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¿Y si me matan, qué dirán de mí?

Licda. C. Marchelly Funes
Metodóloga y Comunicadora
@marchellyf

En los últimos meses hemos sido testigos de desapariciones forzosas y asesinatos en contra de mujeres.

Habrá muchos que quieran minimizar este fenómeno o desviar la atención del mismo, argumentando, por ejemplo, que en El Salvador mueren más hombres que mujeres y que nadie se escandaliza por ello, como si debiera compararse las motivaciones de estos crímenes o como si la muerte de un ser humano valiera más por ser hombre y menos por ser mujer. Luego, aparecen los que dicen “es que a saber en qué andaban metidas”, “ellas se lo buscan”, “a saber qué le hicieron al marido”, “eso les pasa por putas”, “con esa forma de vestir qué esperan”… como si anduviéramos un letrero en nuestras frentes o espaldas que diga “cógeme, golpéame y mátame”.

Si esa argumentación les parece ofensiva, les cuento, aún hay peores, como la de uno de mis compañeros de trabajo que dice: “los feminicidios no existen”, “eso se lo inventaron todos estos grupitos de gays que buscan justificar su libertinaje”, “eso no es más que una ideología sin fundamento”, “es algo sin importancia”. “Demostrame, me dijo un día, dónde están los peritajes que afirmen que han matado a una mujer por el simple hecho de ser mujer, quiero evidencia científica, yo hablo de datos reales, de ciencia, no de inventos de gente descarriada, sin moral”, etc.

Para todos los que piensan que el término “feminicidio” es un invento o es la versión femenina del homicidio, les cuento: en El Salvador es una definición jurídica, que sirve para tipificar un delito contemplado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). No obstante, antes que un término legal, el feminicidio es un concepto creado en la academia y por investigadores de las ciencias sociales y feminista para señalar las razones específicas, a su sexo y género, por las que una mujer fue o puede ser asesinada.

En este sentido, retomo lo que me motivó a escribir estas líneas y pregunto, ¿deben haber razones y justificaciones para que seamos irrespetadas, golpeadas, desaparecidas, violadas y, en el peor de los casos, asesinadas?

Ahora bien, si de números se trata, según fuentes policiales, en El Salvador del 01 de enero al 16 de mayo se contabilizan 156 feminicidios y los que hemos conocido son de aquellos en los que las profesiones de las víctimas se han impuesto en la agenda pública, como el caso de la agente Ayala, el cual, por cierto, la Fiscalía General de la República a duras penas ha comenzado a girar órdenes de detención contra algunos implicados en la desaparición, pero aún sigue sin esclarecerse el caso, así como tampoco sabemos de más de 100 casos que se encuentran en el anonimato y en los que los medios han destacado información que no abona en nada a esclarecer los móvil sino a desviar la atención del problema.

¿Qué nos pueden decir del caso de Ana Miriam González Flores de 21 años, quien regresaba de interponer una denuncia en contra de su cónyuge, quien la violentaba, ella pidió medidas de seguridad y no las recibió, lo que sí recibió fue varios machetazos, frente a su madre, que le provocaron la muerte instantánea frente a su casa? Y así como este ha habido decenas de casos de los cuales no sabemos porque las autoridades no los han investigado y no han detenido y castigado a los feminicidas, es más, intentan vendernos la idea que el móvil es producto de la violencia común, cuando no es así.

Para ir finalizando, en cuanto a las argumentaciones arcaicas pregunto, o sea, que para que yo o un colectivo exijamos que se garantice nuestra seguridad como ciudadanas debo justificar mi “paranoia”, como dice el compañero de labores, o significa volverme feminazi, negar “las diferencias naturales” que existen entre hombres y mujeres, es atentar contra el orden establecido en el que los hombres tienen derechos distintos a nosotras… o como diría la abogada Bessy Rios: “la impunidad alimenta la continuidad de los casos. Cada vez escuchamos un caso, y otro, y otro más, donde las mujeres son asesinadas a manos de sus compañeros de vida, con lujo de barbarie y frente a los hijos. La falta de depuración en el sistema judicial, donde reinan jueces machistas que se rehúsan a utilizar la LEIV para tratar estos casos, tampoco ayuda. Los magistrados en la Corte Suprema de Justicia que protegen a estos jueces, tampoco ayudan.

La falta de depuración en la FGR, donde fiscales justifican la revictimización de las mujeres, tampoco ayuda. Tampoco ayuda la falta de atención a estos casos debido a la sobrecarga laboral –que existe-, pero lo cierto es que los fiscales los consideran como casos de menor importancia y por ello no les ponen amor.

Tampoco ayuda la falta de depuración en la Policía Nacional Civil, donde los mismos policías matan a sus compañeras de vida con su arma de equipo, donde la llamada “unidad de género” no hace nada o hace muy poco. No se ven los famosos protocolos por ninguna parte, la palabra “depuración” en esas tres instancias, aquí sí, “NO” existe”.

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