así como los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica”, manifestó.
En su valoración general de la visita, Gisela de León calificó de “significativa” la presencia de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las víctimas de la masacre de El Mozote, que les ha permitido llevar sus impresiones jurídicas y personales sobre el cumplimiento de la sentencia.
“Yo creo que lo mejor (de la jornada) es que las propias víctimas pudieron dirigirse a los jueces con sus demandas y también es importante que los jueces vean la realidad en la que viven las víctimas, a seis años de emitida la sentencia. Y otra cosa fue que los jueces se dieron cuenta de la magnitud del proceso judicial de El Mozote y lo que está viendo el juez, que necesita más apoyo del que está teniendo, porque es un juzgado mixto, y no solo atiende casos penales, sino también civiles y el proceso es enorme no solo por la cantidad de víctimas, por la cantidad de territorio que toca, sino también por los imputados que cada uno tiene un defensor y esto lo hace más complejo. Lo importante de todo es que el juez de San Francisco Gotera necesita mucha ayuda con este caso”, sostuvo.
Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal María Julia, reseñó que sin importar el tiempo que pase o los gobiernos de turno, el cumplimiento de las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento.
“Estamos conscientes que un gobierno de derecha podría ser un retroceso al crear una retardación indebida de justicia o seguimiento del proceso judicial, pero que tienen que ser asumidos, es una obligatoriedad”, concluyó.
