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A juicio de Araujo, a todas estas personas, el Gobierno de Bukele las busca silenciar por su razón de defender derechos humanos. A ello se le suma, la Ley de Agentes Extranjeros con la que el Gobierno “quiere callar a todas las ONGs de defensa de derechos humanos”.
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El analista político, Carlos Araujo, dijo en “Encuentro TV” que el caso de la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López “viene a reconfirmarnos de que en El Salvador hay presos políticos”.
Ruth López es una abogada salvadoreña, defensora de derechos humanos y crítica del Gobierno, ha presentado denuncias, avisos y hasta demandas por corrupción en el actual gobierno.
Carlos Araujo explicó en el espacio de entrevista con Julio Villagrán que desde mayo del presente año se ha escalado las acciones represivas por parte del Gobierno de Bukele, pues esta inició con la captura de los empresarios del transporte colectivo.
“Eso lo hemos hablado mucho en diferentes momentos. La prensa internacional también ha hablado mucho de esa escalada represiva en El Salvador, que fue inclusive motivo por el cual el presidente reclamó en su discurso del primero de junio también a la comunidad internacional y a los medios internacionales sobre los señalamientos que le estaban haciendo”, comentó Araujo.
De hecho, en una lista rápida, se puede plantear a los empresarios de transporte que supuestamente brindaron un servicio irregular en la semana que el transporte iba ser gratuito para la población, la detención de Fidel Zavala y las órdenes de captura contra Ivania Cruz y Rudy Joya, los tres, defensores de DDHH acusados de supuestas agrupaciones ilícitas. Ruth López con el supuesto caso de enriquecimiento ilícito, Alejandro Henríquez y Ángel Pérez de la Cooperativa El Bosque acusados de desórdenes públicos.
También, las autoridades estatales han acosado a la defensora de DDHH Ingrid Escobar, pues han llegado agentes policiales a su vivienda como forma de intimidación.
A juicio de Araujo, a todas estas personas, el Gobierno de Bukele las busca silenciar por su razón de defender derechos humanos. A ello se le suma, la Ley de Agentes Extranjeros con la que el Gobierno “quiere callar a todas las ONGs de defensa de derechos humanos”.
“En el caso de Ruth, tiene un impacto internacional más grande por su función en Cristosal, un trabajo muy institucional, muy serio, respaldado con temas legales, con denuncias y pruebas a las instituciones formales de este país que ha venido haciendo, denunciando y pidiendo cuentas al Estado sobre temas de corrupción”, enlistó Araujo.
El analista político enfatizó que la Ley de Agentes se promovió y aprobó por aquellas organizaciones que piden rendición de cuentas al poder.
“Lo que pasa es que a este gobierno no le gusta que le cuenten las costillas, no le gusta que le piden cuentas y, por lo tanto, en la medida de que salen por diferentes lugares tantos reclamos, tantos señalamientos de ocultamiento de información, de corrupción, que destapa el periodismo investigativo incluso, pues no le gusta y lo que trata ahora es de silenciarlo. ¿Por qué? Porque ya les está afectando”, enfatizó Araujo.
Esa afectación se puede demostrar también con la caída de la imagen presidencial según la más reciente encuesta del Centro de Opinión Pública (COP), cuya simpatía hace un año era del 80%, y hoy 55%. Bukele ha bajado cerca de 30 puntos, dijo.
