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Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568
La Ley de protección integral de la niñez y adolescencia “LEPINA” en su Artículo 98. es bien clara al reconocer “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, los cuales se ejercerán cuando corresponda, conforme a su desarrollo progresivo” y más adelante, especifica que “La madre, el padre, el o los representantes o responsables tienen el derecho y el deber de orientar a las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de este derecho de modo que contribuya a su desarrollo integral.” (el subrayado es del autor).
Es importante fijarnos bien, en que no dice que los progenitores tengan el derecho de adoctrinar a sus hijos e hijas en una creencia determinada, sino precisamente a que no se dejen imponer ninguna forma de adoctrinamiento ni se les obligue a participar en rituales religiosos, sino a que debe orientarlos para que desarrollen un pensamiento crítico que les permita ir tomando decisiones libremente, de acuerdo a su desarrollo cognitivo y emocional, sin presiones, amenazas ni coacciones.
Sin embargo, vemos como algunos sectores reivindican el supuesto “derecho parental” a elegir la educación de sus hijos y ahí confunden adoctrinamiento con educación, lo que sería violatorio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Educación Pública esta para formar ciudadanos, el adoctrinamiento religioso para captar feligreses.
Si se quiere formar ciudadanos, que es lo que demanda una democracia, los dogmas no deben entrar en el sistema educativo, pues están basado en la fe, en la creencia que es personal y carece por tanto de evidencia científica. Las creencias son legítimas, son un derecho reconocido por la Constitución que debe de ser garantizado por el Estado, pero tienen que ser impartidos en locales específicos como templos o iglesias. Así se estará respetando la libertad de conciencia y el derecho humano de niñas, niños y adolescentes a formar las propias opciones y opiniones. Para garantizar la laicidad del Estado, debe de promover el carácter laico de la educación pública. Desgraciadamente en El Salvador seguimos viendo como docentes y directores promueven rituales religiosos y adoctrinan al alumnado.
