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Redacción Nacionales
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Más de 100 organizaciones de diversa partes del mundo condenaron las acciones judiciales en contra de los abogados y defensores de derechos humanos, Ivania Cruz, Rudy Joya y Fidel Zavala, voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), quienes son perseguidos por el aparato judicial.
Rudy Joya y Cruz son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los supuestos delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de parcelas y lotificaciones en una finca ubicada en San Juan Opico, en La Libertad.
Tanto Joya como Cruz han considerado que el caso denominado “La Floresta” ha sido “fabricado” por la FGR, en represalia a su labor, es decir a la defensa de los derechos humanos. A Ambos se les giró orden de captura con apertura a instrucción.
Fidel Zavala y otros 24 residentes de la Comunidad La Floresta son acusados por diversos delitos relacionados a la ocupación de inmuebles en San Juan Opico. Zavala es un testimonio de las torturas que se comenten dentro de los centros penales, ya que anteriormente, estuvo detenido por 13 meses por un supuesto caso de estafa. Zavala fue detenido provisionalmente por 6 meses y el caso pasó a instrucción.
Organizaciones religiosas, de abogados, de defensa de derechos civiles y de la solidaridad desde distintas partes del mundo expresaron su preocupación ante esas medidas.
“Nos preocupa de sobremanera que las instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil sean utilizadas para impulsar cargos y ejecutar arrestos contra estos abogados miembros de UNIDEHC y líderes de la comunidad La Floresta, quienes buscaban ejercer su derecho a la legítima defensa”.
“Nos preocupa que miembros de UNIDEHC están siendo acusados de crímenes graves, y se les quiera juzgar en los Tribunales Contra el Crimen Organizado que el gobierno afirma son reservados para miembros de pandillas, que han cometido crímenes violentos en contra de la población y que estos arrestos pongan en riesgo el derecho a la defensa de los habitantes de La Floresta”, dijeron las 111 organizaciones que firmaron el pronunciamiento.
Reconocieron el trabajo de UNIDEHC, una organización “reconocida a nivel internacional por su trabajo de apoyo a la defensa a través de la vía legal en el tema de derechos humanos” en múltiples casos como arrestos arbitrarios de ciudadanos sin vínculos a pandillas ocurridos durante el régimen de excepción; Víctimas del desfalco a la cooperativa COSAVI; denuncia de la persecución política y denuncia de violaciones a derechos humanos en cárceles.
Por lo anterior, las organizaciones instaron a las autoridades salvadoreñas a remover los cargos por los cuales se les imputa, así como también, a los habitantes de la Comunidad La Floresta. Instaron a que se garantice su derecho al debido proceso y la defensa, a su integridad física y mental y se respete el derecho a libre asociación.
