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ABORTO: UN TEMA DE SALUD PUBLICA Y DE DERECHOS

Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568

El próximo 20 de noviembre se cumplirán 100 años de la primera ley que autorizó el aborto legal y gratuito, una decisión que las mujeres han debido tomar históricamente, ante situaciones que amenazaban sus vidas.

Un siglo después, en 95 % de países, las mujeres pueden realizar un aborto ante determinadas circunstancias. Solo en nueve países existe la prohibición absoluta del aborto, incluso cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuatro de ellos están en Centroamérica y el Caribe: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Los otros cinco son pequeños países.

Esta brutal legislación que enfrentan las mujeres y los operadores de salud en El Salvador, viola derechos y es un grave problema de salud pública. El aborto es una realidad, aunque no se hable de ella. Se estima que 20 % de los embarazos terminan en aborto, muchos en las primeras semanas, por lo que ni la mujer es consciente de ello. En 2017, el MINSAL registró 7,993 abortos, algunos espontáneos, pero 436 relacionados con embarazos ectópicos y 1,471 con malformaciones congénitas, casos que una ley de despenalización del aborto por causales, hubiera permitido atender al haberse detectado el problema, no poniendo en riesgo a la mujer.

La actual legislación, también viola derechos de las mujeres, como señaló la Sala de lo Constitucional en su Resolución 18-98, que expresa “se deben regular jurídicamente las controversias surgidas del conflicto entre la vida humana intrauterina y los derechos constitucionales de la madre, resulta ineludible arbitrar una solución normativa para resolver los casos concretos”. Esta falta de regulación ha llevado a que desde la prohibición absoluta del aborto en 1,998, se hayan procesado 181 mujeres, inicialmente acusadas de aborto, de ellas 67 han sido condenadas hasta por 40 años.

Esta situación se puede resolver con una legislación que despenalice el aborto en determinadas circunstancias, permitiendo a mujeres y personal médico tener la opción de realizarlo de manera legal y segura. Es necesario un debate en la sociedad y en la Asamblea Legislativa, basado en información médico-científica y análisis de derechos y no en creencias religiosas o códigos morales particulares.

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