Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
“A los inversionistas extranjeros les da miedo invertir en el país, por lo errático, no saben cuáles son los objetivos de la economía salvadoreña a mediano y largo plazo”
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La economista Julia Evelin Martínez señaló que la deuda pública en el gobierno de Nayib Bukele no ha servido para el desarrollo social, sino, para enriquecer más a un sector de la sociedad, incluyendo a sus familiares y allegados.
“Esta deuda que ha contraído el gobierno del clan Bukele, hermanos y compañía, es una deuda injusta e inmoral, porque no ha favorecido el bienestar de la mayoría de salvadoreños, sino que ha recrudecido la pobreza y ha aumentado la desigualdad de la sociedad salvadoreña”, afirmó en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
De acuerdo al más reciente informe de la CEPAL, elaborado con cifras del BCR, el 56.4% de las familias se encuentra en situación de pobreza multidimensional, que mide no sólo la pobreza en términos monetarios, sino también las carencias que tienen las familias en vivienda digna, seguridad social, accesos a servicios de salud y educación pública de calidad, alimentación y cuidos para la niñez y adolescencia.
Este dato coloca a este país en el segundo lugar de países en esta condición en América Latina y el Caribe, después de Haití
Martínez dijo que, de acuerdo al último informe de la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra el Hambre, programa financiada por USAID, en el mes de mayo de 2025 la población salvadoreña con necesidad de asistencia alimentaria humanitaria, es decir, que experimentó hambre y no pudo satisfacer su necesidad de alimentación y debió recurrir a donaciones, llegó 249,000 casos.
“Según los datos del Banco Central de Reserva (BCR), de cada 100 personas que tiene un empleo en El Salvador, 70 son del sector informal de economía en condiciones de precariedad laboral, sin derechos sociales que están consagrados en la Constitución de la República y el Código de Trabajo, por eso, solo 2 de cada 10 personas adultas mayores tiene una pensión de vejez”, explicó.
Asimismo, enfatizó que el Censo de Población 2024 mostró que entre 2007 y 2024 el número de familias viviendo en piezas de mesones pasó de 19,396 a 21,859, un incremento de 2,533 familias que viven en condiciones de hacinamiento en espacios de 4 metros por 4 metros, con baño compartido con otras familias.
La causa principal es el alto costo de la vivienda y de los alquileres, el 24% de estas familias que habitan en mesones se encuentran en situación de pobreza extrema.
Sostuvo que, hasta marzo de este año, el nivel de endeudamiento alcanzó los 32.490.8 millones de dólares equivalentes al 87% del Producto Interno Bruto (PIB), de lo cual, el 32% pertenecen a la deuda previsional o deuda con el Fondo de Pensiones.
Recalcó que el objetivo de la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada el pasado 10 de junio, es lograr un marco fiscal de mediano y largo plazo, para tener en el año 2030 una disminución escalonada de la deuda pública, actualmente
de cada dólar producido durante un año en El Salvador, 87 centavos ya están comprometidos al pago de la deuda pública.
“Ya sea responsabilidad fiscal o sostenibilidad social, el objetivo es controlar un poco el problema del endeudamiento y que pase por ciertos filtros o instancias, que verifiquen si la deuda pública que el gobierno va a contratar realmente es necesaria, para lograr los objetivos del crecimiento económico y del desarrollo social”, externó la economista.
Haciendo comparaciones con otros países centroamericanos, el nivel de endeudamiento de El Salvador es uno de los más altos de Centroamérica y el Caribe, con el grave problema que solamente puede financiarse en dólares, ya sea con bancos privados, nacionales e internacionales, a diferencia del resto de países que pueden endeudarse con su moneda local.
El nivel de riesgo país no baja, sigue siendo el más alto, porque la inversión extranjera directa, en lugar de subir en El Salvador disminuye, el año pasado se redujo en aproximadamente 78 millones de dólares y siguió siendo la más baja de toda Centroamérica y el Caribe.
De las condiciones que estableció desde el principio el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el préstamo de mil cuatrocientos millones de dólares, el gobierno ya cumplió la reducción de la masa salarial, han sido más de once mil plazas suprimidas dentro del sector público, incluyendo hospitales, escuelas y Ministerios.
Además, ya aplicó la reducción en los presupuestos de ciertos ministerios e instituciones públicas, así como el recorte presupuestario en el gasto corriente, se ha congelado las plazas de quienes se retiran voluntariamente o jubilan, ya no son ocupadas por otras personas, sino que simplemente se eliminan.
