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El expresidente de la República Elías Antonio Saca, exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial, durante la octava jornada de vista pública en su contra. Foto Diario Co Latino/David Martínez.

Cuentas bancarias a nombre de imputados no tenían autorización de Hacienda

Joaquín Salazar
@JoakinSalazar

Cuatro testigos ofrecidos por la Fiscalía General de la República (FGR) aceptaron que la creación de cuentas bancarias a nombre de Elmer Charlaix, Francisco Arteaga y Pablo Gómez no eran válidas, dado que nunca fueron solicitadas al Ministerio de Hacienda.

La jornada ocho del juicio que enfrenta el expresidente Elías Antonio Saca, exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial inició con la aportación de pruebas testimoniales con la presencia de cuatro testigos, todos empleados del Ministerio de Hacienda, específicamente de la Dirección General de Tesorería y la Dirección General de Presupuesto.

Los empleados del Ministerio de Hacienda fueron identificados como Carlos Gustavo Salazar Alvarado, Reina Luz Figueroa, Salvador Avendaño Méndez y José Armando Rivas.

En sus testimonios las partes explicaron que no se pueden abrir cuentas subsidiarias a nombre de personas naturales, por ello, ilegal de 16 cuentas: dos a nombre de Elmer Charlaix, 11 a nombre de Francisco Arteaga y tres a nombre de Pablo Gómez.

Entre las conclusiones más relevantes de la jornada número ocho se encuentra que se estableció que no existe una norma o ley específica para estipular la regulación del uso de los fondos reservados. Además, la fiscalización de esos fondos eran exclusivos de la Corte de Cuentas de la República.

Salvador Avendaño Méndez, con 45 años trabajando en el Ministerio de Hacienda, explicó que en toda institución del Estado se establecen cuatro cuentas subsidiarias, que son Bienes y Servicios, Salarios, Subsidiaria Institucional y Transferencias. Cualquier otra cuenta debe ser aprobada por la Dirección General de Tesorería.

“El requerimiento de la FGR era para establecer si había registro de apertura de cuentas a nombre de particulares, por parte de CAPRES. Sin embargo en nuestros registros no había ninguna solicitud”, dijo Avendaño  Méndez.

Arturo Sánchez, representante de la Fiscalía General de la República, dijo que los testigos establecieron que las cuentas de remuneraciones y bienes y servicios existían en Presidencia de forma legal. “Lo ilegal era que además de estas cuentas legales se establecieron 16 cuentas en las cuales se ponía el nombre de la persona a título personal”, explicó.

En este caso, también aclaró que las cuentas subsidiarias debían poseer el nombre de Casa Presidencial, no a nombre de personas naturales. La defensa del caso estableció, por su parte, que las cuentas institucionales tenían el nombre de los imputados más un agregado a nombre de cuentas institucionales del tesoro público.

Por otra parte, se cuestionó el papel de la Corte de Cuentas de la República, casi nulo, durante la realización de estos hechos que se le imputan a los procesados. Pese a que esta entidad era la encargada de fiscalizar los fondos reservados de la Presidencia, Elías Antonio Saca admitió que la participación de la Corte era solo por legalidad, pero nunca se realizó o se permitió una auditoría.

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