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Redacción Nacionales
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El antropólogo Marvin Aguilar y la doctora Mirna Perla criticaron la reforma constitucional que permitirá la creación de seis diputaciones para la diáspora salvadoreña por la falta de discusión y porque el objetivo es “reducir la representación de la oposición”.
La doctora Perla sostuvo, durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, que las reformas constitucionales deberían ser el resultado de amplios procesos de consulta con expertos y sectores sociales, algo que —según afirmó— no ha ocurrido con las recientes modificaciones impulsadas por el oficialismo.
La también defensora de los Derechos Humanos, señaló que históricamente las reformas a la Constitución de 1983 sí pasaron por debates y procesos de ratificación, especialmente las vinculadas a los Acuerdos de Paz.
Recordó que tras la firma de los acuerdos se realizaron transformaciones profundas en el sistema judicial, incluyendo la creación del Consejo Nacional de la Judicatura y cambios en la integración de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de garantizar pluralidad y continuidad institucional.
Perla consideró que el problema de las reformas actuales radica en que “no responden a una necesidad popular”, sino a decisiones tomadas sin discusión pública. También afirmó que, aunque la Constitución salvadoreña protege principalmente la propiedad privada y responde a un modelo de “democracia burguesa”, dentro de ese marco deberían garantizarse derechos fundamentales para la población trabajadora, así como la protección ambiental y el acceso al agua.
La jurista aseguró que El Salvador nunca ha alcanzado una democracia plenamente sólida y señaló que el país ha vivido únicamente un “proceso de democratización” con múltiples limitaciones estructurales.
Por su parte, el antropólogo Marvin Aguilar relacionó la situación política actual con una tradición histórica de autoritarismo en El Salvador. Mencionó que en distintos momentos del país han surgido liderazgos que colocan la Constitución y el Estado de derecho en un segundo plano.
El antropólogo también cuestionó el nivel educativo de la población salvadoreña y sostuvo que la clase política históricamente ha aprovechado las debilidades del sistema educativo para manipular a la ciudadanía. Según afirmó, una población con bajos niveles de escolaridad es más vulnerable a discursos simplistas y a campañas propagandísticas.
En El Salvador, dijo Augilar, el grado promedio de escolaridad es el séptimo grado. Y un país mucha educación tiende a ser más liberal, mientras que en la medida que la escolaridad es menor, la gente es más conservadora, y eso lo saben los políticos y se aprovechan de ello.
Aguilar criticó además el impacto de las redes sociales en la formación de pensamiento crítico y aseguró que existe una degradación en la capacidad de análisis de las nuevas generaciones.
Sobre la reforma que crea diputaciones para la diáspora, Aguilar dijo que el problema no es el reconocimiento de representación política a los salvadoreños en el exterior, ya que otros países como Italia y República Dominicana cuentan con mecanismos similares. Sin embargo, sostuvo que en el caso salvadoreño la medida busca reducir la representación de la oposición dentro de la Asamblea Legislativa.
Según explicó, la redistribución de escaños afecta principalmente a departamentos donde los partidos opositores han logrado representación, como San Salvador y La Libertad. Afirmó que el objetivo político sería neutralizar las posibilidades de ingreso de diputados opositores.
El académico señaló que el voto en el exterior ya tuvo un impacto determinante en las elecciones anteriores y cuestionó la transparencia del sistema de votación electrónica implementado por el Tribunal Supremo Electoral.
Aguilar aseguró que no existe suficiente supervisión sobre el sistema digital utilizado en el exterior y criticó que la auditoría del proceso electoral pasado fuera declarada en reserva. Además, expresó desconfianza hacia las autoridades electorales y afirmó que el oficialismo estaría asegurando desde ahora una ventaja política para futuros comicios.
En la entrevista también se debatió sobre el perfil que podrían tener los futuros diputados de la diáspora. Perla opinó que la reforma no busca garantizar representación genuina para los salvadoreños en el exterior, sino fortalecer el control político del oficialismo.
No obstante, reconoció el papel histórico de la diáspora salvadoreña, destacando el apoyo económico y social que muchos migrantes brindan a sus comunidades de origen. Mencionó casos de organizaciones de salvadoreños en Estados Unidos y Europa que han contribuido a proyectos comunitarios, educación y actividades culturales.
La jurista lamentó que el Estado no haya impulsado políticas públicas para orientar mejor el uso de las remesas familiares, promoviendo inversión productiva y educación.
Durante la conversación, ambos analistas coincidieron en que el deterioro del debate público y la desinformación representan riesgos para la democracia. También advirtieron sobre el papel de la propaganda política y la falta de pensamiento crítico en la población.
Finalmente, Aguilar sostuvo que el principal problema no es únicamente la clase política, sino la forma en que el electorado responde a determinados discursos y promesas. Según afirmó, mientras la ciudadanía no exija mayor preparación y propuestas concretas a sus representantes, continuará reproduciéndose el mismo modelo político.
