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Beatriz Castillo
Diario Co Latino
El juez del Primero de Instrucción de San Salvador, cialis Levis Italmir Orellana, see recibió ayer un doble revés: fue separado del caso de corrupción del ex presidente Flores-Taiwán y fue sancionado con tres días fuera de su cargo por no proporcionar información del proceso a la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La decisión fue tomada por doce magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado jueves en sesión de Corte Plena, incluso los magistrados de la Sala de lo Constitucional avalaron ambas decisiones.
De acuerdo con los magistrados, primero se decide separar del caso al Juez Orellana por conducta inapropiada en el proceso y que “incida negativamente en los derechos y garantías Constitucionales aplicables durante la etapa que se encuentra el juicio”.
Ante el razonamiento se aprobó que el caso del desvió de 10 millones de dólares, que involucra al ex presidente de ARENA, sea enviado al Juzgado Séptimo de Instrucción, que también conoce el caso de corrupción de CEL-ENEL.
Mientras, que lo segundo, la sanción se tomó porque el juez “incurrió en una infracción disciplinaria” establecida en el artículo 51 letra e de la Ley de la Carrera Judicial, al no enviar la información sobre el caso solicitada por el procurador David Morales.
“Es decir, por omitir injustificadamente los asuntos del despacho, es decir, que el juez negó información al procurador, sobre la medida de arresto domiciliar en contra del ex presidente Flores” y eso es una falta, porque el juez estaba en la “obligación” de atender oportunamente el requerimiento de Morales.
Incluso, por esta decisión, el procurador de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Juez por negar la información y no atacar las atribuciones legales que tienen la institución.
En la sentencia de los magistrados de la CSJ, se deja claro ese respaldo y validez a las atribuciones que tiene el procurador.
“La Corte en pleno considera que el requerimiento de informe por parte de la PDDH se encuentra en el marco de las atribuciones contenidas en los artículos 10 y 12 de la Ley de la PDDH y el juez estaba obligado atender el requerimiento”.
La decisión fue avalada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Oscar Pineda, Doris Luz Rivas, Sidney Blanco, Roberto Argueta, María Luz Regalado, Lloly Claros, Rosa María Fortín, Ovidio Bonilla y Elsy Dueñas.
Asimismo, los magistrados indican que el juez se defendió sobre la decisión de no enviar la información al procurador, pero las excusas no fueron válidas.
El juez dijo que el informe fue tramitado el 24 de septiembre, porque no existía validez o firmeza sobre la decisión del arresto domiciliar, ya que la Fiscalía General y la Querella apelarían y por eso no la envió el 8, fecha estipulada por la PDDH.
El juez Levis Italmir Orellana, después de conocer la información y ser notificado, y por la presión de los medios de comunicación, accedió a brindar una rueda de prensa, en la que dejó claro que atacara la medida.
“Que yo sepa no hay ninguna otra irregularidad, más que no haberle mandado el informe a tiempo al Procurador”, se justificó Orellana.
Sin embargo, al consultarle si presentaría una apelación ante el Pleno de la Corte dijo que está analizando la posibilidad y que tiene hasta el martes para decidir.
El juez no dejó pasar la oportunidad para decir que desde que se presentó el caso, es decir, desde que la Fiscalía acusó de peculado, desobediencia y enriquecimiento ilícito, se llevó el proceso de la “forma más correcta”.
Incluso, se tomó minutos para defender al Fiscal General de las acusaciones de algunos sectores y de información “falsa”.
Explicó que en los últimos meses se realizaron todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía y la querella.
El operador de justicia dijo que ahora que el caso pasa a las manos del Juzgado Séptimo de Instrucción, será el titular del mismo el que dirija y defina el rumbo del sonado caso. “Todo queda en las manos del otro juez”, se limitó a decir ante el asecho de los medios. “Creo que era una opinión política la que se ha venido manejando” advirtió.
Asimismo, no aclaró si el juez del Séptimo de Instrucción puede levantar el arresto domiciliar otorgado al ex presidente por enfermedad, y si continuará el proceso sancionatorio en contra de los abogados querellantes de ISD y FESPAD por “revelar información confidencial y otros hechos con reserva”.
Orellana tenía previsto realizar una audiencia especial el próximo lunes para definir sobre el proceso sancionatorio y ahora, ese día tendrá que mandar todo el expediente y sus folios al Juzgado Séptimo de Instrucción.
