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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Celia Medrano, experta en derechos humanos, hizo su valoración sobre la situación que enfrenta el Estado salvadoreño, luego que un grupo de organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos presentaran, el pasado 2 de mayo, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ordene al gobierno de El Salvador liberar a los venezolanos migrantes deportados de Estados Unidos y recluidos en el CECOT.
“Esta denuncia formal se basa en normas básicas de derecho internacional que en el caso de los migrantes venezolano, expulsados desde USA y remitidos como criminales de alto perfil a cárceles salvadoreñas configurarían efectivamente el crimen de desapariciones de personas”, explicó la experta en derechos humanos y migración.
Medrado argumentó que no se ha garantizado ni siquiera la confirmación oficial a los familiares y defensores legales sobre las condiciones físicas de las personas que han sido expulsadas de Estados Unidos y ahora se encuentran en la cárcel de mayor seguridad en El Salvador.
“Este informe es uno más que se confirma a nivel internacional que en El Salvador no se garantiza el debido proceso judicial ni garantía de un juicio justo, ni para los salvadoreños ni para extranjeros. Toda persona está en riesgo de sufrir una situación igual o peor”, valoró la activista de los derechos humanos.
La demanda de estas organizaciones tiene como objetivo que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) ordene “medidas cautelares”, como una acción de emergencia y así prevenir”, daños irreparables.
Las organizaciones demandante peticionan que permitan a los familiares poderse comunicar con los encarcelados, contar con asesoría legal y su retorno inmediato a Estados Unidos. De acuerdo con los procedimientos, la CIDH buscará hablar con el gobierno de El Salvador, antes de emitir su resolución.
Ulloa y el gobierno está actuando al margen de la ley
David Ortiz, abogado de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, fue enfático en afirmar que el vicepresidente Félix Ulloa “No tienen ninguna atribución legal o constitucional para estar ofreciendo un servicio de alojamiento penitenciario” a otros países.
Lo anterior, en reacción a las recientes declaraciones del vicemandatario a la “Revista Le Grand Continent”, a la que le aseguró que en el acuerdo que existe entre Estados Unidos y El Salvador, que da pie para “encarcelar extranjeros deportados”, no violenta la soberanía nacional ni su marco legal.
El proceso de deportación de extranjeros hacia El Salvador inició el 15 de marzo pasado, cuando 238 venezolanos señalados de ser integrantes del Tren de Aragua, una organización criminal, fueron deportados y recluidos en el CECOT. Tanto los voceros del gobierno de Donald Trump, como el mismo Bukele, acusó a los venezolanos de tener un alto perfil criminal.
No obstante, la oficina de prensa de la Casa Blanca, reconoció un par de días después, que de los 238 venezolanos recluidos en el CECOT, 101 era migrantes nada más.
Y pese a que el departamento de Justicia estadounidense ha bloqueado este tipo de acciones de la administración Trump, así como las constantes críticas a escala mundial y la ONU, por la ilegalidad de esta operación, el vicemandatario señaló que esto se trataba de una “relación de prestación de servicios, y no violenta el derecho internacional”.
“En estos días el vicepresidente Félix Ulloa ha dicho en una entrevista, allá en Europa, que están -arrendando cárceles-, que es un servicio de arrendamiento penitenciario, y lo dijo, como si se tratara como el turismo médico que existe en el país”, criticó Ortiz.
“Podemos decirle al vicepresidente Ulloa que si piensa traer más personas en calidad de detenidos o de condenados, que bueno, se los puede llevar a alguna de sus propiedades personales, porque ninguna ley del país le da autorización al gobierno a tener personas detenidas bajo ningún concepto y que no estén sometidas a autoridades judiciales de El Salvador”, argumentó Ortiz.
Asimismo, señaló, que junto a MOVIR están denunciando estas “actuaciones al margen de la ley por parte del gobierno”, que ha permitido que el sistema de justicia realice “ juicios masivos”, que atentan contra el ordenamiento jurídico y las garantías judiciales de la población salvadoreña. E irrespetan los Tratados Internacionales, suscritos por El Salvador, con este tipo de “alojamiento penitenciario”que afecta a personas extranjeras.
