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José M. Tojeira
Hace cinco años leíamos con horror en los medios los datos de un operativo policial que terminó en la ejecución extrajudicial de dos personas y en el asesinato de un policía, nunca se investigó si intencional o casual, por parte de otros policías. El caso fue conocido por el nombre del cantón donde sucedió, Las Piletas, en el departamento de La Paz. La PDDH lo definió como una ejecución extrajudicial. Los datos que aparecieron en medios escritos eran alucinantes. Ocho impactos de bala en la espalda de la mujer asesinada y 29 balazos en la humanidad de su esposo, incluyendo tres tiros de gracia en la cabeza. La escena del crimen fue manipulada para poder acusar de delincuentes armados y agresivos a las personas asesinadas. La ejecución extrajudicial fue debidamente analizada por el periodismo independiente, cuenta con suficientes testimonios y con una historia de contexto sobre violencia policial evidente. Sin embargo, a más de cinco años de lo sucedido, la Fiscalía no ha presentado todavía el requerimiento fiscal necesario para que el caso pase a etapa judicial.
¿Qué significa esto? En primer lugar que la PNC y la Fiscalía tienen responsabilidad conjunta en el encubrimiento de una ejecución extrajudicial con signos de una extraordinaria brutalidad. Como de costumbre se podrán echar la culpa unos a otros, Fiscalía y Policía. Pero la realidad es que ambas instituciones no muestran mayor interés en defender la vida de los pobres y tienden siempre, en el primer momento, a actuar conjuntamente en favor de la impunidad policial, dando por buena la versión de los agentes, por disparatada o reñida con la realidad que sea. A la gente común no les queda otro remedio que acudir a la Procuraduría de Derechos Humanos o a las instituciones de la sociedad civil que velan por la defensa de los mismos derechos. Y esperar a ver si su caso despierta el interés de los medios de comunicación, y si eso moviliza a las instituciones estatales, perezosas y somnolientas a la hora de defender los intereses de los pobres.
Recientemente se ha presentado un habeas corpus en favor del derecho a la justicia que tienen los familiares de las víctimas de las Piletas y acusando a la Fiscalía de violar los derechos de las víctimas por su larga inacción e inoperancia.
Habrá que ver si la Sala de lo Constitucional acepta el reclamo y da una adecuada resolución al mismo, y en cuánto tiempo la da. En la conversación común, cuando se habla del sistema de justicia, se suele decir que con facilidad se mete preso al ladrón de gallinas mientras se deja en libertad a quien robó millones, especialmente cuando se le roba al Estado. Sin negar esa tendencia del sistema de justicia de favorecer más a los ricos que a los pobres, el tema es todavía más grave. Como ya decía Juan Pablo II el año 2003, existe en el mundo una verdadera “guerra de los poderosos contra los débiles” que crea profundas desigualdades. Y en El Salvador, desgraciadamente, no acabamos de darnos cuenta de que vivimos en un sistema de guerra contra los pobres. El Estado se preocupa primero de tener satisfechos al 0.5 % más rico de la población. Después se preocupa por un 20 %, o un poco más, de quienes tienen estabilidad económica y bienestar. Y finalmente reparte migajas de desarrollo a casi el 80 % de la población a la que deja en realidad en un alto grado de abandono y la mala atención.
¿Cómo no va a haber violencia en un sistema socioeconómico como el nuestro que es estructuralmente violento? La violencia, sea física, sicológica o legal, está enraizada en la cultura, las actitudes y se expresa en muy diversos actos. Lo lamentable es que en aquellos profesionales que les gusta decir que la justicia es ciega, igual para todos, inflexible y un largo etcétera, se dé al mismo tiempo la tendencia a cerrar los ojos ante las injusticias que se cometen con los pobres.
Una Fiscalía incapaz de buscar justicia efectiva durante cinco años en un crimen como el de las Piletas, una policía incapaz de colaborar en la justicia cuando el crimen lo cometen sus miembros, son parte de la basura que necesita limpieza en nuestra historia. Algo más serio que poner tres años de prisión preventiva a los pobres, violando sus derechos de pronta justicia y presunción de inocencia.
