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Texto: Gloria Silvia Orellana
Fotos: Rosy Monterrosa/Alfredo Carías
El 28 de julio del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 64/292, reconoció “El derecho humano al agua y al saneamiento”, señalando que el acceso al agua potable, limpia y el saneamiento son “esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.
Con este antecedente de la norma jurídica internacional, en El Salvador “el agua y la mujer” mantienen una íntima relación desde el abastecimiento, el tipo de distribución, ya sea domiciliar o pública. Así también, la compra a pipas o el acarreo en afluentes naturales.
A 12 kilómetros del casco urbano del municipio de El Paisnal, el caserío El Verdío, del cantón San Antonio Grande, las mujeres han tomado el reto de desarrollarlo. Y una de sus metas es un sistema de agua comunitario, para que todas las familias obtengan el servicio del agua domiciliar. Y dejen de acudir al “chorro” para lavar, bañarse y proveerse de agua para la preparación de alimentos y oficios del hogar.
Ana Castaneda Rodríguez, de 71 años, reside en El Verdío, desde hace 45 años, y ha visto muchas generaciones crecer y considera que, en los últimos años, las mujeres han tomado un papel importante, no solo en la construcción de una casa comunal para la comunidad, sino en la defensa del derecho humano al agua.
“Necesitamos ayuda todavía para culminar la casa comunal, pero ha habido un cambio, en la forma de trabajar dentro de la comunidad, en donde cada mujer aporta tiempo y trabajo”, dijo en apoyo a la nueva lucha por el agua domiciliar para todas las familias de El Verdío.
Por otro lado, la reforma constitucional avalada por la Asamblea Legislativa el pasado mes de octubre, a los artículo 2 y 69 de la Constitución de la República, aún genera en el movimiento social inquietud en su implementación.
El artículo 2, con su reforma, señala: “Toda persona tiene derechos a la vida, al agua y su saneamiento”, mientras en el artículo 69 señala que “Es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público”.
El gesto de ese órgano del Estado salvadoreño, que demoró tres legislaturas y acompaña la incertidumbre de su ratificación, luego de las elecciones de febrero del próximo año, también le faltó incluir en el texto de la reforma la “gestión pública del agua”.
A 13 años de la lucha social por el agua, se ha permitido una generación de anteproyectos alternativos y propuestas de gestión de cuencas hidrográficas, provenientes desde las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y la academia, que son la contraparte para salvaguardar lo poco que queda de un territorio en crisis hídrica, en donde las autoridades gubernamentales de Medio Ambiente han reconocido que los “acuíferos de San Salvador y de la planicie costera central han sido sobrexplotados” y que el agua no es un recurso infinito.
