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Redacción Nacionales
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“En el marco del Bicentenario, es oportuno denunciar los problemas que empañan la referida gesta histórica y solo confirma la necesidad de luchar por una verdadera independencia”, dijo Tatiana Oliva de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares.
La Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares manifestó que este 15 de septiembre que se conmemora oficialmente el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, y por ende de El Salvador, lejos se encuentran estos valores de la libertad y soberanía en el país. Organizaciones sociales, sindicatos, sectores productivos y académicos se han venido pronunciando en protesta a la situación económica, política, social y cultural, que vive El Salvador en la actualidad.
El movimiento popular, social y académico ha realizado una convocatoria abierta y general este 15 de septiembre, para realizar luego una marcha en protesta a las políticas y decisiones del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Solo en las redes sociales, bajo el hastag #El15Marchamos, se ha convertido en el segundo “Trending Topic” o Tema de Interés, en la zona del Tweeter desde el fin de semana. Al que sigue Facebook, que ha ido sumando 16 convocatorias identificadas cada una por sector y sus réplicas en cada muro personal o colectivo.
Las denuncias y problemáticas en las convocatorias denunciadas son : la remoción de los jueces y juezas, por la reforma exprés a la Ley Orgánica de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; así también, la reelección inconstitucional que aprobó la Sala de lo Constitucional, a favor de la reelección del presidente Nayib Bukele.
En cuanto a la seguridad jurídica el descontento inició el 1o de mayo, cuando la bancada oficialista del partido Nuevas Ideas intervino al órgano Judicial, al remover arbitrariamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional legalmente elegidos, y Fiscal General, además de la militarización de la sociedad. Y en materia de economía, en protesta por el alto costo de la canasta básica, la imposición de la moneda virtual llamada bitcoin y el manejo discrecional y secreto de fondos del Estado.
“En este Bicentenario nos declaramos en pie de lucha por una verdadera independencia, como hicieron Anastasio Aquino, los indígenas y campesinos en 1932, las organizaciones populares en los años setenta y las movilizaciones sociales más recientes contra la privatización de la salud o la minería , por la ley del Agua y demás causas justas de nuestro pueblo”, acotó Oliva.
Asimismo, reiteraron su descontento por el desmantelamiento de la institucionalidad, el Estado de Derecho y la división de poderes, que costó a muchas generaciones de salvadoreños y salvadoreñas, impulsar estos cambios y en especial desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, que puso fin a 12 años de guerra civil en el país.
“Aprovechando su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, el oficialismo ha acumulado en tiempo récord el control de todo el aparato estatal y este control de las instituciones está siendo utilizado entre otras cosas, para perseguir a opositores con el dudoso argumento de combatir la corrupción”, agregó.
“Otro de los problemas es las intenciones del presidente Nayib Bukele, de perpetuarse en el poder y la decisión de la Sala de lo Constitucional impuesta de permitirle esta inconstitucionalidad. Aunque está expresamente prohibido en los artículos 88, 152 y 154 de la Constitución, los cuales establecen, la obligatoria alternativilidad en el ejercicio de la presidencia de la república”, agregó Oliva.
Asimismo, denunciaron el trabajo en segundo plano del vicepresidente, Félix Ulloa, que lidera las reformas a la Constitución de la República, que tiene medidas inciertas como la eliminación de prohibir la existencia de un partido único. “Es una nueva constitución disfrazada de reformas que otorga más facultades al Ejecutivo de dar más poder a los militares e incorpora otras disposiciones que están orientadas a reconfigurar un marco constitucional de acuerdo a los intereses, deseos y delirios del dictador. Y el retorno político de las Fuerzas Armadas (FAES) e instrumentalización política de la Policía Nacional Civil”, argumentó Oliva.
