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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La sala de 4 × 20 metros cuadrados del juzgado Primero de Segunda Instancia, en San Francisco Gotera, Morazán no dio abasto a más de sesenta personas que concurrieron a la audiencia de intimación contra diecisiete militares de alto rango, por nuevos delitos en la Masacre de El Mozote ocurrida en la década de los años ochenta, en el marco del conflicto armado interno del país.
Las nuevas acusaciones están relacionadas a la torturas, desplazamiento forzado y desapariciones forzadas pese a la rigurosidad judicial del juez Jorge Guzmán Urquilla. Algunos imputados dieron muestras que la confrontación social, a tres décadas a從 persiste.
“Es una cosa que está parcializada, muchos de estos que están aquí acusándonos (señala a las víctimas) saben de las groserías que hacía el FMLN, en particular el ERP que comandaba Joaquín Villalobos; mandaban a los -Samuelitos- que eran niños que mandaban a la guerra con explosivos”, dijo en tono alterado el ex comandante de la Fuerza Aérea Juan Rafael Bustillo.
Por lo que el juez Guzmán pidió “respeto a las víctimas”, mientras que el abogado defensor afirmó que era su costumbre de “voz de mando”.
Sin embargo, María del Rosario Sánchez sobreviviente de la Masacre La Joya que perdió a veinticuatro de sus familiares, en la incursión del ejército el 11 de diciembre de 1981, lo refutó y agregó: “le pido que no nos ofenda (Bustillo), creo que a él no le hubiera gustado que masacran a toda su familia”.
“Nosotros no sabemos nada de lo que hacía el FMLN. Los niños que murieron eran inocentes (en La Joya), solo de mi familia fueron veinticuatro asesinados, mi hermana Priscila fue violada y allí murieron aproximadamente treinta y siete personas masacradas, señaló Sánchez.
“Les pido por favor respeto a las víctimas y no utilicen esas palabras, somos gente pobre y tenemos roto aún el corazón, agradezcan que aún están libres, porque nosotros solo lo que queremos es justicia y perdón por las atrocidades”.
La lectura de los nuevos cargos también permitió a los militares, expresar sugerencias sobre posibles actores intelectuales de este tipo de incursiones militares, como la Operación Rescate, en el Norte de Morazán en los años ochenta.
“Nosotros solo obedecíamos órdenes y cumplíamos con la obligación”, dijo el general José Guillermo García, a manera de explicar las circunstancias que llevaron a la Fuerza Armada a cometer delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, como lo declaró el juez Guzmán el 12 de diciembre de 2018.
“Hay que buscar la reconciliación, en la guerra todos perdimos a alguien, son 11,600 militares fallecidos”, indicó. Mientras los otros militares se abstuvieron de declarar en la audiencia de intimación.
Ovidio Mauricio González coordinador de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández consideró acertado el trabajo del juez Guzmán, en que rigió el derecho de imputados y víctimas.
“El juez ha explicado claramente el por qué de los nuevos cargos. Algunas de las declaraciones vertidas por los imputados, como investigar a miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno (tercera), que relaciona a general Jaime Abdul Gutiérrez y el ex presidente demócrata cristiano José Napoleón Duarte, aduciendo que no están siendo acusados todos los que conformaban el Estado Mayor de la Fuerza Armada”, expresó.
No obstante González considero, que las declaraciones sobre el cumplimiento de órdenes o que se trataba de una “guerra irregular”, no era
“Para nosotros, siguiendo los tratados internacionales en materia de derechos humanos, una guerra interna y si la población está involucrada en esa guerra; involucrada no solo porque forman parte de los ejércitos de ambos bandos en contienda, sino también la población como víctima que estaba en medio de los dos ejércitos”, reafirmó.
Datos oficiales dan cuenta que solo en la masacre de El Mozote fueron asesinados 220 hombres, 200 mujeres, 248 niñas y 293 niños dejando establecido que más de la mitad de las víctimas eran menores de edad.
La asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y Cristosal demandaron también de la Asamblea Legislativa, que acaten las medidas provisionales del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les obliga a tramitar y aprobar una Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, den garantía a las víctimas de un resarcimiento moral, social y económica, así como la garantía de no repetición de este tipo de hechos.
