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Exempleados del sector público lanzan el Movimiento de Trabajadores Despedidos con motivo de denunciar los actos arbitrarios e ilegales del presidente Nayib Bukele, en contra los derechos laborales. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.

Despedidos del Ejecutivo piden a PDDH instalar mesa de diálogo para reinstalo

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Los trabajadores despedidos de la Presidencia de la República presentaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una carta para convocar de inmediato una mesa de diálogo y negociación entre los empleados cesados de sus puestos y el gobierno, a fin de revisar cada uno de los casos.

Héctor Rodríguez representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) exigió la PDHH cumpla su rol con los trabajadores de este gobierno, quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos laborales, así como a la dignidad humana y otros derechos sociales y económicos.

“Estamos cansados del silencio cómplice que ha tenido la procuradora, pues desde hace tres meses debió instalar una mesa de diálogo para evaluar cada caso de manera técnica. No se vale que la procuradora hasta los treinta y dos días que fue convocada por la Asamblea Legislativa haya salido a dar un pronunciamiento”, criticó Rodríguez.

Asimismo, desmintió las declaraciones de Raquel Caballero titular de la PDDH, quien dijo haber hecho 32 acciones en beneficio de los trabajadores despedidos, entre ellas el reinstalo de varias personas en las dependencias del gobierno. Además solicitó a las entidades defensoras de los derechos humanos no seguir guardando silencio y cumplir con su rol como funcionarios al frente de esas instituciones.   

“Nos hemos avocado a instancias como la PDDH para solicitar cese al atropello y la estabilidad laboral, que no se estigmatice y fomente el odio hacia los trabajadores y se respete los contratos laborales amparados en las leyes de la República, o seguir el debido proceso de evaluación de los perfiles laborales y reinstalo oportuno según establece la Ley del Servicio Civil y el respeto a la Ley del Presupuesto General”, señala la carta presentada a la PDDH.

Eva María Orellana representante del MTD aseguró, actualmente el número de empleados públicos despedidos arbitrariamente y desmejorados, sobrepasan los 3,000 dejando a igual número de familias sin el sustento diario y otras afectaciones socioeconómicas; asimismo agregó, dichas actuaciones administrativas carecen de fundamentos, vulneran procedimientos y sin causa legal intentan justificar los despidos.

Orellana denunció ante los organismos nacionales e internacionales competentes con el Sistema de Naciones Unidas, la violación a los derechos como trabajadores, por lo cual reiteró la necesidad de instalar inmediatamente una mesa de diálogo entre las personas despedidas o agraviadas y el gobierno de la República. En horas de la tarde de este jueves, Raquel Caballero procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos se reunió con representantes del movimiento de trabajadores para tratar temas referentes a su situación laboral. Según indicaron los trabajadores, la titular de derechos humanos acompañará la instalación de una mesa técnica que discutirá la defensa de derechos laborales de los afectados ante las instituciones demandadas.

Un trabajador dijo que conformarán un listado de los afectados que solicitan la reinstalación en sus puestos de trabajo o bien una indemnización, para posteriormente establecer una mesa en común con las instituciones denunciadas bajo la mediación de procuraduría.

Contra la reelección

Por la mañana representantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador (MOVITIERRA) se concentraron frente a la Asamblea Legislativa, para mostrar su rechazo a la posible reelección de Raquel Caballero, como procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos.

Los miembros del colectivo de comunidades que luchan por el derecho a la vivienda adecuada y seguridad jurídica de la misma expusieron que la titular de la PDDH, a lo largo de varios años de gestión no atendió las denuncias de comunidades víctimas de desalojo, amenazas, hostigamiento, entre otros.

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