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Blanca Flor Bonilla,
Luchadora social y diputada del PARLACEN
Entre las concepciones más aceptadas sobre la corrupción se reconoce el abuso del poder para beneficio propio o de determinados grupos. Sus efectos son muy negativos porque implican la apropiación ilegítima y/o ilegal de recursos públicos extraídos de toda la sociedad, en lugar de ser utilizados para atender las principales problemáticas sociales del país por medio de políticas públicas, con lo que, además, se acentúan las desigualdades sociales.
Según el PNUD, con la corrupción se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. Es un delito grave que frena el desarrollo económico, social, democrático y la paz en todas las sociedades y promueve la violencia. Su valor monetario equivale a más del 5 % del PIB mundial.
En la actualidad, se reconoce que en el proceso de corrupción no basta la identificación de funcionarios públicos, sino que debemos saber cuáles empresas nacionales o transnacionales, así como otros agentes que no son del sector público, participan de la corrupción junto con esos funcionarios. Como ejemplo, la CICIG en logró desmantelar muchas estructuras criminales que se habían convertido en redes político-económicas ilícitas durante sus doce años de operación, sin embargo, quedaron otras en funcionamiento y, finalmente, el Gobierno guatemalteco expulsó del país a esta institución.1
En el caso de El Salvador, diversos medios de prensa independiente e investigativa han mostrado indicios sobre corrupción en los últimos gobiernos de El Salvador, incluyendo al presente, gracias a la institucionalidad creada durante los gobiernos del FMLN relacionada con la transparencia y la rendición de cuentas. Sin dicha institucionalidad, nada se sabría sobre posibles casos de corrupción en el país.
Cada caso con indicios de corrupción debe ser investigado responsablemente, con la finalidad de hacer justicia a la sociedad cuando efectivamente se hallan llevado a cabo prácticas de corrupción, teniendo el cuidado de que el poder judicial no sirva a intereses o vendettas personales o político-partidarias de quienes ocupan cargos públicos y ostenta el poder otorgado por el pueblo salvadoreño.
En los recientes meses, la prensa investigativa e independiente en El Salvador ha evidenciado indicios de corrupción en el manejo de los fondos públicos recaudados o provenientes del endeudamiento de toda la sociedad salvadoreña, relacionados con la atención de la pandemia por COVID-19, a partir de la compra de medicinas o equipo médico que no garantiza los estándares de calidad, con la contratación de proveedores sin experiencia y con la incorporación en puestos clave gubernamentales de personas que no cubren los requisitos que las sociedades meritocráticas y democráticas demandan.2
La Fiscalía General de la República se encuentra investigando el uso irregular de fondos utilizados durante la emergencia por la pandemia por parte del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Hacienda y de dos instituciones autónomas. También se investiga al Ministerio de Salud por indicios y sospecha de ilegalidades en dos terceras partes de las compras de insumos médicos, donde presumiblemente se han adjudicado arbitrariamente contratos millonarios en favor de funcionarios del mismo gobierno o de sus familiares o allegados. En este último ministerio, la PNC ha sido instrumentalizada con fines político-partidarios, pretendiendo obstaculizar la investigación3, degradando todavía más la frágil institucionalidad democrática conquistada.
Causas y medidas de prevención.
Analistas internacionales distinguen grandes factores generadores o que contribuyen a perpetuar la corrupción: las sociedades ven la corrupción como parte de su cultura o como un valor; impunidad o falta de legislación anticorrupción adecuada; acentuada desigualdad social; mal funcionamiento o debilidad de las instituciones públicas; ausencia de contrapesos políticos; y ausencia de un sistema de rendición de cuentas.
La lucha anticorrupción se ha concebido en casi en todos los Estados desde el castigo, sin tener mayor efectividad, desestimando su prevención. Algunas ideas sobre esto último son: sensibilización de valores en el sistema educativo; instrumentos específicos para la implementación de un sistema de monitoreo y control; contabilidad del presupuesto público que se actualice en tiempo real para detectar desvíos de dinero; y aplicar las leyes sin excepciones.
Se puede afirmar que la corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura destructiva de impunidad, siendo un cáncer en el Estado, pero también en la sociedad en conjunto. Por ello, el combate a la corrupción le atañe al gobierno, pero también al empresariado y la ciudadanía en general. Desde su espacio, cada sector tiene algo que aportar para erradicar este grave problema.
1. Rodrigo Baires Quezada. Entrevista a la exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana. Revista Factum. 4 septiembre 2019. El Salvador.
2. Wilson Sandoval. En tiempos de emergencia, la corrupción también mata. El Faro. Lunes, 23 de marzo de 2020. El Salvador.
3. Editorial Periódico Digital El Faro. Una Policía para tapar la corrupción. Martes, 17 de noviembre de 2020. El Salvador,
