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Martín Gómez, representante del Pueblo Lenca es sub coordinador del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz. Foto Diario Co Latino/ Silvia Quinteros

Altos desafíos en la preservación del medio ambiente de Centroamérica

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

Martín Gómez Vásquez, proveniente del Pueblo Lenca, es subcoordinador del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz (MILPA), quien participó en el Foro “Justicia Climática, Derechos Humanos y Adaptación”,  realizado en Copán, Honduras, en donde compartió con otras organizaciones ambientalistas, que integran la Campaña Mesoamericana de Justicia Climática. “Si no fuera por la existencia de los pueblos indígenas, creo que no existiríamos más; fuera quizás estamos viviendo el peor de los efectos del cambio climático”, aseguró en exclusiva a Diario CoLatino.

– ¿Cómo puede el conocimiento ancestral enfentar el cambio climático?

Creo que sí podemos paliar el cambio climático, sobre todo desde nuestra cosmovisión y como  pueblo Lenca, gran parte de lo que tenemos lo protegemos, como el  agua, el bosque, los minerales, el aire, la tierra y, claro, el territorio, es porque nuestros ancestros y nosotros ahora tenemos que entregarle a la próxima generación, o sea, nuestros hijos y nietos, estos bienes y el conocimiento que  dan vida a todo. Las medidas para adaptarse al cambio climático, desde los pueblos indígenas, deben comenzar respetando la concepción de nuestra cosmovisión, porque para nosotros el medio ambiente no es algo externo. Lo concebimos como un todo ambiental. Porque mi mano es el aire, mi pie el agua, mi cabeza la tierra; entonces, todo está conenctado y todo lo que hacemos es en beneficio de nosotros mismos. Porque ninguna persona puede vivir sin la otra. Es así, todos dependemos de todos, somos una unidad, porque nadie ha demostrado tampoco que puede vivir sin sol, sin agua, sin tierra; por esa razón es que somos parte del medio ambiente.

– ¿Considera suficiente una Ley de Agua para preservar el recurso?

Realmente, como todo el mundo sabe, lo han dicho gobiernos y medios de comunicación  extranjeros, que consideran a Honduras un “Estado narco”; o sea, no se puede considerar un Estado de Derecho y es lamentable que el actual gobierno de Honduras, de expresión de extrema derecha, que aplica el sistema neoliberal, no haya dado la oportunidad a que nazca una democracia participativa, en donde el pueblo hondureño participe de la toma de decisiones más importante de nación.

– ¿Considera que la Ley de Agua de Honduras no cumple con la visión de derecho humano?

Actualmente, el Estado hondureño utiliza las leyes para beneficiarse a sí mismo y sus allegados y el pueblo no tiene el derecho a manifestarse libremente, sin que los defensores de derechos humanos sean asesinados, encarcelados, perseguidos, torturados y desalojados de sus territorios, quemando sus casas; han normalizado la violencia y se ve con total normalidad en este país. Y, todo esto, porque la ley de aguas en Honduras es una copia de la normativa de Colombia, nuestro gobierno actúa como un  “loro”, y lo digo porque repite lo que han dicho en otros lados y así es que se aplicó esta ley de Colombia, y la convirtió en al ley de Aguas para Honduras; esto violenta ese derecho de la población a contar con ese bien natural, porque esa ley tiende a la privatización del agua.

– ¿En qué sentido?

Han iniciado desde el Estado hondureño, desde su estructura como gobierno en la captial de la república,  va cruzando los departamentos, los municipios, hasta llegar a las comunidades beneficiarias con agua. Luego, le buscan una caja municipal para que la gente vaya a pagar la tarifa. Al principio le instalan un contador para medir el consumo y, cuando las corporaciones municipales ya no pueden pueden sostener este tipo de proyectos, lo que hacen es pasarlo sin problemas a la empresa privada. Entonces, este tipo de proyectos no busca beneficiar a la gente más vulnerable, ni a los Pueblos Indígenas; esto es más que todo una discriminación y violación de derechos humanos o un insulto más en nuestro caso, como pueblos originarios, porque todos estos proyectos que se generan de las secretarías de Estado, lejos de favorecer, vulneran más nuestro situación.

– ¿Considera que al  Estado le ha faltado la participación social?

Este tipo de proyectos que ellos implementan no busca beneficiar a la gente más vulnerable o los Pueblos Indígenas, esto es más que todo una discriminación y violación a nuestros derechos humanos, lo considero como un insulto más, como pueblo hondureño; todos estos proyectos que se generan de las secretarías de Estado no tienen nada de participación social. En mi ambiente tenemos un programa de adaptación y mitigación al cambio climático, pero ellos mismos dan las licencias ambientales para que más empresas hidroeléctricas, las mineras, las eólicas, las geotérmicas y fotovoltaicas puedan instalarse en la tierra nuestra. La tierra que no es de ellos y, desde este punto de vista, no es coherente con las leyes que aprueban, con lo que hablan, al enfrentarlos a la realidad.

– ¿Cómo Pueblos Indígenas, qué opina de la criminalización del movimiento social?

Este es un reto que como Pueblos Indígenas tenemos en Honduras, de impulsar y conformar la Ley de Consulta Libre, Informada y de Buena Fe, que está reconocida dentro del Convenio 169 de la OIT, para pueblos indígenas  y afrohondureño, que nos permita, desde el artículo 6, que todo tipo de proyecto administrativo y legislativo del Estado hondureño pase  por una consulta previa, libre e informada. El Convenio 169 tiene 28 años de vigencia, pero nunca se ha cumplido. Y, en este escenario, desde el punto de vista extractivista del Estado, que solo quiere engordar a los empresarios a través de una palabra llamada ”progreso”, entonces, para cada uno de los pueblos significa quedar en mayor pobreza, y  esa es la situación que se vive en Honduras y supongo que en otros países de la región. Aquí en Honduras acostumbran a hablar de  bonanza, pero lo que hay son demasiados problemas sociales. En 2018, Global Witnes hizo una investigación y mencionó en su informe final que ser defensor de derechos humanos y del ambiente en el país más peligroso del mundo era todo un desafío. Seguiremos luchando como región, en la participación y fiscalización social a los gobiernos en turno.

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