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lunes , 23 octubre 2017
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Acuerdos de paz: una remembranza de diálogo y democracia en El Salvador

Ramón D. Rivas*

La guerra civil que azotó nuestro país desde mediados de la década de los setenta hasta 1992 dejó un saldo de más de 75, cialis 000 muertos, search cientos de miles de lesionados y varios millones de salvadoreños desplazados al exilio y la emigración, sobre todo hacia los Estados Unidos y Canadá, y tuvo hondas repercusiones en el devenir histórico del país al grado de constituirse en un parteaguas que cambió el rostro y el destino de la nación salvadoreña. El camino para lograr la paz estuvo lleno de obstáculos superados gracias a la magistral y titánica labor realizada por las ambas comisiones de negociación (GOES y FMLN-FDR) que estuvieron apoyadas por los mediadores internacionales fundamentalmente de la ONU y de los Gobiernos amigos de México, España, Venezuela y Panamá, que apoyaron decididamente dichos Acuerdos. Antes existieron acuerdos previos que en este aniversario es necesario señalar, como el Acuerdo de San José el 26 de julio de 1990, el cual estableció un compromiso para respetar los Derechos Humanos por parte de las fuerzas en contienda, poniendo fin a los asesinatos selectivos y la desaparición forzada de personas. El 27 de abril de 1991 se firmó el Acuerdo de Ciudad de México, donde se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que respectaba a tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de orden judicial, militar, electoral y de Derechos Humanos.  El 26 de julio de 1991 se estableció formalmente ONUSAL para la verificación del respeto a los Derechos Humanos. Desde el 1 de enero de 1991 se había establecido una oficina que preparó las condiciones mínimas de funcionamiento de la misión, siendo dotada de abogados, educadores, verificadores de Derechos Humanos, personal militar y civil.  Así también se creó COPAZ, para la concretización de unos acuerdos de paz duraderos. La diferencia entre ONUSAL y COPAZ era su composición. La primera estaba formada por observadores internacionales y sustentada por Naciones Unidas; la segunda, estaba compuesta por miembros de todas las fuerzas políticas del país, y constituyó la primera comisión multipartidaria en El Salvador. El 31 de diciembre de 1991 se fijó la fecha para la firma de la paz y se hizo pública la noticia; el 13 de enero de 1992;  se acabaron de firmar los últimos detalles previos a la solución definitiva del conflicto. El 16 de enero de 1992 se firmó en el Castillo de Chapultepec, los Acuerdos entre el FMLN-FDR y el gobierno de El Salvador en un acto solemne, con la asistencia de Jefes de Estado de países amigos, así como de las delegaciones oficiales que participaron en la negociación. ¡La paz se había firmado! A nivel externo la mediación de las Naciones Unidas fue imprescindible, y logró comprometer a las partes involucradas en un proceso irreversible de pacificación del país, donde jugó un papel de primer orden los buenos oficios de su Secretario General, Don Javier Pérez de Cuéllar para llegar a un final feliz. Geopolíticamente influyó el derrumbe del bloque socialista a raíz de la caída del Muro de Berlín. Así también ejerció una gran influencia el Grupo de Contadora debido a las cercanías geográficas. Los Acuerdos abarcaron una serie de puntos claves entre los cuales se destaca la modificación de los principios doctrinarios de la Fuerza Armada para que pudiese cumplir con los acuerdos tomados, estableciendo que el objetivo único de la institución es “la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, es una institución permanente al servicio de la nación” y aclarando que la institución “es obediente, profesional, apolítica y no deliberante”. Por otro lado se creó una comisión para depurar a los oficiales implicados en violaciones a los Derechos Humanos.  Asimismo, se hizo una reducción de efectivos de la Fuerza Armada y fueron dados de baja un total de 21000 soldados. También se creó la Comisión de la Verdad que investigó los más graves hechos de violencia de la guerra civil y se suprimieron los 3 cuerpos de seguridad pública que dependían de la Fuerza Armada: Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda.  También se disolvieron los servicios de inteligencia militar y se creó un servicio de inteligencia civil denominado Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).  Como producto de estas depuraciones se creó la Policía Nacional Civil.  En lo relativo al Sistema Judicial y Derechos Humanos se creó la Escuela de Capacitación Judicial para formar jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del país y se reformó la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura (organismo que nombra y evalúa a los jueces) para darle mayor independencia. Así también se reformó el proceso de elección y los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución autónoma, que debe supervisar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las demás instituciones estatales. Otro de los cambios fundamentales que trajeron los Acuerdos de Paz fue la reforma del Sistema Electoral, con el objetivo de asegurar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Para ellos se creó el Tribunal Supremo Electoral, la más alta autoridad administrativa y jurisdiccional en la materia. En el plano político, las medidas adoptadas buscaron garantizar a los dirigentes del FMLN y a sus integrantes el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos dentro un marco de absoluta legalidad, mediante su incorporación a la vida civil, política e institucional del país. El FMLN se comprometió a desmovilizar sus fuerzas guerrilleras, bajo la supervisión de la ONUSAL. El gobierno se comprometió a aprobar la legislación necesaria para que el FMLN se transformara en un partido político legal y pudiera participar en los comicios generales de 1994.  En lo económico y social se creó el Foro de Concertación Económica y Social, organismo donde tendrían representación los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Estado para dialogar sobre la política económica del país, y se acordó distribuir las tierras en zonas conflictivas entre los ex combatientes desmovilizados. Las tierras que excedían las 245 hectáreas, así como aquellas propiedades del Estado que no eran reserva natural, debían ser distribuidas entre los campesinos y pequeños agricultores que carecían de terrenos cultivables. Haciendo este recuento histórico llegamos a la conclusión de que el verdadero arquitecto de la paz en El Salvador ha sido el pueblo salvadoreño, y que esta paz política de la que ahora gozamos ha sido un derecho conquistado a base de sangre, sudor y lágrimas de nuestros mártires que lucharon hasta las últimas consecuencias por conseguir un país libre de desigualdad social y económica, donde reina la inclusión, la justicia social y un ambiente de paz democrática y de Buen Vivir. Loor a nuestros mártires que cayeron combatiendo por esta sagrada y bendita paz política que ahora disfrutamos todos y todas las salvadoreñas.

*Secretario de Cultura de la Presidencia.

   

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