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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Sonia Gutiérrez, del cantón San Isidro, del municipio de Izalco, Sonsonate, consideró que las afectaciones a las comunidades por falta de una política de Cuenca Hidrográfica y el uso indiscriminado de agrotóxicos en el territorio nacional, son aspectos que debe incluir el anteproyecto de Ley General de Aguas, del presidente de la República Nayib Bukele.
Sobre el enfoque de Cuenca, documentos de la CEPAL señalan que se trata de “las principales formas terrestres dentro del ciclo hidrológico que captan y concentran la oferta del agua que proviene de las precipitaciones”, y agrega que estas características demandan un debate y participación social sobre los usos y usuarios del agua.
Mientras, el Glifosato, que según información de organizaciones ecológicas se definen como un “herbicida de amplio espectro que tiene efectos tóxicos sobre la mayoría de especies de plantas, árboles, arbustos y cultivos cercanos, así como a la fauna. En los seres humanos se ha comprobado que irrita ojos y piel, así también, genera náuseas, vómitos y problemas con la respiración y presión arterial”.
“Estamos a escasos dos metros del cultivo y cuando inician a regar el Glifosato (madurante y herbicida, comenzamos con las alergias en la piel con erupciones, también con gripes en los niños. Los árboles botan la fruta, porque ese madurante acelera el ciclo de la planta, tal vez, para la caña de azúcar sea ideal, pero a la aguacatera que hay allí, le afectó mucho, ahora son pequeños cuando caen y son negros”, narró Sonia.
El Glifosato utilizado en altas cantidades se aplica comúnmente en los cañales, y en San Isidro, se realiza desde un helicóptero, lo que señaló Gutiérrez está generando riesgos a la salud de las comunidades y contaminación del suelo, aire y agua.
Las comunidades del occidente del país que integran la Mesa por la Sustentabilidad por el Agua y el Medio Ambiente de Ahuachapán (MESAMA) y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), se pronunciaron como comunidades afectadas ante el anuncio de discusión de una propuesta de Ley General de Aguas y Saneamiento, desde el Ejecutivo, sin ninguna consulta previa con la población.
Para Marlon Magaña, Pronatura, Juayúa, consideró “alarmante” la actitud de la bancada del partido Nuevas Ideas, luego que la Marcha Ecológica, del 8 de mayo, presentó ante la Asamblea Legislativa una carta con los cinco puntos no negociables para una Ley General de Aguas y Saneamiento, pero estos diputados ignoraron a la población.
“Se pretendía que la bancada oficialista (Nuevas Ideas) se presentara, porque tienen los votos y ninguna oposición política que pueda causarles problemas a las pretensiones que ellos tengan. Y con el hecho que negaran a escuchar a la sociedad civil se tiene el desacierto de qué planteará esa ley. Y si será la empresa privada la privilegiada o las comunidades que necesitamos más el vital líquido”, señaló Magaña.
Sobre el uso del agua en los cultivos cañeros, Magaña agregó que más del 60 % del agua es utilizado para el riego y que por su extensión demanda de mayor cantidad, así como, la contaminación del manto freático, un cuerpo de agua que se forma por infiltración en el subsuelo, cuando es extraído y eso termina incrementando la presión al medio ambiente.
“El uso de agrotóxicos es una amenaza latente para las comunidades y ante la posibilidad de aprobación de una ley general de aguas, como MESAMA MESUTSO demandamos del Estado salvadoreño la aprobación de una Ley General de Aguas que incorporen los cinco puntos no negociables que las organizaciones comunitarias hemos propuesto. Y aprobar una ley de soberanía alimentaria que promueva un enfoque ecológico de producción”, agregó.
Sobre la situación que enfrenta el sector rural y con énfasis campesinos y campesinas, Alfredo Guevara, habitante de Acajutla, manifestó que la situación que se vive desde la agricultura familiar, es impactada por los efectos de los agrotóxicos de la industria cañera en la salud y por el extractivismo exacerbado de las fuentes de aguas que limitan su sobrevivencia.
“La zona marina costera es una de las zonas más afectadas por la industria cañera y sus agrotóxicos. La zona alta y zona media que usa esos agrotóxicos y pesticidas, caen en la zona baja y contaminan. Y no tenemos Unidades de Salud para ser atendidos o surtir una receta, no tenemos médicos o registros que digan que hay contaminación en el lugar en que vivimos”.
Y “esto afecta a la flora, la fauna, los niños, los ancianos y empeora la salud del enfermo, somos una población que si hacen la suma de quienes tienen posibilidades económicas y quienes no, seguramente un 75 % somos los más afectados, porque somos pocos los que tienen empleo o recursos económicos”, sentenció Guevara.
Teresita de Jesús García, del liderazgo comunitario en MESAMA, exigió al presidente Nayib Bukele, sobre la importación de agrotóxicos, que los regule con efectividad, porque la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) afecta a un buen número de pobladores que circundan los cultivos de caña de azúcar o trabajan en estos campos.
“No podemos estar comiendo nuestros alimentos y que pasen las avionetas lanzando veneno porque todo eso se contamina el suelo, el agua que ahora son solo chorritos. Y si hay brisa nos cae encima de toda la comunidad que vivimos en pobreza -estamos desilusionados- por permisos ambientales que están dando de manera indiscriminada, sin control en la tala de árboles o el cambio del uso del suelo y quedan pobres como nosotros”, puntualizó.
